Las claves del bloqueo del TC

Hasta hoy, de los 12 magistrados que componían la sala, 6 eran conservadores y otros 6 progresistas, pero este equilibrio de fuerzas ha quedado hoy roto tras el fallecimiento de Roberto García-Calvo. El Gobierno se sacó de la manga en 2007 la conocida como "Enmienda Casas" para blindar a la presidenta en el cargo ante posibles intentos de sustituirla (su voto de calidad desbloquea empates técnicos) y el PP presentó un recurso a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

Además, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, también magistrado conservador del TC, enviaron una carta a la presidenta del Constitucional, Emilia Casas, en julio de 2007 en la que expresaron su «más profunda discrepancia» con el artículo de la reforma legal que permitía la prórroga de su mandato hasta que se produjese la renovación parlamentaria del tribunal. La misiva reclamaba la convocatoria de un pleno para exigir a la presidenta y al vicepresidente su dimisión pese al cambio legislativo. El pleno se celebró pero el resto de magistrados (diez) se negó a tomar en consideración el asunto para no contaminarse ante la posible presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del PP, que, de hecho, presentó unos días después.

Recusado junto a Rodríguez-Zapata

El 19 de octubre el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, recusó a los dos magistrados en el proceso del recurso del PP contra la LOTC por considerarlos "contaminados" en este asunto. El recurso del PP cuestionaba dos asuntos que incluyen esta norma: la "Enmienda Casas", introducida para blindar a la presidenta, María Emilia Casas, de un previsible intento de sustituirla al frente del Tribunal, y la elección por las comunidades autónomas de los candidatos entre los que el Senado debe escoger a los cuatro magistrados constitucionales que le corresponden.
El pleno quedaría reducido a ocho magistrados, los progresistas contarían con cinco votos mientras que los conservadores tendrían tres. La recusación fue admitida a trámite el 3 de diciembre 2007 y aprobada por el pleno del Constitucional el 12 de marzo de 2008. Así, tanto García-Calvo como Rodríguez-Zapata quedaron apartados del recurso del PP.

Bloqueo y lucha de fuerzas en el TC

Sin embargo, el 26 de octubre el PP también recusó a tres magistrados, Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala.
El PP basó las recusaciones en una información publicada un día antes por el diario El Mundo (25 de octubre), según la cual los magistrados se pronunciaron a favor de la reforma de la Ley Orgánica del Constitucional (LOTC), que prorrogó el mandato de la presidenta María Emilia Casas, en una reunión convocada por ésta el 12 de junio. La recusación fue rechazada el 27 de noviembre.
El 4 de diciembre de 2007 el Senado suspendió el plazo dado a las Comunidades Autónomas para la presentación de candidaturas a miembros del Tribunal, lo que significa que no elegiría a los magistrados del Constitucional que le correspondían hasta la actual legislatura y, más concretamente, a partir de la nueva composición de las Cortes.

A partir del 17 de diciembre de 2007 cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional entraron en funciones, al cumplirse sus mandatos sin perspectivas de renovación hasta las próximas elecciones generales.
Se trataba de la presidenta, María Emilia Casas; del vicepresidente, Guillermo Jiménez; y de Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, todos ellos designados por el Senado, si bien los tres primeros lo fueron en diciembre de 1998 y el último en diciembre de 2002 en sustitución de Fernando Garrido Falla, que renunció por motivos de salud.
Menos Casas, adscrita al llamado "sector progresista" del Constitucional, los otros tres magistrados son miembros del considerado "sector conservador", por lo que la renovación del Tribunal, al menos en teoría, debería romper el actual equilibrio de fuerzas entre ambas corrientes en favor de la primera, dado el actual reparto de fuerzas en la Cámara Alta.

El TC, clave en asuntos polémicos

El Alto Tribunal tiene sobre la mesa los recursos interpuestos contra tres Estatutos -los de Cataluña, Andalucía y Aragón-, pero también las impugnaciones del Partido Popular a la mayoría de las grandes leyes aprobadas por el Gobierno socialista durante esta legislatura, como la de Igualdad o la que regula los matrimonios homosexuales.
Además, el Constitucional debe resolver también el recurso del PP contra la reforma de la LOTC, que ha tenido enredados a los miembros del pleno en una cadena de abstenciones y de recusaciones que a punto ha estado de dejar al Alto Tribunal sin el "quorum mínimo" para tomar decisiones.