Abuso de poder

En el año 2013, la Guardia Civil impuso 4.020.262 multas, a las que hay que sumar las sanciones que en Cataluña y País Vasco dictaron los Mossos y la Ertzaintza, de las que no disponemos de datos concretos, pero, sin duda, la cifra total se situará en torno a los seis millones de infracciones de tráfico en vías interurbanas y en carreteras, a las que, a su vez, habría que adicionar las de los Agentes de la Policía Local de los ocho mil Ayuntamientos españoles. Así pues, a ojos gruesos, cada español mayor de edad recibe al menos una multa y media por año, lo que en términos recaudatorios se traduce, con toda seguridad, en más de cuatrocientos millones de euros por cada ejercicio.

La Administración insiste en la función preventiva y aleccionadora, pero disfruta con la represiva y aún más con la recaudatoria, pues sus voraces fauces son insaciables. Y además, para instar al pronto y silente pago, ofrece la rebaja del cincuenta por ciento si se abona de inmediato renunciando a recurrir. Si a ello le unimos la gallardoniana tasa judicial lo que ocurre es que el conductor paga sin rechistar. ¡Objetivo conseguido!

Para alcanzar tan magno resultado cabe incluso el abuso de poder. Y voy a ejemplificarlo.

Suponga usted que emplea una parte de su descanso del fin de semana en ir a cenar o a un concierto a un local de las afueras de su ciudad y regrese a su domicilio, por ejemplo, a las 2 de la mañana. Suponga, además, que ha cuidado su ingesta alcohólica o que ha pactado con un amigo abstemio que sea el conductor. Suponga, en fin, que cuando regresa a casa e intenta acceder a la autovía se encuentra con las distintas entradas cerradas con conos fluorescentes y que es llevado inexorablemente a la vía de servicio sin escape.

Imagine que a unos centenares de metros se encuentra, a las 2 y media de la mañana, con una monumental fila de vehículos, unos doscientos, que avanzan a lentitud propia de galápago ecuatoriano y que, como a Sabina, se le hacen las 3 y las 3,15 y las 3,30… Y que ello se debe a que un destacamento de la Benemérita, con la parsimonia funcionarial característica, está realizando un control de alcoholemia obligando a soplar por el tubito a todos (subrayo, a todos) los conductores indiscriminadamente, sin que presenten indicio alguno.

La libertad de movimiento, constitucionalmente garantizada, se convierte en un pronunciamiento irrisorio porque el abusador de poder ha decidido convertir en sospechosos a todos los conductores, por el hecho de volver a casa en horario raro. Es un atropello, un acto del Príncipe coaccionador, que sobrevive en una sociedad hedonista que ha renunciado a rebelarse y que soporta el uso de la fuerza y la limitación de las libertades más básicas. Quizás la respuesta es que debemos quedarnos en casa y así no gastar.