La FEMP avisa al Gobierno de que si no le atiende, le declarará "la guerra"

En declaraciones a Efe, Castro ha mostrado su "profundo malestar" por la falta de respuesta del Gobierno a la petición de los municipios de estar presentes "con voz y voto" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y por la "ausencia" de interlocución política con el Ejecutivo de cara a iniciar el proceso de reforma de la financiación local.

De hecho, Castro ha remitido una carta a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, para trasmitirle su "desagradable sorpresa" por la no asistencia esta mañana de los secretarios de Estado de Hacienda y de Administración Territorial a la reunión de la subcomisión encargada de abordar la financiación.

Se trataba de una reunión en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local en la que estaba previsto que el Gobierno adelantara a las entidades locales el calendario y la metodología de la reforma de la financiación municipal.

En lugar de los secretarios de Estado, el Ejecutivo ha enviado a otras dos personas a las que "respetamos", pero no son los interlocutores adecuados, por lo que el municipalismo se siente "absolutamente engañado" por esa "intención clara de bajar el nivel de la reunión".

Si de aquí al próximo martes, fecha en la que se reunirá la Comisión Ejecutiva de la FEMP, el Gobierno no responde, Castro propondrá a los grupos políticos representados en la Federación la adopción de medidas de presión.

"Vamos a por todas". "Si no hay interlocución, el martes, la guerra", ha dejado claro el también alcalde de Getafe (Madrid).

Aunque Pedro Castro no ha explicado en qué consistirá esa "guerra" en espera de la decisión que adopte la Ejecutiva, el presidente de la FEMP no ha descartado la posibilidad de que los ayuntamientos dejen de prestar algunos servicios que ahora prestan a pesar de que no son competencia suya ni cuentan con la financiación correspondiente para ello.

Si finalmente se llevara a cabo esta amenaza, un 40 por ciento de los servicios sociales, educativos o de empleo que reciben ahora los ciudadanos "se irían al garete", ha precisado Castro.

Un "plante" de unas administraciones que, según ha recordado Castro, ejercen actividades que les son impropias, y para las que no tienen financiación, por valor de unos 7.000 millones de euros anuales.

Entre esas actividades, el presidente de la FEMP ha citado las previstas en la Ley de Dependencia que tienen que realizar las comunidades autónomas o la protección de las víctimas de violencia doméstica por parte de las policías locales.

Castro ha criticado el "absoluto egoísmo" de las comunidades autónomas, que reciben los recursos del Estado y "no los derivan" a los ayuntamientos, por lo que no se cumplen los principios básicos de la descentralización del Estado, con la que está "de acuerdo, pero tienen que ampliarla".