Entre el celo sefardita y la secesión catalana (II)

En el caso catalán, la confusión paronomástica entre sucesión y secesión viene de un doble proceso. Los catalanes acostumbran desde la revolución industrial del siglo XIX a ser intermediarios de la investigación, el negocio, comercio, la industria y la política. Se han hecho valer ante el centralismo del Estado con valor y energía propia. Esta actitud se prolongó en el siglo XX con las dictaduras y el intersticio republicano. Al finalizar el período franquista intentaron obtener en las urnas el poder central del Estado y, al no conseguirlo, se enrocaron en el Estatuto autonómico forzando pactos en todas las legislaturas, de un signo y otro. Aprovecharon la debilidad política de los años 2004 al 2011 para reforzar el Estatuto de Autonomía en 2010. Histórica, psicológica y racionalmente, la autonomía es atributo de independencia que otorga la libertad. De ahí a la pretensión política de Estado propio solo hay un paso. La tentación se inspira en los atributos y estilo progresivo que la Constitución Española y el Estatuto confieren a la diversidad reconocida de Cataluña. No debe extrañarnos, pues, el tono enfatizado “de hacer posible la construcción de una sociedad democrática y avanzada, de bienestar y progreso, solidaria con el conjunto de España e incardinada en Europa” (Preámbulo del Estatuto de 2010). De según y cómo se interprete el carácter solidario de autogobierno en el conjunto de gobiernos autónomos de España y la incardinación en Europa dependerá también el futuro del “marco de un Estado que reconoce y respeta la diversidad de identidades de los pueblos de España”, sigue diciendo el Preámbulo del Estatuto.

España se ha metido en un lío constitucional y estatuario léxico, semántico, hermenéutico y metapolítico, ya que la metafísica, según dicen, está muerta, aunque muchos asisten con frecuencia renovada a su entierro. Algunos catalanes significados han roto el “acuerdo” constitucional reconocido en el artículo primero del Estatuto. Y los acuerdos se quiebran de muchos modos. Uno de ellos es actuando de forma contraria a lo estatuido y declararse fuera del marco de Estado. Es lo que hace actualmente la Generalitat de Cataluña. Tal vez haya un consenso tácito para que así sea y forzar, en el límite de la ruptura, una reforma constitucional pactada o unas elecciones autonómicas, tal vez hasta generales, seguramente complejas y esperemos que no convulsas. La radicalización del problema sería un suicidio histórico.

España pierde ritmo y pretende recuperarlo con la economía. Callar bocas con dinero. Es otra artimaña de la técnica de preservación del poder a costa de tergiversar los impulsos manifiestos y latentes de los ciudadanos. De una parte y otra. La mayoría absoluta del Gobierno actual no precisa de pactos con la Generalitat como se hacía tiempo atrás. Esto daña a la imagen soberbia de la práctica y ejercicio del poder político y económico de Cataluña. No reconocen que los tiempos han cambiado y que la solidaridad apalabrada implica otras formas de conducta. El hecho de que se hayan opuesto a la creación de un tren de alta velocidad en Galicia y otras obras de interés común resulta significativo. Temen que gire y cambie el eje de una economía que siempre les ha sonreído, con o sin dictadura.

Esto no encubre, sin embargo, y es la segunda parte del proceso soberanista en curso, la evidente inquietud que la sociedad catalana manifiesta. Intuyen otro modo de hacer política y de integración europea. Tienen convicciones sociales profundas. Sienten que la actividad general española es subsidiaria y carece de iniciativa que compense el bienestar perdido y promueva formas de inversión y realización innovadoras. Esta energía contrapuesta es lo que el Gobierno debe saber encauzar. Y el remedio está en la cultura, comenzando por las lenguas propias, cuya razón y desarrollo histórico es común. El reto es renovar la razón vital comunitaria.

Dicho esto, conviene añadir que a muchos ciudadanos les gustaría comprobar que la Constitución española es verdaderamente recia. Para saberlo, nada mejor que aplicar todos sus artículos cuando sea necesario. Y un capítulo fundamental de esta historia es que se realicen los juicios sobre casos de corrupción en Cataluña. Algunos afectan al fondo de la Generalitat y a cargos suyos significados. Si no fuera así, cualquier otra solución parecería que tiende a evitar los tribunales y a provocar, como dijimos en otros artículos, una amnistía general amparada en el resto de corrupción que afecta e infecta a España. En esto sí que encontramos la raíz común del Estado. Los ciudadanos pagaríamos, una vez más, el coste de la deuda contraída y del dinero esquilmado, que nunca vuelve ni se restituye. Otra burbuja con rostro político.