Zhou Yongkang: en China ya no caen solo las "moscas".

Consciente de que no hay que marcharse demasiado lejos para encontrar escandalosos casos de corrupción política en los que aparecen pringados miembros de la familia del cargo público en cuestión, llama, sin embargo, la atención que en un país del corte de China se esté purgando el aparato a base de investigar – arma de propaganda o no - a quienes nunca creyeron que pudieran verse ni siquiera cuestionados por sus actos. El pasado martes, la agencia oficial de noticias Xinhua servía al Comité Central del Partido Comunista Chino para anunciar en un escueto comunicado que se había tomado la decisión de investigar a Zhou Yongkang, ex jefe de los servicios de seguridad de la potencia asiática, por “serias violaciones de disciplina”, eufemismo que dicho partido gusta de utilizar para referirse a los delitos de corrupción, esos de toda la vida. Acababa de caer uno de los hombres que más poder había llegado a acumular en el gigante asiático, y el miércoles por la mañana los quioscos exhibían, con aparente algarabía de los lectores, las portadas de los diarios oficiales con una noticia que no por esperada dejaba de sorprender dentro y fuera del país.

Algunos de esos periódicos, además, utilizaban para ilustrar sus portadas la imagen de un tigre enjaulado, enfatizando así la lucha contra la corrupción prometida por el presidente Xi Jinping. A su llegada a la dirección del PCCh, Jinping anunció que en esa batalla contra los corruptos se investigaría no sólo a las “moscas”, funcionarios de nivel medio o bajo, sino también a los “tigres”, es decir, a los altos cargos. Sin excepción. Y, sin duda, uno de los más altos fue durante décadas Zhou Yongkang. De hecho, se le había bautizado como el “gran tigre”, porque, aparte del mencionado puesto como ministro de Seguridad Pública entre 2002 y 2007, fue también, de 2007 a 2012, miembro del Comité Permanente del PCCh, ese reducido grupo de siete personas – incluidos el presidente y el primer ministro – que toma todas las decisiones de relevancia en China. Emparentado con el ex presidente Jiang Zemin, Yongkang había logrado ascender hasta la mismísima cúspide del poder, una especie de limbo que hasta ahora salvaguardaba a los “elegidos” de cualquier acción judicial, gracias a una inmunidad absoluta.

Sin embargo, aunque al final la anunciada investigación tenga, como algunos piensan, un trasfondo de lucha de poder entre las distintas facciones del hermético partido comunista chino, lo cierto es que para “el gran tigre”, también conocido como el “zar de la seguridad”, ha llegado la hora de defenderse y demostrar – si puede – que no utilizó su cargo para enriquecerse sin medida – hay que lo codiciosos que suelen volverse los corruptos - o para manejar impunemente los hilos a su antojo. No será tarea fácil. En primer lugar, por las evidentes dudas de transparencia que plantean normalmente los juicios en aquel país y, en segundo, porque, antes de hacerse pública la investigación que le afecta a él directamente, ya habían sido arrestados su hermano, su esposa, su hijo y su nuera. No solo ellos: fuera de la familia, varios funcionarios y dirigentes provinciales cercanos a él habían corrido la misma suerte. Igual que si se estuviese cerrando el círculo hasta atrapar en la red a quien había asentado su carrera política en la industria petrolera, donde fue escalando puestos hasta convertirse en jefazo supremo de la China National Petroleum Corporation, una de las empresas más rentables del gigante asiático con el monopolio de la producción y venta de petróleo y de gas.

Y es que siempre se deja al pez gordo para el final. Aunque en este caso, el final ya fuera bastante predecible. De hecho, desde hacía meses se especulaba, incluso, con que Yongkang se encontrara bajo arresto domiciliario después de verse arrastrado por la escandalosa caída en desgracia y posterior condena a cadena perpetua del hombre que parecía destinado a convertirse en su sucesor: Bo Xilai. Aquello sí que fue un culebrón al que los chinos no estaban acostumbrados. No porque allí no ocurran - el género folletinesco es universal -, sino porque, por primera vez, la prensa lo contaba – mejor dicho, contaba lo que le dejaban contar y con eso ya había suficiente para escandalizar a cualquiera – y, también por primera vez, porque el juicio tuvo un nivel de transparencia sin precedentes en China. Es cierto que los periodistas extranjeros no fueron autorizados para entrar en la sala, pero las transcripciones – con total seguridad editadas convenientemente – fueron difundidas a través de la cuenta del Twitter chino, Weibo, del propio tribunal.

El caso es que Bo Xilai, figura política emergente, no logró salir a flote del naufragio en el que le había hundido su propia esposa. Intentó hacerlo, por supuesto, pero las pruebas en su contra acabaron por inclinar la balanza y, finalmente, fue declarado culpable de aceptar 20 millones de yuanes – aproximadamente 2 millones y medio de euros – en sobornos, malversar cinco millones de yuanes y abusar de su poder en relación con el asesinato del empresario británico Neil Heywood, antiguo amigo de la familia, a manos de su esposa, Gu Kailai. Ella fue condenada en 2012 a pena de muerte con dos años de suspensión, lo que equivale en realidad a cadena perpetua, pero en el juicio se abrió – como suele ocurrir en todos los juicios – la maldita caja de Pandora mostrando que allí dentro no sólo había munición para meter entre rejas a la familia Xilai. En el juicio contra el delfín de Yongkang, la fiscalía aseguró que el político se había valido de su cargo para encubrir el crimen, aunque él “solo” admitió que “había tomado algunas decisiones erróneas que habían avergonzado a su país”.

Con ello – viva el síndrome del eufemismo – Xilai se refería a la rocambolesca fuga protagonizada por el jefe de policía de Chongquing, Wang Lijun, quien, al parecer, no tuvo más escapatoria que refugiarse en el consulado de Estados Unidos, ya que, según dijo, tenía miedo de ser asesinado por agentes de Xilai después de haberle comunicado que podía probar que su mujer había envenenado a Heywood con cianuro. Y claro que podía hacerlo, porque fue él, junto a otros tres policías, quien se encargó de falsificar grabaciones, ocultar evidencias y encubrir, en definitiva, el hecho de que Gu había estado en la escena de un crimen que quisieron hacer pasar por sobredosis, suicidio o infarto provocado por ingesta de alcohol mezclado con barbitúricos. Conclusión: cadena perpetua para el carismático político. Se cerraba así el proceso judicial con mayor trascendencia política y pública que ha vivido la potencia china desde la caída de la esposa de Mao Zedong y la llamada “banda de los cuatro” al final de la Revolución Cultural en los años 70. Al menos, hasta que se celebre el que ahora amenaza a Yongkang y se compruebe que eso de la intolerancia cero contra la corrupción, anunciada a bombo y platillo por Xi Jinping, no es, únicamente, una forma de propaganda política. Otra más.