Alcaldes de mayorías

Cuando se quiere combatir al sentido común, el sensus communis cantado filosóficamente por Shaftesbury, sólo se puede recurrir a sutiles sofismas. Ya lo dijo nuestro Donoso Cortés: “Primero vienen los sofistas, en seguida los verdugos”. Al PSOE le está siendo muy difícil atacar la ley que el Gobierno de España quiere promulgar para que gobiernen en los pueblos y ciudades de España los alcaldes más votados. Esta finalidad sería una perogrullada si las abstrusidades políticas de algunos partidos – que miran más por sus intereses que por el sincero respeto al método de tomar decisiones en una Democracia – no la intentaran ensombrecer y complicar con mil falsos galimatías. Quienes atacan la Ley sólo buscan el interés del Partido, y el impulso del interés personal en pugna manifiesta con el bien público; y no el bien común y el triunfo de la mayoría.

El PSOE, que en su día propuso en su Programa Electoral, la elección directa de los alcaldes por el pueblo elector, ahora se abraza a una excusa temporal para rechazar la Ley de Rajoy: no se puede promulgar una ley electoral antes de unas elecciones que se celebrarán dentro de nueve meses (¡!). Según esta teoría de los adecuados tiempos – que recuerdan los kairoì de los estoicos – el último año de unas elecciones distintas a las Elecciones Generales no se podría legislar, y con mayor razón en el último año de la Legislatura, con lo que el Ejecutivo y el Legislativo sólo cumplirían con su función constitucional dos de cada cuatro años. Pero la aberración no puede continuar. No pueden seguir existiendo pueblos con 21 o 25 concejales cuyo alcalde sea de la formación que obtuvo un solo concejal.

En la actualidad 462 Ayuntamientos, algunos de ellos muy importantes, tienen como alcalde, como máximo representante del pueblo o ciudad, personas que no han sido las más votadas por sus conciudadanos, y que si son alcaldes, lo son sólo por los pactos de partidos minoritarios perpetrados a espaldas de la ciudadanía y los vecinos.

Desde que Oliveira Salazar tranformase el mapa electoral portugués, con su “Estado Nuevo” de los Años 30, cambiando la fórmula “un hombre, un voto”, por “una familia, un voto”, no se habían visto tantas delirantes teorías electorales – junto a una buena dosis de pervicacia política – como torpes expresiones críticas al sentido común que fundamenta y alienta la Ley electoral de municipios propuesta por el Presidente Rajoy.

Si existe alguna figura política esencialmente democrática, por representar a la población de un modo casi visible y palpable y por su cercanía física, aparte de simbolizar el ideal de la libertad política, ésa es la figura del alcalde. Es por ello que debemos subrayar su grandeza democrática con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, mostrándola de forma directa y no a través de los contubernios partidistas. Su importancia se hace evidente hasta en las antiguas Cortes medievales, y llega hasta las Cortes orgánicas de Franco. La tercera parte de las Cortes se formaba por los representantes de las Administraciones locales. Los Alcaldes de las 50 capitales de provincia, más las dos ciudades de Ceuta y Melilla, más otro representantes (electivo) en cada provincia, en representación de los demás municipios de la misma; más un representante por cada Diputación provincial; con lo que cada provincia española disponía, al menos, de tres representantes en Cortes egresados del poder municipal.

La Edad Media española, como la de los demás países del Occidente europeo, vio un enorme desarrollo de los municipios, es decir, de esa forma de comunidad que a partir del siglo X va a levantarse contra el predominio feudal y campesino, y detrás de sus murallas y en torno a la torre del Concejo y al rollo del Rey, símbolo de la paz y de la justicia, va a levantarse un ideal de libertad que parece volver a la eterna Roma republicana. La política municipal se configurará como la madre de la Democracia moderna y, por ende, fortalecer la figura del alcalde con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, y no con el sistema feudal de los pactos de partido, es robustecer los ideales democráticos. Los burgos, las villas, las ciudades, tendrán sus muros, sus iglesias, sus mercados, su plaza mayor; tendrán sus gremios y oficios, agrupados por calles (Herradores, Bordadores, Cuchilleros); tendrán, sobre todo, su fuero, su carta puebla, concedida por el Rey generalmente, que les reconoce sus privilegios, sus libertades civiles y políticas, y su modo de administrar y hacer justicia. De su colaboración moderna con el Rey emergerá el Estado moderno, frente al feudalismo y los poderosos, el mayor peligro del ideal de la igualdad ante la ley; y a su vez, al lado de la Administración central, que unifica desde la Corte, tendremos los orígenes de la actual Administración local, que constituye una verdadera mónada democrática. Prestigiar la figura política del alcalde es, por tanto, prestigiar los ideales más básicos de la Democracia.