La querella contra Mas tranquiliza a algún que otro opinador.
El Economista vuelve con su exclusiva sobre Pablo Iglesias, aunque en esta segunda entrega no aporta novedades significativas: “Pablo Iglesias ofrecía servicios comerciales con su asociación no lucrativa”, dice el principal titular de su portada.
El Mundo abre su portada con el “Respaldo total a Torres-Dulce y a una dura querella contra Mas”. Se trata de cuatro delitos propuestos, “uno de los cuales conllevaría prisión”. En la foto, Eduardo Torres-Dulce durante la reunión de la Junta de Fiscales. Más titulares de la sección de nacional que llegan a portada: “El ministro del Interior confirma la investigación al alcalde de Barcelona”; “Cospedal pide explicaciones a Aguirre por no despedir al gerente de la tarjeta B”; y declaraciones del investigador jefe del proyecto de Íñigo Errejón: “Avisé a Errejón y aotros amigos en el paro”.
Victoria Prego respira “tranquila” tras la querella por lo sucedido el 9-N: “Se impone por fin el principio elemental de un Estado de Derecho cual es el cumplimiento de la ley y el sometimiento de todos, sin excepción alguna, a las resoluciones de los tribunales. Parece mentira tener que decir esto otra vez, pero en los últimos tiempos se sostiene con una ligereza alarmante que es ‘la hora de la política’, como si esa afirmación, que es ciertísima, tuviera el efecto de liberar a los políticos de su sometimiento a las leyes y los tribunales”.
“Apoyo casi unánime de los fiscales a la querella contra Mas que el PSOE rechaza”, titula La Razón, que dice que “desautorizan a sus compañeros del Tribunal Superior de Juscitica de Cataluña”, Con fotografía del duque de Huéscar, ayer la Casa de Dueñas, este diario desea “Larga vida a los Alba”. “La familia se reúne en torno a Doña Cayetana en la Casa de Dueñas. Sus hijos lamentan que ‘su vida se apague’”, dice el rotativo, que también habla de que ha sido imputado el “carnicero de Mondrágon” por incitar al odio.
Martín Prieto reflexiona sobre el reconocimiento del Estado palestino: “Es una sugerencia de la debilitada y biempensante socialdemocracia sueca, introducida en la agenda de la UE. Es una idea contingente, que puede ser o no ser, y un placebo para el envejecido conflicto de nuestro cercano oriente. (…) Cada vez que se aproxima la paz, prodigan los cadáveres exquisitos. El conflicto acabará como empezó Sadat. Europa está poniendo el carro delante del caballo”.
El País también abre con el fiscal general, que “logra apoyo para acusar a Mas de desobediencia”. “La Junta de Fiscales avala que cometió cuatro delitos el 9-N”, amplía el diario. La foto es para una familia encerrada contra la deportación de Angela Navarro, “una sin papeles” hondureña: “Obama libra la batalla decisiva para conservar el voto hispano”. Más cosas. “Los curas pederastas de Granada actuaban como una secta”; “Errejón tenía permiso para hacer en Madrid su trabajo sobre Andalucía”.
‘España no tiene quien les escriba’, afirma Rosa Díez, líder de UPyD, en una tribuna en este diario: “Hace falta una fuerza política que defienda el Estado, la unidad de la nación y la ley. (…) Permítanme que les haga una promesa: si las autoridades de Cataluña amparan la ilegalidad y el Gobierno de la nación no actúa, nosotros seguiremos dando la batalla. Porque sólo la aplicación de la ley nos puede salvar. Como dice Fernando Savater, ‘aplicar la ley a quien quiere violarla suele resultar muy pedagógico’. Sólo con la aplicación de la ley mantendremos la unidad y recuperaremos las bases de la convivencia en libertad. Porque sin ley no hay democracia”.
ABC afirma que “La cúpula fiscal cree que Mas desobedeció y prevaricó el 9-N”, mientras que “Ferraz cuestiona la decisión y Susana Díaz replica pidiendo respeto para los fiscales”. Otros asuntos: “Israel responde al atentado derribando casas de terroristas” y “Los padres acosan y amenazan a los profesores más que sus hijos”.
Isabel San Sebastián cree que “la querella de Torres-Dulce nace políticamente muerta tras la rebelión de sus subordinados catalanes”. Para la periodista, lo sucedido constata un “jaque mate al Estado de Derecho”. Sobre el mismo asunto, Ignacio Camacho, también en ABC, opina que “la territorialización de la justicia ha acabado convirtiendo a los presidentes autonómicos en blindados señores feudales”. A su juicio, “el fiscal general, en su afán de respetar el procedimiento, ha cometido un error de cálculo al creer que sus colegas de Cataluña iban a resultar igual de exquisitos bajo una atmósfera de asfixiante hegemonía política”.
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