El 9-N no ha perdido su sitio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y posterior también, por primera vez, al propio 9-N, al que se refirió Mariano Rajoy el miércoles, antes de partir a la cumbre del G-20 en Brisbane (Australia) que lo ha disculpado de asistir a la reunión de este viernes en La Moncloa.
Las cuestiones principales cinco días después del proceso participativo eran las acciones que la Fiscalía estudia tomar contra los responsables de la celebración y la supuesta impaciencia del Gobierno por la tardanza de la querella. Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado, ha negado presión alguna del Ejecutivo.
Soraya Sáenz de Santamaría no ha valorado la hipótesis de que Artur Mas superara el desafío sin denuncia alguna y se ha limitado a recordar que la Fiscalía “actúa de manera autónoma respecto del Gobierno” y que “respetará” aquello que determine.
La vicepresidenta “desconoce” si la Fiscalía de Cataluña “se resiste”, tal y como se ha publicado –seis de sus nueve miembros no verían indicios de delito- y ha vuelto a defender ý detallar la gestión de Moncloa frente a las pretensiones de la Generalitat.
Una vez más, la portavoz ha insistido en que el Gobierno del que forma parte también lo es de los catalanes y que por ello “asume” sus “problemas”, como hizo con el pago a proveedores, los fondos de liquidez autonómicos y, ha concluido, ha hecho con la consulta.
Saliéndose del guión de no dar por válido el referéndum o evitar entrar en materia sobre su repercusión o resultado, Sáenz de Santamaría ha dejado caer por último que el llevado a cabo en el Véneto, con más de un 70 por ciento de participación –sensiblemente superior a la cifra catalana, ha querido decir-, no tuvo efecto alguno –“tampoco servía para nada”, ha expresado- puesto que la Constitución italiana, como la española, no permite la secesión.
Si (
No(
