El mito de la impunidad política

Es probable que durante muchos años la Política (los agentes políticos, el Ejecutivo y el Legislativo) haya condicionado el ejercicio de la Justicia. Así parecía, puesto que de los poderes políticos emanaban las normas y los nombramientos judiciales. Pero algo ha cambiado de forma sustancial. Ahora son los jueces los que tienen la capacidad de condicionar todo el ejercicio de la política.

Las razones para esta transformación de los anteriores equilibrios son variadas. La más importante es que son los propios políticos, obligados por la opinión pública en diferentes etapas de los últimos decenios, los que han ido endureciendo las leyes que les afectaban a ellos mismos, como única manera de explicar a sus electores que afrontaban con seriedad los casos de desviación de poder o de corrupción.

Así ha sucedido con diferentes modificaciones penales desde la época de Felipe González. Y ahora mismo lo estamos viendo en disposiciones del Gobierno de Rajoy. Y se han producido cambios en los códigos que han incrementado casi al límite la vigilancia y la represión de conductas reprobables de políticos.

Lo estamos viendo ahora. Con las actuales leyes, cualquier caso de corrupción, en manos de un juez, tiene un castigo enorme. Así se apunta en el último asunto, el que afecta a Urdangarín y a la Infanta Cristina, junto a muchos otros. Porque los casos de corrupción considerados genéricamente, lo que se entendería como defraudar o robar dinero público, están calificados con una panoplia de delitos que hacen que la suma de las penas de éstos sea casi superior a la de las que resultan de los delitos de sangre.

Es posible que la opinión pública esté instalada en la leyenda de la impunidad de los políticos y de la “gente influyente”. Pero la opinión pública, como toda opinión, puede ser acertada o equivocada. Y, en este caso, habrá que pensar que, como mínimo, esta sensación generalizada está simplemente anticuada.

A Urdangarín, por seguir con el ejemplo, el juez le pide diecinueve años y medio de cárcel por una pléyade de figuras delictivas. A la Infanta Cristina, ocho años, en la suma de dos delitos idénticos de fraude fiscal de poco más de cien mil euros. Y, solo por comparar, una reciente petición de pena para un asesino que degolló a su mujer era de dieciocho años de prisión.

Las durísimas penas por corrupción resultan de la aplicación de leyes hechas por lo comentado anteriormente, para demostrar a la sociedad que los políticos y asimilados, los que negociaban con la Administración, eran vigilados de cerca. Y, por eso, robar en cualquiera de sus formas dinero público lleva ahora a que al principal delito se añadan varios más, como tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, cohecho, fraude a la Administración, malversación y alguno más. Es decir, que casi cualquier caso de corrupción puede hacer que al culpable le caigan veinte años de cárcel a poco que se descuide. Sea por un millón de euros o por mil millones.

Si ponemos otro ejemplo, el de Jaume Matas, si se analiza lo que ya tiene encima y lo que le queda por recibir, sus condenas superarían con creces a las de los terroristas sanguinarios. Y, de la misma forma, enormes penas esperan a encausados que ya han ido incorporándose a prisión en este año de catarsis de 2014. Las prisiones provisionales, antes destinadas a los delitos más graves, ahora son sufridas por los presuntos delincuentes de cuello blanco. Correa o Bárcenas han superado los dos años en prisión preventiva sin que los jueces cedan, con el argumento (tan fundado como pueda ser) de la posibilidad de huida o destrucción de pruebas.

Este año que está a punto de terminar ha acabado con numerosos políticos y empresarios en la cárcel. Y es sólo un aperitivo del año que nos espera. De impunidad, por tanto, nada de nada.

Pero, además, la persecución de los delitos de corrupción tiene una influencia decisiva en el funcionamiento de la política. Para empezar, porque debilita la credibilidad de ésta. Tanto que, además de los delitos realmente cometidos, al panorama se suman las sospechas generalizadas. Y, así, hasta las investigaciones normales de los jueces que afecten a un político (que exijan, por ejemplo, su declaración judicial con abogado, es decir, bajo imputación) se convierten en condenas virtuales, aunque no resulte finalmente la culpabilidad.

Los políticos han hecho normas para autolimitarse. Y, en efecto, lo han conseguido, porque los jueces, con toda legitimidad, las utilizan sin recato alguno. Sin embargo, los ciudadanos no parecen haber agradecido este esfuerzo político, sino sólo lo ven como prueba de la inmoralidad política. Castigo autoinfligido, y no remunerado. En ese panorama, los jueces tienen la sartén por el mango en los procesos políticos. Y aún se diría más. Están casi obligados a utilizarla, porque las leyes de los políticos así lo han dictado.

Cabría, por ello, al menos pedir a la ciudadanía que respetase ese proceso, que es mucho más regenerador de lo que la gente ha creído pensar. Porque la política española se está limpiando, aunque la opinión generalizada dicte que está en el barro. Y se está limpiando desde el propio sistema, hasta ahora bipartidista. Sin necesidad de soluciones mágicas de nuevo cuño.

La política ha cedido voluntariamente su posición de poder a la Justicia. Independientemente de cómo administren ese poder los jueces, de los que cabría esperar prudencia, aunque no siempre se logra de algunos de ellos. Pero los jueces son también guardianes de la estabilidad democrática, no extraterrestres que pasan por la vida sin rozarse ni mancharse.

Del equilibrio entre los poderes depende la vida democrática. Y en este próximo año, electoralmente trascendental, esa vida democrática va a ponerse a prueba en cuestiones fundamentales como la gobernabilidad de España. Incluso de su propia supervivencia como Nación.

Y no, no es una lucha entre ciudadanía y oligarquía. Es una batalla entre la histeria y el sentido común.