Suiza, la UE y la inmigración

La decisión del pueblo suizo de poner coto a la inmigración comunitaria ha encendido todas las alarmas en el seno de la Unión Europea. El referéndum aprobado in extremis el pasado domingo -salió adelante por apenas 9.000 votos de diferencia- implica volver a los cupos de inmigrantes que recibe al año el país helvético, lo que supone de facto que muchos ciudadanos comunitarios tendrán que dejar de ir allí a trabajar.

Puesto en cifras, uno de cada tres francos de riqueza suiza proviene de sus intercambios con la UE. Más allá del ámbito estrictamente comercial, la confederación helvética es el stado con quien Bruselas mantiene una relación más estrecha, con 120 acuerdos bilaterales, entre otros el espacio Schengen de libre circulación, la información estadística de Eurostat, las becas Erasmus o diversos programas de investigación. De los 8 millones de habitantes con que cuenta el país, 1 millón de ellos son ciudadanos comunitarios. Y no parece que con una de las tasas de paro más bajas del mundo -ronda el 4 por ciento- la inmigración sea un problema.

Suiza es un país soberano y como tal ha actuado. Ahora bien, como ha dicho el ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, “si Suiza se aprovecha de los beneficios, también tiene que aceptar los aspectos negativos de su relación con Europa”. La UE es, además, el principal socio comercial de Suiza, siendo destinataria de más del 60 por ciento de sus exportaciones. Demasiados factores como para no reconsiderar una decisión que a quienes más puede perjudicar es a los propios suizos.