Cuando todavía tiene el complicado frente abierto de las negociaciones con las FARC en La Habana, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha anunciado una reforma política vendida como algo imprescindible y perentorio. No parece, sin embargo, que esto sea realmente así, sobre todo teniendo en cuenta que se ha puesto sobre la mesa con precipitación, sin un suficiente consenso con todas las fuerzas políticas, ya que es de hondo calado, y que no pocos de sus puntos capitales encierran un trasfondo espinoso.
Uno de los primeros aspectos que plantea es eliminar la reelección a la Presidencia. En un principio, Santos había apostado porque estuviera acompañado de ampliar el mandato a cinco o seis años. Ha rectificado y se quedaría en los cuatro actuales. Rectificación que es positiva. Ahora bien, la eliminación absoluta de la reelección, incluso de forma discontinua, parece tener en este caso, con independencia de sus pros y sus contras, un componente de carácter personal, a la vez que resulta curioso que si Santos considera que lo perfecto es un solo mandato no lo propusiera ya en el primero que tuvo.
Ese componente personal estaría en relación con el agrio enfrentamiento entre Santos y el expresidente Álvaro Uribe, que fue quien realizó la reforma para posibilitar la reelección, y que se intensificó en las últimas y muy reñidas elecciones. Aunque finalmente ganadas por Santos, hubo que ir a una segunda vuelta, pues Óscar Iván Zuluaga, candidato del partido de Uribe, el Centro Democrático, le fue pisando los talones al actual inquilino de la Casa Nariño y se ha convertido en una alternativa. El Centro Democrático y Uribe cuentan con el beneplácito de millones de colombianos que recuerdan los éxitos de su Política de Seguridad Democrática en la lucha contra las FARC y que recelan de las conversaciones con la guerrilla porque aunque quieren la paz para su país no la desean a cualquier precio. Se da la circunstancia de que en estos momentos se aborda uno de sus temas más sensibles como es la reparación a las víctimas.
Precisamente otra de las cuestiones principales de la reforma estaría en conexión con las negociaciones en La Habana, facilitando la participación de las FARC en la política. Se aboga por un cambio en las elecciones al Senado, para que una parte de los senadores sean elegidos en circunscripciones territoriales cuya población sea inferior a 500.000 habitantes y el número restante en la circunscripción nacional. El propio Santos ha señalado que piensa en lo que vendría si se firma la paz con los guerrilleros.
La reforma ha sido presentada pomposamente por Santos como un “restablecimiento del equilibrio de poderes”. Pero no parece que vaya en esa dirección otro de sus contenidos más destacados, como es modificar la manera en que se elige al Procurador General, responsable de un órgano de control autónomo, que actúa en nombre de la sociedad civil, y que investiga, sanciona, interviene y previene las irregularidades cometidas por los gobernantes, los funcionarios públicos y las agencias del Estado. La idea de Santos es que esa figura se elija entre una terna enviada por el presidente. Es obvio, como ya han señalado muchos parlamentarios, que se pretende hacer una Procuraduría General a la medida de la Presidencia.
Por otro lado, Santos quiere descartar el llamado “voto preferente” que permite a los ciudadanos seleccionar de una lista a quienes quieren votar. Santos defiende la supresión de las listas abiertas para fortalecer a los partidos, pues ha apuntado que su fortaleza garantiza la de la propia democracia. Discutible argumento, ya que si bien es cierto que son indispensables formaciones políticas sólidas, de ahí a la partitocracia, muy cuestionada por numerosísimos ciudadanos, media un abismo.
A la reforma planteada por Santos le aguardan varios debates en el Congreso. Sería más que conveniente que se llevaran a cabo sin aceleraciones y que el mandatario colombiano no desoyera las propuestas de la oposición.
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