La Guardia Civil ha detenido a otros dos intermediarios.
La Fiscalía Anticorrupción prevé pedir este jueves prisión incondicional para el exdirigente del PP Francisco Granados y los supuestos cerebros de la trama de corrupción que ha sido desarticulada en la Operación Púnica, aunque no descarta por completo solicitar prisión provisional con una importante fianza.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el planteamiento inicial del ministerio público con los principales acusados es pedir contra ellos la medida cautelar más grave debido a su mayor implicación en los hechos, aunque la decisión definitiva dependerá del transcurso de la declaración judicial.
Durante la jornada de ayer, en la que comenzaron a declarar los acusados, la fiscal anticorrupción acudió con la intención inicial de pedir fianzas para los principales alcaldes detenidos en la operación y, finalmente, así lo hizo.
De hecho, el juez Eloy Velasco decretó anoche prisión eludible bajo una fianza de 60.000 euros para los alcaldes de los municipios madrileños de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas Navarro, y de Parla, José María Fraile (PSOE), y para el jefe de gabinete de este último, Antonio Borrego, acusados de formar parte de esta una trama de corrupción municipal y regional.
Fuentes jurídicas han asegurado a Efe que la previsión inicial de hoy es distinta, ya que la intención es solicitar la prisión incondicional sin fianza del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados -que fue número dos de la presidenta madrileña Esperanza Aguirre-, y de su amigo, el empresario David Marjaliza, considerado el "conseguidor" de la trama.
También podría solicitarse esta medida para un tercer implicado.
Al igual que sucedió ayer, fuentes jurídicas han asegurado a Efe que la previsión inicial de solicitar prisión para los principales acusados puede ser modificada a lo largo del interrogatorio de los detenidos, que se prolongará previsiblemente durante todo el día, por lo que no será hasta el final de las declaraciones cuando se adopte la petición definitiva que adoptará Anticorrupción.
Lo mismo que ocurrió también ayer, una de las posibilidades que maneja esta mañana la Fiscalía Anticorrupción antes de iniciar los interrogatorios es reclamar la imposición de medidas cautelares y el pago de fianzas para otros acusados.
La cuantía dependerá del grado de responsabilidad del imputado en esta trama, a la que se acusa de haberse beneficiado de contratos por importe de 250 millones de euros y de cobrar comisiones del 3 %.
El juez Eloy Velasco ha comenzado esta mañana a tomar declaración a los últimos detenidos en la Operación Púnica con el interrogatorio a José Luis Huerta, administrador de la empresa Waiter Music y ligado a David Marjaliza.
El juez afirma en el auto que dictó ayer que los detenidos formaban parte de una "trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios", contratos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones de euros.
En la Operación Púnica han sido detenidas 37 personas e imputadas otras catorce, lo que suma 51 acusados.
Dos nuevos detenidos
La Guardia Civil ha detenido a dos personas supuestamente relacionadas con la trama de corrupción municipal y autonómica que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y que podrían haber intermediado en los contratos del Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba.
Fuentes de la investigación han informado a Efe de que las detenciones se llevaron a cabo anoche, dentro de la llamada Operación Púnica, y de que una de estas personas fue arrestada tras volver a España de un viaje en el extranjero.
Con estas detenciones y la de ayer de un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil son ya 37 los arrestados en la operación y 14 los imputados, tal y como se había previsto. Además, se produjo la detención por error de identificación de una persona que inmediatamente fue puesta en libertad.
Precisamente, el Ayuntamiento de Collado Villalba, cuyo alcalde, Agustín Juárez (PP), al que el juez de la Audiencia Nacional puso ayer en libertad bajo fianza de 40.000 euros, es uno de los que adjudicó un contrato a la filial española de la multinacional Cofely, la mayor beneficiada por la trama en la que supuestamente está implicado el exdirigente del PP Francisco Granados.
El contrato era por un importe de 42,9 millones de euros, fue adjudicado en mayo de este año y formalizado el día 2 del mes siguiente, y estaba destinado al mantenimiento de la instalación energética de los edificios municipales y de alumbrado público y a la mejora de la eficiencia energética del Ayuntamiento.
Las detenciones de anoche se enmarcan dentro de las investigaciones que lleva a cabo la UCO sobre esta trama y del análisis de la abundante documentación que ha sido incautada a los detenidos.
Un análisis, que según las fuentes, puede dar lugar a más actuaciones.
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