Más se suma a Ibarreche

CiU ha decidido seguir el ejemplo de Ibarreche y ha presentado una ponencia política en la que, bajo el título “La aportación del CDC a la refundación del catalanismo”, plantea una hoja de ruta para la consecución del “derecho a decidir de los catalanes”. El “derecho a decidir” es una idea ambigua, que se aprovecha de las connotaciones positivas de los conceptos que la conforman, pero que se escuda, precisamente, en la inconsistencia e indeterminación que la rodea. ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Quiénes se pueden considerar “vascos” o “catalanes” en el sentido al que se refieren tanto Ibarreche como Artur Más y, por lo tanto, pueden ejercer su “derecho” a “decidir”? ¿Quiénes estén empadronados en Cataluña o el País Vasco? ¿O bien, quiénes demuestren un pedigree étnico adecuado? Y, ¿votarán los exiliados por el totalitarismo euko-nazi?

Eso sin contar con lo más importante; a saber: que, por más hojas de ruta que “diseñen” los dos políticos nacionalistas, para llevar a cabo el tipo de referéndum que ambos exigen, es necesaria una reforma constitucional previa. Tal y como está diseñada la actual Carta Magna, la soberanía reside en todo el pueblo español, con mayúscula, entendiéndose que el territorio -así como los deberes y los derechos que tenemos como ciudadanos- es de todos y cada uno de los españoles por igual. Es decir, en el caso de que se aceptara llevar a trámite un referéndum sobre el “futuro” de Euskadi o Cataluña tendría el mismo peso el voto de un extremeño que el de un vasco. La soberanía no va de territorios, sino del conjunto de los españoles, ciudadanos libres e iguales. Todos, pues, deberíamos ser convocados a un hipotético referéndum de esa naturaleza. En Canadá, por cierto, hay un ruling del Tribunal Supremo en ese sentido y muy ilustrativo al respecto.

El objeto de la reivindicación machacona de la consigna del “derecho a decidir” es que ésta acabe calando en la sociedad como una necesidad real, cuando lo cierto es que se trata de una idea que parte de arriba abajo. De hecho, los partidos nacionalistas prefieren hacer oídos sordos a las auténticas necesidades de las sociedades a las que gobiernan y focalizar todas sus energías en la consecución de un ideal que sólo les interesa a ellos. Las urnas hablan claro. El índice de participación del Estatut estuvo por debajo del 30 por ciento, mientras que los votos del PNV han ido en bajada constante desde que Ibarreche inició su periplo pro “derecho a decidir”. Así pues, en este pleito, no son las masas las que se rebelan, sino las élites -políticos profesionales ávidos de alimentar su poder. Sin embargo, y a pesar que una mayoría aplastante de los ciudadanos españoles, incluyendo vascos y catalanes, se encuentra firme y confortablemente instalada en la letra y en el espíritu del Título 1º de nuestra Constitución, es evidente que hay un intento de confederalizar el país, cambiando ciudadanos por territorios y que ese planteamiento cuenta con apoyos contundentes -por más que inconfesados- en sectores tan influyentes como próximos al señor Zapatero. La iniciativa confederal es perfectamente legítima pero lleva su trámite: el que votemos todos. El truco de colárnoslo de matute, por la puerta de atrás de los estatutos, terminará mal. Porque no es democrático.