Un alto funcionario del Banco de España me decía ayer: “Se ha descubierto...
Un alto funcionario del Banco de España me decía ayer: “Se ha descubierto la punta del iceberg”. Las empresas privadas pueden dotar a sus directivos de tarjetas de crédito, tal y como les plazca, con la sola obligación por parte de los beneficiarios de declarar a Hacienda lo que la fiscalidad exige.
Otra cosa son las tarjetas de crédito que se pagan total o parcialmente con dinero público, las que se otorgan a dirigentes de las cuatro Administraciones, la central, la autonómica, la provincial y la municipal; empresas públicas, partidos políticos y centrales sindicales, subvencionados a 90% con el dinero de los contribuyentes; entidades financieras, en fin, respaldadas por el Estado.
Rajoy pensó suspender las tarjetas Visa a altos cargos, pero su proyecto quedó paralizado el año 2013. Varios equipos periodísticos de investigación están escudriñando sobre el dinero gastado por los altos cargos de las Administraciones y las empresas públicas, también de partidos políticos y sindicatos, a través de las tarjetas de crédito. Las cifras pueden resultar descomunales. No habrá investigación parlamentaria sobre este asunto. Salvo, tal vez, Podemos, todos los grupos callarán como mudos ante las presuntas tropelías cometidas en la Administración por medio de las tarjetas de crédito.
Lo descubierto en Bankia es una parte menor de lo que ha venido ocurriendo en España en los últimos años. El grueso del iceberg está bajo el agua, bien escondido. Si alguien acierta a denunciar, con cifras y datos, lo ocurrido, el escándalo de Bankia se multiplicará por mil.
