En Francia aún siguen perplejos por la detención provisional de Sarkozy, quien pasó 15 horas declarando en la Dirección General de la Policía Judicial en Nanterre, después de lo cual fue imputado por corrupción activa, tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción. Algunos, es verdad, sobre todo sus adversarios políticos, es muy probable que desearan en secreto que el ex presidente pasara también la noche allí. Sin embargo, Sarkozy pudo regresar a dormir a casa y hoy ya se le ha visto, de manera fugaz y, por supuesto, sin hacer declaraciones, dirigirse en automóvil a su despacho. Trabajo tiene, desde luego. Se enfrenta a cargos muy graves, a pesar de que desde su partido se hayan apresurado a asegurar que se trata de una maniobra política, un maléfico complot en toda regla para impedir que Sarkozy vuelva a presentarse a las próximas elecciones, en 2017.
Sea como fuere, y dada la excepcionalidad de la medida, aplicada por primera vez en relación a un ex presidente de la Quinta República, parece algo pueril creer que los responsables de interrogar a Sarkozy en la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción, no – perdónenme la expresión – se la cogieran antes con papel de fumar. De hecho, la investigación viene de largo, y desde el lunes pasado, es decir, un día antes de que Sarkozy acudiera “por su propio pie” – algo que parece más una pequeña deferencia con el ex alto mandatario –, se encontraban en las mismas dependencias su abogado, Thierry Herzog, y el otro hombre finalmente imputado, el juez Gilbert Azibert. Los tres, hoy, ya están en la calle. Cada uno con su correspondiente imputación en el bolsillo, puede que aún sin haberse recuperado por completo de lo que acaban de pasar. Pero, eso sí, seguro que preparando ya su defensa. Un político, un abogado y un juez: no es el principio de un chiste ni de una novela negra, sino los tres vértices de un presunto triángulo cuya misión era la de – les pido de nuevo disculpas por la siguiente expresión – salvar el culo judicial al anterior morador del Elíseo. De manera que, como ocurre muchas veces, puede haber sido peor el remedio que la enfermedad.
Todo el affaire de las escuchas que ahora señalan con dedo acusador a los referidos imputados arrancó hace más de dos años, como consecuencia de la posible financiación ilegal de la campaña electoral de Nicolás Sarkozy. Casos como el de la millonaria propietaria de la mítica firma L’Oreal, a quien cuya hija pretendía incapacitar alegando una demencia senil de la que podrían estar aprovechándose diversos cuervos, pusieron en el disparadero al ex mandatario galo, quien tuvo que acudir como testigo asistido al correspondiente proceso que, más tarde, sin embargo, fue archivado. No era, en todo caso, el único proceso judicial al que se enfrentaba. Se habla de, al menos, media docena de sumarios abiertos, de los que Sarkozy, presuntamente, quería estar siempre bien informado: quienes los llevaban, qué andaban investigando, hasta qué punto y en qué dirección habían avanzado. Ese fue su error. Presunto, no se olviden. También, el de creerse más listo o más poderoso que sus “perseguidores”. Porque igual que él quería contar con la fuerza que otorga eso de saber todo lo que no deberías saber, el instructor quiso, a su vez, estar informado de lo que Sarkozy hablaba con su abogado. A la policía no le costó demasiado pinchar el móvil clandestino que el ex presidente utilizaba bajo la falsa identidad de Paul Bismuth, un antiguo compañero de instituto de Herzog residente en Israel, a quien, por otra parte, ahora – según informaba Le Canard Enchainé –, parece que están presionando desde el círculo de Sarkozy para que desista de su idea inicial de denunciar al ex mandatario galo por suplantación de personalidad. Lo que le faltaba.
A partir de ese pinchazo, literal y metafórico, quienes escuchaban pudieron tirar del hilo, o del papel de fumar, que permitía imputar no sólo a Sarkozy y a su abogado – no olvidemos que será parte de la defensa alegar la ilegalidad de escuchar las conversaciones entre cliente y abogado –, sino también al juez de la sala de lo Civil del Supremo Gilbert Azibert, a quien se acusa, entre otras cosas, de haber presionado a tres colegas que debían validar las agendas del ex presidente, a cambio de un puesto administrativo en el tranquilo y glamuroso Principado de Mónaco. Se asegura que las siete conversaciones transcritas por la policía entre el 28 de enero y el 11 de febrero pasados, muestran que Sarkozy y su abogado organizaron una red que les permitía saber de antemano a lo que habrían de enfrentarse y, a continuación, actuar o, si prefieren, influenciar, para que el viento soplase de su parte. Pero, como siempre, todo tendrá que ser probado. También las actuaciones de estos tres personajes, político, abogado y juez, a quienes no me puedo resistir a definir según los términos del Diccionario del diablo, de Ambrose Brice.
Político: Anguila que mora en el lodo sobre el que se erige la superestructura de la sociedad organizada. Cuando se remueve confunde la agitación de su cola con el temblor del edificio. Si se le compara con el gran estadista tiene la desventaja de estar todavía vivo.
Abogado: Persona que tiene legalmente el derecho de desarreglar los asuntos de quienes no tienen la habilidad para fastidiarlos por sí solos.
Y
Juez: Persona que se dedica a inmiscuirse en disputas en las que no tiene ningún interés personal. Funcionario cuyos deberes se parecen mucho a los de Dios. Sin embargo, este último no tiene el menor temor de castigar a Chris Buckley (poderoso político de San Francisco conocido por sus pocos escrúpulos) por desacato al tribunal y el primero no ha tenido resultados reseñables como héroe de los juramentos populares.
Un genio, Ambrose Brice. Tenía muchas cosas claras ya en 1906, fecha de publicación de su satírico diccionario. Una lástima no poder contar ahora con él.