Con casilla de salida en los ERE fraudulentos. Este miércoles, el juez Eloy Velasco reiteraba la falta de tiempo con el que cuentan los magistrados para avanzar en las instrucciones, como consecuencia de la cantidad de causas de corrupción que no cesan de llegar a los juzgados. Advertía, además, que en muchos casos precisan de interventores que les expliquen la contratación administrativa, de economistas especializados en ingeniería financiera o de expertos en materia fiscal. Porque analizar al detalle la documentación que va acumulándose en cada proceso, no es, desde luego, tarea fácil. Y requiere de un tiempo que, de acuerdo con las declaraciones del titular del Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, hay que repartir también con el resto de casos. Aunque estos no sean tan escandalosos o mediáticos. Por otra parte, ocurre lo mismo que en determinadas intervenciones quirúrgicas: no se sabe a ciencia cierta lo que se va a encontrar, hasta que se abre al enfermo.
Y si no, que se lo digan, por ejemplo, a la juez Mercedes Alaya. Empezó investigando la presunta manipulación de un concurso para la cesión de suelos en la empresa Mercasevilla y se encontró con una Madeja que acabó por llevarle a una Enredadera. Eso, de momento. Aunque el nombre de Madeja con el que se bautizó la segunda operación haga alusión al símbolo de la capital hispalense y el de Enredadera, a las corruptelas – presuntas – en lo relacionado al mantenimiento de parques y jardines, lo cierto es que bien podrían hacer alusión ambos términos a lo enredado de una madeja que la juez lleva años tratando de desenmarañar. Pero no hay manera. Cada vez que tira de un hilo, se le materializan nuevas corruptelas. Vaya usted a saber hasta dónde y hasta cuándo. Sin olvidarnos, por supuesto, del hasta cuánto. Porque fue un “cuanto” lo que hizo que Alaya se fijara, aún más, en Domingo Enrique Castaño, el perejil de todas las salsas. Castaño, amigo del alcalde se Sevilla, aparecía como asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento y era, a la vez, consejero en Mercasevilla precisamente en el periodo en el que se elaboró el pliego de condiciones del citado concurso público en el que la empresa Sando resultó vencedora pese a haber presentado la peor oferta. A la juez le llamó la atención el enriquecimiento “sospechoso” de Castaño durante sus años como cargo público – al menos 800.000 euros obtenidos entre 2005 y 2008 – y ante la falta de justificación del mismo, empezó a investigar de dónde procedía.
El camino conducía directito a otra investigación, esta por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras. Más detenciones, imputados, declaraciones, registros. Y mucha más documentación que analizar en detalle. Por ejemplo, la de la empresa Fitonovo. A los papeles, se sumó la declaración de su dueño, el empresario Rafael González Palomo, que admitió haber entregado a Domingo Enrique Castaño – sí, otra vez él - un sobre con 30.000 euros. Eso solo para empezar. Ya que estaba, reconoció, además, la entrega de regalos a políticos y funcionarios de diversos ayuntamientos, diputaciones provinciales y empresas estatales en Andalucía a cambio de contratos de obra. El testimonio lo corroboró su hijo, José Antonio González Bero y uno de sus empleados: tanto Fitonovo como su filial Fitoverde entregaban dinero en metálico, viajes y regalos a cambio de quedarse con las adjudicaciones de turno. Entre ellas, las de mantenimiento de parques y jardines.
Y así llegamos a la Enredadera. Porque, aparte de las citadas declaraciones, de la documentación incautada en aquella ulterior investigación se descubre que las prácticas de Fitonovo no eran esporádicas. Un sobrecito aquí, uno allá. Existía toda una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares. O lo que es igual, se habían hecho con una red de funcionarios corruptos que les facilitaban dichas contrataciones. Para hacer frente a las mordidas, en dinero o en especie, Fitonovo contaba con una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa. Vamos, que de su bolsillo no ponían ni para los sobornos. El administrador de la empresa, actualmente en concurso de acreedores, ya ha confesado a la juez Alaya que, de 2003 a 2012, llegó a repartir aproximadamente 700.000 euros entre políticos y funcionarios de distintas administraciones públicas. Resultado: de 2005 a 2012, la empresa pasó de facturar cien mil euros a 36 millones. El informe de la Guardia Civil califica esta última red descubierta como de “corrupción poco sofisticada”, pero quizás sea también por el perfil de los sobornos. En el archivo de Excel controlado por Manuel Macedo Gajete, apoderado de la compañía, no falta detalle de la identidad de los corruptos – por eso están cayendo como moscas - y de sus gustos a la hora de percibir las mordidas. Equipos electrónicos, jamones, botellas de vino, reproducciones en plata de un olivo, sobres mensuales con billetitos, cajas de zapatos con billetazos, viajes, fiestas con barra libre de Viagra. Un despropósito, que, si en vez de la vida misma fuera una película de Almodóvar o Santiago Segura, nos haría hasta gracia. Pero, claro, no la tiene. Ninguna. Solo puedo decir que me he sentido fugazmente consolada cuando he visto que al lado de unos pocos nombres de la lista de Fitonovo, en vez de figurar qué tipo de soborno era su preferido, puede leerse la rara frase “No acepta regalos”.