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CREE QUE EL EXTESORERO SE APODERÓ DE 300.000 EUROS DE LA CAJA B DEL PP

Anticorrupción pide 42 años para Bárcenas y 110 para Correa

Efe
viernes 16 de enero de 2015, 16:19h
Actualizado el: 18/01/2015 11:41h
Anticorrupción pide 42 años para Bárcenas y 110 para Correa
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 42 años y medio de cárcel para el extesorero del PP Luis Bárcenas por hechos de la "primera época" de la trama Gürtel, de 1999 a 2005, donde figuran 41 imputados, entre ellos el líder de la red Francisco Correa para el que pide la máxima pena, 109 años y 10 meses.
En el escrito de acusación, de 512 folios, presentado hoy en la Audiencia Nacional, Anticorrupción pide también mantener en este proceso al PP y a la exministra de Sanidad Ana Mato como partícipes a título lucrativo en los beneficios de la trama Gürtel, y solicita además que la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre declare en el juicio como testigo.

Para el PP, la Fiscalía pide, por tanto, en concepto de responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo en los beneficios obtenidos por Gürtel en los Ayuntamientos de Pozuelo de Alcorcón y Majadahonda, 328.440 euros, y a Mato, 28.468 euros por lucrarse supuestamente de los regalos que la trama hizo a su exmarido, el exalcalde de Pozuelo de Alcorcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, quien también figura entre los 41 imputados.

Además de Bárcenas, en esta pieza también están imputados los extesoreros del PP Ángel Sanchís, para el que la Fiscalía pide 8 años por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo, y Álvaro Lapuerta, para el que reclama 3 años por apropiación indebida y reclama 24 años y un mes de cárcel para la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

Después de Correa, las fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicolás, reclaman la siguiente mayor pena, 85 años y medio, para el considerado número 2 de la trama, el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, y para el contable de la red, José Luis Izquierdo, solicitan 43 años y 8 meses.

En cuanto a los dos exalcaldes imputados en esta pieza, para el de Majadahonda Guillermo Ortega piden 50 años y 10 meses y para el de Pozuelo Jesús Sepúlveda, 15 años y 4 meses.

En cuanto al exconsejero de Deportes del PP Alberto López Viejo, la petición es de 46 años de cárcel y que devuelva a la Comunidad de Madrid 430.228 euros: 341.430 euros por el sobrecoste de los facturado entre 2004 y 2008; 1.891 por la duplicidad del acto de colocación del Belén de 2005 y por duplicidad en la factura de tres atriles 86.976.

A todos estos imputados les acusa de decenas de delitos como asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad, contra la Hacienda Pública, cohecho, malversación, apropiación indebida y, en el caso de Bárcenas y su mujer, estafa procesal en grado de tentativa por tratar de justificar sus cuentas en Suiza con facturas falsas de supuesta compra venta de cuadros. La Fiscalía señala además a 25 responsables civiles por estos hechos, entre ellos el PP y Ana Mato y varias empresas.

299.650,61 euros

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el extesorero del PP se apoderó "como mínimo", entre 1999 y 2005, de 299.650,61 euros de la caja B del PP para después ingresarlos en cuentas bancarias abiertas en España y en Suiza.

Según las fiscales, Bárcenas incorporó a su patrimonio recursos del PP cuya administración tenía encomendada como gerente junto al que fuera entonces tesorero, entre febrero de 1993 y junio de 2008, el también imputado Álvaro Lapuerta, para el que piden tres años de cárcel por apropiación indebida. La Fiscalía calcula que Bárcenas se apoderó en esos años "como mínimo" de 299.650,61 euros que se ingresaron en cuentas bancarias abiertas en España y en Suiza y que procedían de "una contabilidad paralela o caja B del Partido Popular", gestionada por Bárcenas y Lapuerta.

Esa caja B, añade el escrito, "se nutría de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos y que eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas". De este modo, entre 2001 y 2003, Bárcenas "con el consentimiento de Álvaro Lapuerta, prevaliéndose de su cargo en la formación política y aprovechándose al efecto de la evidente opacidad que ofrecía la doble estructura contable creada por el PP", detrajo al menos 150.059 euros que ingresó en una cuenta en el banco suizo Dresdner Bank (actualmente LGT).

En 2005, "prevaliéndose de las mismas circunstancias y, especialmente, del secreto y ocultamiento de la doble contabilidad instaurada en la formación política", Bárcenas se apropió de 149.600 euros, que con la conformidad de su mujer Rosalía Iglesias (para la que piden 24 años y 1 mes) para pagar parcialmente unos inmuebles adquiridos por el matrimonio.

En esa ocasión, los fondos sustraídos a la caja B del PP "no declarados a la Hacienda Pública ni al Tribunal Cuentas" se produjo con motivo de la compra de acciones de Libertad Digital "decidida en el seno de la formación política con el fin de colaborar con esa sociedad ocultando el verdadero aportante de los fondos", hechos que se investigan en la pieza separada de los papeles de Bárcenas y que le valieron la imputación al exsecretario general del PP Ángel Acebes.

"Aprovechando la compra de acciones de Libertad Digital con fondos opacos", Bárcenas, con la anuencia de Lapuerta, dispuso el 24 de octubre e 2004 de 149.600 euros con los que adquirió 1.360 acciones a nombre de su esposa, quien conocedora de toda esta operativa se prestó a ello. Esas acciones se vendieron el 15 de marzo de 2005 a Francisco Yañez, fallecido hace un año, por el mismo importe, con lo que no se reintegró el dinero "a su verdadero propietario, el Partido Popular", sino que se lo quedó el matrimonio con el visto bueno de Lapuerta, ya que "no reclamó en ningún momento la reintegración de esos fondos". El matrimonio ingresó ese dinero en una sucursal de Caja Madrid (ahora Bankia) como pago parcial de la compra de unos inmuebles en la estación de esquí de Baqueira Beret.

En cuanto a la ocultación de la procedencia de esos fondos, las fiscales señalan que entre 2000 y 2009 "se consiguió principalmente a través de sociedades interpuestas, con la emisión de facturas ficticias, con el ingreso de las rentas en cuentas suizas y con su incorrecta declaración ante la Hacienda Pública como ganancias procedentes de supuestas compraventas de obras de arte".

Al estallar el caso Gürtel, en febrero de 2009, Bárcenas se dedicó a retirar activos de sus cuentas suizas "simulando operaciones comerciales para posteriormente" recuperar ese dinero "a través, en parte, de contratos ficticios".

Para ello Bárcenas contó con la colaboración del considerado como su testaferro Iván Yáñez, el extesorero Ángel Sanchís Perales (para el que la Fiscalía pide 8 años) y de su hijo Angel Sanchís Herrero.

Una de esas operaciones fue la simulación por parte de Bárcenas de la concesión de un préstamo de 3 millones de euros a su antecesor Ángel Sanchís, propietario de una finca de cítricos en Argentina llamada La Moraleja.

Con el fin de reintegrar esos fondos a Bárcenas, Sanchís y su hijo idearon "una compleja operativa" consistente en transferencias como supuestas retribuciones de un contrato de servicios simulado entre Bárcenas, en nombre de la sociedad de Conosur Land, y La Moraleja.

Otra parte de los fondos que obtuvo de forma ilícita Bárcenas, se cree que procedieron del dinero que le dio la trama Gürtel a cambio de contratos públicos
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