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Secreto de sumario y responsabilidad

jueves 30 de abril de 2015, 23:57h
Ayer se debatía en el Congreso la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limitará la duración de los sumarios y redefinirá la figura -célebre en estos tiempos- del “imputado”, que pasará a llamarse “investigado”. Sin embargo, el protagonista seguía siendo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y sus palabras sobre la posibilidad de sancionar a aquellos medios que divulguen cuestiones bajo secreto de sumario. El tema, como bien reconocía el propio Catalá, provoca cada vez que se aborda “un encendido debate”. Tan es así que el ministro se ha visto obligado a desdecirse tres veces de sus declaraciones, cuando en realidad no ha hecho sino apelar al sentido común.

El secreto de sumario se justifica en la necesidad de llevar a cabo la investigación de hechos delictivos sin interferencias que los puedan desvirtuar. Levantado dicho secreto, las actuaciones de la justicia pasan a ser públicas, pero no antes. Un claro ejemplo es la instrucción de la trama Gürtel mientras la llevaba Baltasar Garzón, quizá el sumario más filtrado -especialmente a El País- de la historia judicial. No es censura, como muchos medios han interpretado de forma corporativista, sino responsabilidad.

También se sanciona la publicación de encuestas de intención de voto días antes de las elecciones y nadie ve eso como una limitación al derecho a la información. Pues tanto quienes filtran datos de un sumario cuando aún es secreto como quienes los publican vulneran unos cuantos derechos fundamentales -intimidad y tutela judicial efectiva entre otros, como bien recoge la Constitución-. Y a eso es a lo que se refería Catalá; quien, por cierto, no debería haberse achantado ante algo que -nunca mejor dicho- es de justicia.
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