El PP privatiza la seguridad

El Parlamento era ayer escenario de una acalorada discusión entre las portavoces de PP y del resto de grupos, a propósito de uno de los aspectos más polémicos de la nueva Ley de Seguridad: el que habilita a los vigilantes jurados a que puedan identificar y detener en la vía pública a toda aquella persona que se halle inmersa en la comisión de un delito. En esta ocasión, el verbo “privatizar” que tanto conjuga la izquierda para desgastar al Gobierno es totalmente atinado, por cuanto la iniciativa en cuestión supone dejar de facto la seguridad pública en manos privadas.

La vigilancia de ciertos edificios oficiales está ahora en manos de empresas privadas, lo cual es quizá pueda argumentarse favorablemente, pero no deja de ser paradójico: que el Estado, que se inventó para garantizar la seguridad, confíe la seguridad de sus propias dependencias a empresas privadas, mientras, en otros aspectos, interviene y estatiza multitud de actividades privadas. Ahora, además se da un paso más, de tal modo que empleados de esas empresas privadas llevarán a cabo funciones que son exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que deberían de seguir siéndolo. La nueva Ley de Seguridad que impulsa ahora el Ejecutivo tiene bastantes aciertos, y unos cuantos errores mayúsculos, éste entre ellos.

De aquí a dos meses que entre en vigor, podrá verse a vigilantes privados en las vías y los espacios de uso común de urbanizaciones y polígonos industriales, en “vías y espacios de uso común que se encuentren delimitados” –o lo que es lo mismo, cualquier espacio público-, y también “en todos los eventos al aire libre o no cuyos organizadores reciban la orden” del Ministerio del Interior o de los gobiernos autónomos de que pongan seguridad privada”. Lo que equivale, de facto, a privatizar la seguridad pública.