La Fiscalía investiga a medio Gobierno catalán por "encargar informes a amigos y familiares"

El Parlamento catalán ha debatido en varias ocasiones a lo largo de la legislatura la política de contratación y adjudicación de informes de los tres partidos que forman el Gobierno. La denuncia tanto de la oposición como de, en este caso, el sindicato Manos Limpias, se centra en la presunta contratación por parte de la Generalitat –con dinero público, por tanto- de familiares, amigos y conocidos de dirigentes de PSC, ERC e ICV, con una asignación anual que oscila entre los 12.000 y los 30.000 euros.

Estos nuevos rostros se suman al cuerpo de funcionarios de Cataluña -formado por 150.000 trabajadores- para elaborar informes sobre, por ejemplo, "diversos comportamientos de la almeja". Es ahí donde reside la protesta de la oposición y Manos Limpias, en la no necesidad de contar con más trabajadores públicos ya que las nuevas incorporaciones, muy ligadas al tripartito, se dedican a la elaboración de “informes superfluos” y a ocupar cargos vacíos de contenido.

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha confirmado a EL IMPARCIAL que un equipo jurídico se encargará esta semana de redactar una querella formal, una vez admitida a trámite la denuncia por parte de la Fiscalía del TSJC. Manos Limpias imputa a estos integrantes del Gobierno catalán los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.

No obstante, Bernad no las tiene todas consigo y desconfía del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien, según el secretario general del sindicato, “ha llamado a las fiscalías de Cataluña o el País Vasco en otras ocasiones para que el Ministerio Público retire la acusación, como finalmente sucedería”.

Bernad ha reconocido a este periódico que, “para evitar presiones en Cataluña, hemos contratado a un equipo de abogados madrileños. En otros casos, ningún letrado catalán se ha prestado a trabajar con nosotros”, como en la polémica del “3 por ciento de CiU”, en la que se acusó al por entonces Gobierno autonómico de cobrar ese porcentaje en comisiones de todas las obras públicas.