El Govern ha presentado este miércoles dos recursos al Tribunal Constitucional (TC) en los que solicita el "inmediato levantamiento" de la suspensión de la ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9 de noviembre, y donde alega que esta decisión no generaría "perjuicios" ni situaciones "irreversibles".
El Govern de Artur Mas responde así a la suspensión cautelar de la ley de consultas y al decreto de convocatoria del 9 de noviembre que el TC dictaminó el lunes a petición del Gobierno.
Con estos recursos, la Generalitat se persona hoy para intentar abortar la suspensión cautelar, mientras sus abogados preparan las alegaciones que se presentarán en las próximas semanas para que el TC las tenga en cuenta cuando analice el fondo de la ley catalana de consultas y del decreto de convocatoria del 9N.
En los recursos presentados hoy, el Govern solicita el "inmediato levantamiento de la suspensión de los preceptos legales impugnados", así como la de los "actos y resoluciones" que se hayan podido dictar en su aplicación, para que éstos "recuperen su plena eficacia y aplicación y puedan dar cobertura legal a la consulta sobre el futuro político de Cataluña".
El Govern argumenta que el TC puede acordar el "levantamiento inmediato" de la suspensión "atendiendo a la presunción de legitimidad de las leyes y a la ponderación de los intereses perjudicados por la suspensión" y, en este sentido, remarca que está suspendida una ley del Parlament que tiene "conexión directa con la voluntad popular", lo que puede producir "perjuicios muy graves e irreparables para el interés general".
En cambio, para el Ejecutivo de Artur Mas, el levantamiento de las suspensiones cautelares del TC no produciría "perjuicios ni situaciones consolidadas e irreversibles" porque la ley catalana recurrida "no tiene carácter vinculante ni eficacia jurídica" en cuanto a los resultados de las consultas.
En los recursos, el Govern incide en que las consultas desplegadas por la ley catalana sirven para recoger la "manifestación de la opinión o posición política" de la ciudadanía, pero que "en ningún caso es asimilable a una votación electoral o a un referéndum".
Y en los textos se alude a la sentencia del TC sobre la declaración de soberanía del Parlament en la que, en su opinión, se da "legitimidad al derecho a decidir" como "libre manifestación de las aspiraciones políticas a las que sólo se puede llegar a través de un proceso ajustado a la legalidad constitucional".
Los letrados de la Generalitat advierten de que el mantenimiento de la suspensión de la ley de consultas y del decreto dejaría sin curso legal la expresión de las opiniones y las aspiraciones políticas de la ciudadanía.
"Esto determinaría no sólo un perjuicio para las instituciones de la Generalitat y los entes locales de Cataluña, que no tendrían este instrumento de participación", sino asimismo "un perjuicio manifiesto también para la ciudadanía de Cataluña, que no tendría este vehículo de expresión", recalcan.
Además, la Generalitat avisa de que el mantenimiento de las suspensiones llevaría a las instituciones catalanas a funcionar en "el sentido contrario a la mejora de la democracia", lo que supondría un perjuicio de "carácter irreversible y no reparable".
El Govern defiende que, con la ley de consultas no refrendarias, "se da cumplimiento al mandato del artículo 9.2 de la Constitución de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos" sean "reales y efectivas", y de "facilitar" la participación ciudadana en la vida política.
Asimismo, los letrados argumentan que la ley está "en coherencia" con el objetivo fijado en el preámbulo de la Constitución de establecer una sociedad "democrática y avanzada".
La Generalitat defiende que las consultas contribuyen a la "protección de derechos individuales como la libertad ideológica y la libertad de opinión, y más cuando se trata de consultas jurídicamente no vinculantes".
En este línea, la ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9N "sirven a una finalidad de reforzar las instituciones democráticas con instrumentos de participación ciudadanos que vinculen la expresión de su opinión política, de modo que pueda ser conocida y recogida por sus representantes para, en su caso, emprender las iniciativas legislativas por los procedimientos constitucionalmente previstos".
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