www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

CRÓNICA DE AMÉRICA

La corrupción desestabiliza Guatemala

domingo 24 de mayo de 2015, 14:56h
La corrupción desestabiliza Guatemala
El presidente Otto Pérez Molina afronta una crisis institucional de imprevisibles consecuencias. Por Rafael Fuentes

La dimisión forzada de la vicepresidenta del Gobierno de Guatemala, Roxana Baldetti, este mes de mayo, tras ser acusada de importantes casos de corrupción, no ha aliviado la presión política contra el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, cada vez más acorralado y falto de apoyos ante la oleada de reclamaciones populares. En un primer momento, la sustitución de Roxana Baldetti pareció ser un bálsamo frente a la crispación ciudadana. Pero el surgimiento de nuevos casos o la difusión de detalles de los ya conocidos, con vínculos claros con el presidente de la República, han redoblado las protestas hasta alcanzar una movilización masiva que parece no tener fin. En la recta final de su actual mandato, la virulencia de las protestas contra los procesos de corrupción amenaza con una parálisis política del país centroamericano.

Otto Pérez Molina fue general del Ejército de Guatemala y tuvo una influencia decisiva para desactivar los golpes militares de las décadas de 1980 y 1990, y sentar las bases del actual orden democrático. Retirado de las tareas castrenses, fundó el Partido Patriota (PP), con el que ganó las elecciones presidenciales de 2011. En la segunda vuelta acaparó el 54 % de los votos, junto a Roxana Baldetti como aspirante a la vicepresidencia. Ese éxito en las urnas y el balance de su gestión presidencial, acaban de emborronarse de un modo irreversible por el caso de “La Línea”, que ha afectado de lleno precisamente a Roxana Baldetti. La investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) concluyó el pasado abril que existía una red de evasión fiscal dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, que se lucraba con los impuestos en el tráfico de mercancías en las aduanas. Señalaba, además, como máximo responsable de la trama a Juan Carlos Monzón.

La acusación -aún por probar judicialmente- provocó reacciones incriminatorias insospechadas. Juan Carlos Monzón, que acompañaba a Roxana Baldetti en Corea del Sur, se dio de inmediato a una extravagante fuga que incluyó destinos como España, Colombia y Honduras. Sin ninguna sentencia judicial, la huida alocada de Monzón ha actuado como una aceptación implícita de la incriminación de la Comisión Internacional. A los demás inculpados se les capturó de forma rápida y se les puso a disposición de los tribunales. Algo que no terminó con el trayecto político del escándalo. A su vuelta a Guatemala, Rosana Baldetti tuvo que enfrentarse a crecientes oleadas de descontento que apuntaban a los más altos mandatarios de la nación. Una presión tan generalizada que en pocas semanas hizo tambalear a la vicepresidencia. El Congreso de Guatemala y la Corte Suprema de Justicia dieron el visto bueno para anular la inmunidad asociada a su cargo y permitir que fuese sometida a un proceso judicial. Rosana Baldetti había presentado su dimisión como vicepresidenta del Gobierno y el Congreso la aceptó. Las calles se llenaron de manifestantes que esta vez expresaban su júbilo por la caída de la dignataria, que siempre ha reiterado su inocencia ante el caso de masivo fraude fiscal en las aduanas.

Se dan dos circunstancias llamativas en el comienzo de la crisis que en estos momentos vive Guatemala. En primer término, que la iniciativa en el esclarecimiento del escándalo haya recaído en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2006 como una institución independiente para investigar acciones ilegales dentro de los organismos estatales. Curiosamente, la izquierda consideró la CICIG como una entidad del capital internacional impuesta por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) para proteger sus inversiones en Guatemala. Acusaciones populistas de brocha gorda que acaban de ser desautorizadas por los hechos: la indagación llevada a cabo por el CICIG ha herido profundamente -quizá de un modo mortal- al partido de la derecha guatemalteca.

En las manifestaciones populares, por otro lado, se detecta un importante cambio de sensibilidad hacia las corruptelas y deshonestidad públicas. Sin duda, la izquierda ha aprovechado a fondo el clima de ira para agitar sus propias protestas. Pero la amplitud y la naturaleza de estas dan a entender que incluyen al electorado centrista y parte de la propia derecha, en un cambio de emotividad y talante colectivo hacia el viejo fenómeno de la corrupción. Una pancarta sintetizaba el espíritu que se respira en las calles de Guatemala: “No somos de izquierdas, ni de derechas, somos los de abajo y vamos a por los de arriba.” Un lema lanzado por Podemos en España y que parece tener eco en ámbitos hispanoamericanos. Pero más allá del sesgo populista y encubridor de la consigna, sí parece percibirse una reacción generalizada y mucho más rigurosa que antes contra la corrupción, sin considerarla un mal exclusivo de partidos de izquierda o de derecha en el espectro político. Algo que ya se detectó en la opinión pública en España hace años, y que se percibe en las reacciones observadas en Chile, Nicaragua y otros países iberoamericanos.

Quizá estemos ante un fenómeno que no tenga solo una radio de acción nacional, sino una onda expansiva que esté alcanzando dimensiones hispanoamericanas. Aunque de todos modos, el fragor adquirido en Guatemala -dentro de actitudes hasta hoy pacíficas en manifestantes y servidores del orden público-, no se entiende sin los descarnados problemas de fondo que afectan al país: el elevadísimo índice de criminalidad, las reivindicaciones indígenas, el desempleo y la terrible emigración hacia Estados Unidos, vía México, conocida como “el viaje de la muerte”:

La renuncia de Roxana Baldetti no ha cambiado en modo alguno la coyuntura, y en cierto modo la ha exacerbado. Un nuevo fraude ha monopolizado los informativos. Se trata de un presunto desfalco de más de catorce millones de dólares en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por el que han sido detenidos altos funcionarios, como el presidente del Banco de Guatemala, Julio Suárez, o el presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, amigo personal y antiguo secretario privado del presidente de la República. Las movilizaciones populares se han intensificado y ahora se pide la cabeza de Otto Pérez Molina, por momentos más aislado en una situación fuera de control. Como última maniobra, Pérez Molina acaba de destituir a tres ministros, los de Gobernación (Interior), Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Energía y Minas, además de al jefe del servicio de inteligencia. Al ministro de Gobernación, Mauricio López, se le veía como un hombre de confianza y mano derecha en el Gobierno de Pérez Molina. Mientras, los más radicales en la calle están exigiendo ya el fin de la Constitución y la apertura de una Asamblea Nacional constituyente que refunde el Estado.

La purga en el Ejecutivo posee todo el aspecto de un intento desesperado para aplacar la cólera popular y acallar con carne política a sus perseguidores. Una táctica tan inoperante como la renuncia a su cargo de Roxana Baldetti. Otto Pérez Molina debe asumir la crisis institucional que vive Guatemala si desea frenar el deterioro político del país. Adelantar, aunque solo sea en unos meses, las elecciones generales -quizá con otro presidente en funciones al frente- y favorecer una renovación democrática de las instituciones de la nación, se presentan como la única vía sensata para impedir que la situación fortalezca a los radicales y derive en un conflicto de muchas más graves consecuencias.