¿Hace falta una nueva Constitución para los españoles?

La Constitución cumple 36 años. El texto original, que incorpora los procedimientos para su reforma, ha sido modificado en dos ocasiones. La primera, en 1992, apenas consistió en añadir un inciso en el artículo 13.2; la segunda, reciente, conocida y discutida aún hoy, en 2011, sustituyó en su integridad el 135. Este 6 de diciembre, los actos en relación con la efeméride llegan envueltos en desazón: no hay acuerdo sobre qué capítulos revisar porque ni siquiera lo hay sobre si es oportuno tocar la Carta Magna.

EL IMPARCIAL se ha puesto en contacto a lo largo de la semana con los principales grupos parlamentarios para conocer su postura en relación con este tema. Todos con los que ha contactado este medio, a los que ha expuesto el mismo cuestionario, han accedido a responder salvo el Partido Socialista, por lo que en su caso, para que no cojee el relato, se reproducirán las declaraciones más recientes y relevantes de su líder, Pedro Sánchez, quien lidera en este momento la iniciativa de reforma.

El PSOE propone
Lo que propone Sánchez es la puesta en marcha de una subcomisión en el Congreso que centre sus esfuerzos en hallar lagunas y posibles mejoras de la Ley Fundamental, y que lo haga de forma “pública, transparente y con luz y taquígrafos”. A esas reuniones se sumarían ponentes expertos y participarían también instituciones y organismos autonómicos a través de informes. Una vez extraídas conclusiones y presentadas las aportaciones concretas de cada grupo, se buscaría un consenso al menos próximo al que hubo en el 78.

Las del PSOE, explicó su secretario general, son, de partida, un modelo federal “que reconozca las singularidades y los hechos diferenciales con algunas comunidades autónomas”, una reforma del Senado, un nuevo sistema de financiación autonómica y medidas en pro de una regeneración democrática. Estas ideas se han estrellado con la primera y principal oposición que podían encontrar: Mariano Rajoy no está de acuerdo. Su ‘número dos’, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó desde Moncloa este viernes que “para cambiar el actual ordenamiento hace falta más que un discurso o un párrafo” y aconsejó a Sánchez que no se pronuncie hasta que “tenga claro” lo que pretende.

El PP se opone
Esta falta de concreción la denuncia en los mismos términos Pedro Gómez de la Serna, miembro de la Comisión Constitucional del Grupo Popular. “En nuestra opinión, hay que saber antes que nada de qué tipo de reforma se habla: de un mero ajuste constitucional, o un cambio de modelo jurídico- político. En el segundo caso, no tiene sentido sustituir el marco jurídico político que más desarrollo, bienestar, concordia y derechos de todo tipo nos ha dado a los largo de nuestra historia contemporánea. No tiene sentido que demos un portazo a la Constitución bajo cuyo paraguas España se reconcilió, se incorporó a la Unión Europea, forjó el Estado de bienestar, recuperó libertades y derechos y fue uno de los seis países del mundo que más creció y se desarrolló, no tiene sentido que demos un portazo a la Constitución que civilizó y homologó políticamente a nuestro país”, responde el diputado.

Para Gómez de la Serna, toda “puesta a punto” constitucional “requiere al menos la concurrencia de tres requisitos”, que describe así: “Un mínimo común denominador de las fuerzas políticas en cuanto al punto de llegada, que hoy no existe; una mínima lealtad constitucional, hoy rota por el nacionalismo secesionista y tres, lograr una consenso al menos igual que el de la Constitución que se pretende reformar, lo cual es hoy inviable”.

Y si estas condiciones no se dan, añade, “abrir una reforma es una irresponsabilidad y un suicidio” porque, concluye, “cuestionar nuestro marco de convivencia es, indudablemente, generar un problema de extrema gravedad a los españoles”.

La postura nacionalista
Por parte del Grupo Vasco, Aitor Esteban, su portavoz, considera que “la parte dogmática –de la Constitución-, la que recoge derechos y libertades, ha demostrado estar razonablemente construida”, pero que “la orgánica, la que fija el esquema institucional, que no se quiso abordar en 1977 y 78, es preciso modificarla”.

Sobre qué se ha de cambiar, el parlamentario del PNV valora “fundamental” que se reconozca una “pluralidad de naciones en el seno del Estado español” y “necesario repensar el Tribunal Constitucional como árbitro de las diferencias en cuanto a la aplicación de la legislación”. A su parecer, “otros ámbitos a reformar por ejemplo son las reticencias actuales a los instrumentos de democracia directa o la falta de adecuación del poder judicial a una estructura institucional no unitaria”.

Fuentes del Grupo Catalán se han disculpado con EL IMPARCIAL al considerar mejor no participar en esta información. Lo justifican en que “CiU no ha puesto sobre la mesa ni tampoco está en su hoja de ruta” la reforma constitucional. Recuerdan también que se “abstuvo” en el debate sobre el artículo 135, celebrado recientemente y también a instancia del PSOE.

Izquierda Plural: “La Constitución actual está superada”
José Luis Centella, de La Izquierda Plural, defiende que “hay abrir un debate profundo sobre los necesarios cambios constitucionales, abrir un proceso mucho más amplio en el que toda la sociedad y sus diferentes actores aporten y reflexionen, pero no sólo sobre un nuevo texto, sino sobre un nuevo modelo de país que recoja la transformación social, política y económica que se ha producido en nuestro país”.

El diputado de IU da por “superada” la Constitución y cree necesario “recoger realmente las necesidades de la España del siglo XXI y el incumplimiento de derechos que hoy están en la Carta Magna y son papel mojado”. Centella y su Grupo consideran que “necesitamos un nuevo texto constitucional que reconozca la necesidad de una democracia más avanzada y participativa, en definitiva, otro modelo de país”.

¿Qué urge revisar en la Carta Magna? “No se trata de revisar –contesta-, sino de plantear un nuevo marco constitucional, que para empezar permita decidir entre Monarquía o República, que garantice derechos por ley, que plantee un nuevo concepto de Democracia más participativa, que desarrolle un Estado Federal, que permita poner la economía al servicio del interés general”.

UPyD: reforma sí, y “profunda”
Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, es tajante: “Sí, la Constitución ha cumplido un ciclo importante de vida, pero necesita una profunda actualización de modo urgente. Es vital para superar la crisis política de modo constructivo. La reforma es el modo de abordarlo sin tabúes, con responsabilidad política y con participación ciudadana, a través de un gran debate nacional”.

En representación del partido que encabeza Rosa Díez, Martínez Gorriarán formula varias reformas: “Un modelo federal que redistribuya las competencias entre Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de un modo racional y eficiente, con igualdad en competencias y financiación, adelgazando el Estado y haciéndolo más racional; supresión de las Diputaciones provinciales y de la Provincia como circunscripción electoral; separación de poderes, garantizando la independencia de la justicia y eliminando los abusos actuales del Ejecutivo; supresión de la mención a los Derechos Históricos preconstitucionales; desarrollo de nuevos derechos, como el de Acceso a la Información, y obligación de transparencia de las Administraciones Públicas. Y también avances en la laicidad del Estado”.

El 135
Pedro Sánchez removió al socialismo hace algunos días invitando a derogar la reforma del artículo 135, llevada a cabo por PSOE y PP de forma “claramente apresurada” -admitió el propio Sánchez- y sin debate público en la era Zapatero, y por la que todas las Administraciones Públicas han de adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

Martínez Gorriarán se muestra favorable a “eliminar” el fruto de ese “pacto” entre los dos grandes partidos y que “impide el endeudamiento más allá de determinados límites legales”. Para el diputado, “la deuda pública es un instrumento más de la política fiscal, y aunque es conveniente que no sea excesiva, y también es recomendable la estabilidad presupuestaria, puede tener que llegar a serlo en condiciones económicas excepcionales, no sólo en caso de catástrofe”.

Para el PNV, en voz de Esteban, “la postura fue y sigue siendo de oposición frontal a aquella operación innecesaria e imprudente entre PP y PSOE”. En línea con lo que apuntaba el responsable de UPyD, el nacionalista señala que “provoca una rigidez contraproducente para momentos de crisis económica como la actual, donde es necesaria una política económica expansiva”.

Centella no se sale de este camino: “En Izquierda Unida siempre estuvimos en contra. Cuando pensábamos que la Constitución era intocable y que no se podía modificar, entre los dos tardaron apenas un mes en cambiarla sin preguntar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país”.

Cataluña
El último de los asuntos planteados a los partidos es el encaje de Cataluña en esa hipotética remozada Constitución, también con vistas a intentar calmar las intenciones independentistas. En relación con esta materia, UPyD desea “ un verdadero Estado federal y no el mix actual, insostenible y fabricado a medida del nacionalismo”. Martínez Gorriarán no cree que Cataluña deba tener distintos “autogobierno, competencias y financiación que las demás comunidades”.

La Izquierda Plural, partidaria de un Estado “federal, republicano, plurinacional, multicultural, solidario y laico”, enumera Centella, aboga por “plantear con claridad una propuesta para resolver en positivo la actual situación, una propuesta que debe partir de la acumulación fuerzas en el objetivo de conseguir hacer realidad un proceso constituyente en todo el Estado español. Proceso del que salga una nueva constitución que posibilite, entre otros elementos de radicalismo democrático, el derecho a decidir de los pueblos que conforman el Estado español”.

Síntesis
Así, puede concluirse que el anhelo de una reforma es mayoritario en número de opciones políticas pero no de escaños, al menos con la configuración de las pasadas elecciones y vigente hoy, y que entre estas, aunque hay notables coincidencias, tampoco faltan discrepancias en asuntos tan sensibles -ejemplo de esto último es el catalán- que echarían abajo cualquier intento de renovar el tomo si la intención es hacerlo con el espíritu de consenso que envolvió el del 78.