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TRIBUNA

Sobre la moderación constitucional, dos contraejemplos

martes 28 de abril de 2015, 20:24h
Cada sistema político tiene su correspondencia cultural o espíritu, entendiendo por tal tanto una determinada actitud de los individuos como un estilo de las instituciones, de modo que se produzca una concordancia entre el plano de las autoridades y la disposición de las personas. Las autocracias concentran el poder y exigen la obediencia ciega de los súbditos, dominados por el miedo. Las aristocracias atribuyen el dominio a una élite, inspirada por el honor. Las democracias organizan el gobierno de modo que sus distintos elementos se relacionan entre si cuidando que cada uno esté en su sitio (Madison); al tiempo que se generaliza en los ciudadanos la obediencia a la ley como pauta exclusiva de su conducta política. Hay en las democracias constitucionales una sintonía entre el plano institucional y el plano individual que consiste en la aceptación de la moderación como objetivo de conducta compartido. Las instituciones que se neutralizan, en el esquema de los cheks and balances, y el ciudadano que se somete de antemano a las leyes, aceptan el patrón indiscutido de la moderación como pauta racional del orden político.

Si se considera la moderación desde el prisma público, no estamos hablando de otra cosa que de la prohibición de exceso o desmesura, quiero decir, de estrépito o exorbitancia, de exhibición innecesaria de fuerza y poder. Sabiendo que la moderación no debe considerarse el resultado mecánico de la neutralización objetiva de los poderes del estado, pues su consecución ha de ser facilitada a través de la posición correspondiente, prudente diríamos, de cada autoridad. Desde la óptica privada, la moderación es autocontención, disposición a no maximizar el propio interés: especialmente renuncia a abusar de la ley, ateniéndose formalmente a ella precisamente para eludirla en su verdadero sentido.

Desde las premisas anteriores cabe denunciar como absolutamente impropia la detención que todos los ciudadanos hemos presenciado en directo la pasada semana: ni los términos de la misma, aludiendo al carácter vejatoriamente forzado con que fue llevada a cabo, ni su publicidad, en la medida que fue propiciada o al menos facilitada por una conducta no diligente del responsable judicial, respetan el canon de moderación a que deben atenerse en su actuación los órganos y autoridades del estado. Por lo demás la detención no solo contrarió palmariamente un principio constitucional, con ser esto grave, sino que se hizo con manifiesta quiebra de la propia legalidad procesal. El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece, según es sabido, “La detención y la prisión provisional deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio”.

En un estado de derecho es muy importante que el reproche social que una conducta ilegal merece sea en medida de lo posible la consecuencia, y no un anticipo ni mucho menos la sustitución, de una condena judicial. Otra cosa equivale sencillamente al linchamiento y a la ignorancia de la presunción de inocencia que en la forma civilizada de estado todos merecemos, también los delincuentes. No puede esperarse para la consecución de estos propósitos, ya miren a la regularidad de la actuación del poder público como al respeto de las exigencias de la dignidad de la persona (“la reputación del detenido” en el lenguaje de la benemérita Ley de Enjuiciamiento Criminal, que algunos tachan de vetusta sin saber lo que dicen) con la colaboración de los medios de comunicación cuya lealtad con el sistema no impondrá limites a su derecho al scoop y la maximización de la transparencia y su servicio al “derecho del público a saber”, como si estos objetivos no pudieran tener topes o modulaciones como los de cualquier derecho o principio en el orden constitucional (López Burniol). Como es obvio la dimensión publicitaria de una detención no puede ser ignorada por el responsable judicial de la misma, especialmente en un caso con la trascendencia social del que estamos hablando.

Me parece que el principio de la moderación, ahora desde la perspectiva individual, ha podido sufrir, a su vez, en el episodio de las incompatibilidades que afectan a dos conocidos políticos, que habrían simultaneado su escaño parlamentario con una actividad de asesoramiento a empresas adjudicatarias de obras públicas. Estoy de acuerdo con el gobierno en que quizás no es el momento de plantearse el fondo de la institución de la incompatibilidad parlamentaria, que desde luego no debe proponerse encapsular a la clase política, forzando su dedicación de por vida a la actividad publica, despegando al representante de sus vínculos con la sociedad. Soy por el contrario partidario de una idea amateur de la política, como actividad que debería ocupar solo unos años de la existencia de cada cual, de manera que se evitase la consolidación de intereses privativos y particularistas de los profesionales de la carrera. Esta idea de la dedicación pública fomentaría la renovación de los políticos, facilitando su relación con la sociedad e impidiendo su consolidación como casta diferente.

Pero, más allá de estas consideraciones teóricas, lo cierto es que las incompatibilidades pretenden asegurar la independencia del parlamentario, de modo que sus decisiones como representante solo obedezcan a las exigencia del interés nacional y no sean fruto corrupto de la sugerencia o imposición de quienes se encuentren en relación profesional o económica con el diputado o senador. Me parece que es fácil, sin el filtro de la moderación como actitud de decencia política, eludir las condiciones de la regulación parlamentaria en relación con las incompatibilidades, que no es un modelo de claridad, llena como está de excepciones y ambigüedades. En realidad, el régimen de incompatibilidades, según la LOREG y los reglamentos de las Cámaras, consiste en el ejercicio de la actividad privada, previa autorización (que no será necesaria en algunos supuestos) siempre que no se encuentre legalmente excluida.

Al final la garantía del funcionamiento de las incompatibilidades, como institución de protección de la libertad del parlamentario y de la dignidad de la representación nacional, depende de la ética del parlamentario y de la vigilancia, antes que nadie de su grupo político, sobre el cumplimiento de sus deberes estatutarios por el diputado o senador. O sea de su decoro, o según nuestro lenguaje, de su moderación.
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