El simulacro de consulta soberanista celebrado este domingo en Cataluña está teniendo consecuencias serias en Moncloa. En el Gobierno existe cierta polémica y división al respecto de las medidas que se deberían tomar ahora tras la consumación de la amenaza de Artur Mas de celebrar un referéndum que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
Hay un sector del Gobierno que es partidario de esperar a que las aguas vuelvan a su cauce, a que pase toda esta polémica, para empezar a acercarse a una negociación con el Gobierno catalán. En frente hay otros que consideran que se debería actuar contundentemente con el presidente de la Generalidad y acusarle de una buena ristra de delitos, entre los que se encuentran el de desobediencia, prevaricación, malversación y uso fraudulento de datos personales. Otras fuentes incluyen, incluso, el de sedición.
Mas ha desobedecido de forma flagrante al Gobierno de España, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo y a la Abogacía del Estado. Por todo esto, se baraja también, como absolutamente necesario para recuperar la credibilidad del Ejecutivo, la inhabilitación de Mas de sus funciones al frente del gobierno catalán.
Esta parte del PP también cree que, demostrados todos estos extremos y aplicando la Constitución en su artículo 155, el Gobierno que preside Mariano Rajoy Brey debería retirar a la comunidad catalana las competencias en materia de Seguridad y Educación.
No corren buenos tiempos para el partido que sustenta al Gobierno ante esta pasividad e inacción en la gestión de la cosa catalana. En el PP de Cataluña se habla de frustración, de que les han dejado totalmente desarropados porque esperaban mucho más desde Madrid. Mariano Rajoy debe entender que se debe a sus votantes. A los nacionalistas y a los partidos de la oposición no los va a contentar nunca.
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