Rajoy se tiene que poner el traje de combate

Una de las cosas más frustrantes de la política es la sobrerreacción. El populismo mal entendido, la falta de liderazgo y de principios, y la presión a veces desorbitada de los medios de comunicación provocan demasiadas veces la sobrerreacción de los gobernantes. No obsta lo anterior para decir que ha llegado el momento de exigir una batalla definitiva contra la corrupción. Simplemente no aguantamos más.

La alarma que han provocado los últimos casos de corrupción ha colmado el vaso, y ya parece que le costará el puesto a Mariano Rajoy, y antes a muchos alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular, con lo que ello conlleva: un montón de personal de confianza que se va a la calle. Diputados, concejales, asesores, personal eventual; parte de la tan denostada clase política, pero no se equivoquen, saldrán los del PP, pero vendrán otros; y por lo que se ve, menudos otros…

Yo si fuera el presidente del gobierno daría la batalla de la corrupción. Me pondría el traje de combate, y sacaría de forma inmediata una serie de medidas para al menos morir (en el sentido figurado) con grandeza y por el bien del España.

Establecería de forma inmediata una fiscalía anticorrupción con todos los medios necesarios, no los escasísimos que tiene ahora. Asignaría un cuerpo de policía con la máxima especialización y dotación para que de una forma casi autónoma investigaran los casos de corrupción.

Promovería una reforma urgente, tal y como ha anunciado el actual ministro de Justicia, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que una vez investigada una parte sustancial de la conducta de un delincuente se le juzgue en pieza separada. De esta forma se acabarían las vergonzosas dilaciones de algunos procedimientos, particularmente de los denominados macro-procesos. Estas condenas rápidas llevarán a que el condenado vea los beneficios de pactar, y colaborar, con la fiscalía.

Presionaría, de forma decisiva y contundente, a Gibraltar y Andorra para que cesen de forma inmediata de ser paraísos fiscales para los españoles. Francia lo consiguió con Mónaco en los años sesenta y no debería ser tan difícil. Debemos convertir la colaboración internacional contra el delito de corrupción y blanqueo en una cuestión de estado.

Modernizaría nuestra democracia profundizando en lo evidente: la democracia y también en la transparencia. Las primarias no son una solución –pocas cosas lo son-, pero si un proceso que beneficiará enormemente. Las primarias deben ser cerradas, las abiertas pueden ser fuente de necesidades de financiación que harían que se generaran nuevas corrupciones. Todo cargo elegible se debe presentar a una votación previa en su organización y con medios materiales tasados.

Las primarias no resuelven pero si sirven de filtro para que no se consoliden camarillas, para que el pícaro que apunta maneras se le pare los pies desde el principio por quien mejor le conoce (los que militan con él); para que en definitiva entre algo de aire fresco en las listas electorales. Si se ha hecho un esfuerzo para incorporar a las mujeres en igualdad de condiciones con las denominadas listas cremallera, no veo la dificultad en exigir primarias para todos los integrantes de una lista electoral.

La transparencia es crucial. Transparencia en todo. En la licitación y ejecución de los contratos públicos, y también en los sueldos y patrimonios de los políticos. Promovería el acceso de todas las empresas a la licitación pública, en particular de las PYMES. Incluso reservaría de forma obligatoria una parte de la contratación pública a estas empresas, tal y como se hace en algunos países de la UE.

Hay que reforzar y dar cauces de participación a la sociedad civil. Hacer independientes y responsables con mandatos limitados para asegurar la independencia, a las instituciones de supervisión de las actividades económicas y sociales que están reguladas: energía, finanzas, competencia, comunicaciones, contabilidad pública y privada y demás sectores que hacen que debiéramos llevar una vida sin sobresaltos.

Iniciaría una guerra total contra el dinero negro. No podemos seguir con una economía en la que, según cálculos solventes, más de la cuarta parte está sumergida. Y por supuesto, hay que revisar toda la fiscalidad de la gran empresa y de las grandes fortunas, que soportan, por llamarle de alguna manera, un coste fiscal escandalosamente bajo con respecto del común de los contribuyentes. Para ello, y en mi opinión, aunque aclaro que no soy un experto, hay que modificar radicalmente nuestro sistema fiscal para hacerlo mucho más simple; tenemos uno de los sistemas fiscales más complejos de Europa, que además es un desastre en recaudación, también si lo comparamos con el resto de países de la UE.

No podemos seguir con unos plazos de pago de muchos meses. Se debe cumplir ya la ley de Morosidad. Son absolutamente escandalosos los periodos de pago que se manejan en España por muchas grandes empresas y por la propia Administración. Esta práctica, además de generar una pérdida inasumible de competitividad limita el acceso a la licitación pues no todas las empresas pueden aguantar tal incertidumbre en el cobro. Estas condiciones especiales de cobro son un obstáculo para que muchas empresas españolas y extranjeras puedan licitar; y es una fuente de conchabeo que casi siempre es la antesala de la corrupción.

Finalmente y como objetivo a largo plazo promovería un cambio de nuestra estructura económica. No podemos seguir con nuestra dependencia en el sector inmobiliario. Sector que es una fuente inagotable de la corrupción, de la economía sumergida y de una clase empresarial, que con alguna rara excepción, basa su éxito en ser unos espabilados y no en la verdadera generación de empleo o en un verdadero talento empresarial: un circo de pícaros compradores de políticos, cuya única habilidad es conseguir permisos y recalificaciones.

Dada nuestra inveterada tendencia a la caza de brujas, creo que hay que compensar con una acción de resarcimiento para quienes sean injustamente acusados de corruptos. Habrá víctimas en esta guerra, y hay que evitar la tan temida sobrerreacción. Una disculpa pública y una indemnización inmediata puede ser una posible solución.

Rajoy se enfrenta al gran desafío de su vida. También todos nosotros. Un buen y veterano político madrileño tiene una habilidad especial para detectar lo que denomina “flotadores”, que serían aquellos acontecimientos que por su relevancia pueden salvar un gobierno, o hundirlo definitivamente. La situación no está para politiqueo con minúsculas, pero creo que Rajoy tiene la oportunidad de su vida: modernizar nuestra democracia y salvarse a él, y a todos nosotros de los “modernizadores” que primero en mayo y luego en noviembre del año que viene vendrán a imponer unas políticas de ultraizquierda. Sólo pensarlo, pone los pelos de punta.