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INHABILITADO POR UN DELITO DE DESOBEDIENCIA

León de la Riva, condenado: no podrá optar a la Alcaldía

Efe
viernes 29 de mayo de 2015, 11:00h
Javier León de la Riva, alcalde en funciones de Valladolid, ha sido condenado por un delito de desobediencia que supone su inhabilitación para ocupar un cargo público. El 'popular' no podrá optar a la reelección al frente del Ayuntamiento.
Javier León de la Riva. Efe
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Javier León de la Riva. Efe
El alcalde en funciones de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), ha sido condenado este viernes por un delito de desobediencia judicial por incumplir una sentencia, lo que supone su inhabilitación inmediata para ocupar cargo público de regidor o de concejal durante trece meses.

Aunque la sentencia no es firme sí supone la inhabilitación inmediata, aunque luego De la Riva la pueda recurrir, y además el fallo del juzgado de lo Penal 2 de Valladolid, dictado y conocido este viernes, también condena al regidor en funciones de la capital vallisoletana a pagar una multa de 12.810 euros.

En sus 36 folios, el juzgado constata que existió una "reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo sin dar cumplimiento al mandato" judicial de restituir la legalidad urbanística en un edificio. También recoge el fallo el "propósito de incumplir" del regidor, que se revela "de manera implícita por el reiterado actuar del acusado opuesto al acatamiento de una orden".

El regidor en funciones de Valladolid todavía no ha desvelado cuál será su futuro político después de que en las elecciones del pasado domingo el PP se quedara a tres concejales de la mayoría absoluta y de que el PSOE haya llegado un acuerdo con otras dos fuerzas de izquierda para gobernar.

La sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, arguye que el acusado "pese a ser conocedor del contenido de la sentencia fecha 28 de abril de 2008" y haber "sido requerido por la autoridad judicial", hasta en dos ocasiones, de las consecuencias de su incumplimiento, "no cumplió la orden de cese de la utilización de las constricciones afectadas por la sentencia".

Los hechos se remontan al 2008, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad declaró ilegal la rehabilitación de un céntrico edificio de Valladolid, en el que el alcalde tiene su vivienda, y obligó a restituir a su estado original, entre otros elementos, unos trasteros convertidos en áticos, lo que no se cumplió hasta 2014, cinco años después y tras cinco requerimientos al regidor para que lo hiciera.

El juzgado de lo Penal 2 de Valladolid también sostiene que el entonces alcalde "desatendió de forma conveniente e interesada el cumplimiento de las resoluciones judiciales relativas a la reconstrucción" de los elementos "ilegalmente demolidos o modificados".

La sala reconoce que "sólo a partir del requerimiento personal hecho al acusado" en marzo de 2011 se llevó "a efecto el intento de cumplimiento de la sentencia en sus justos términos", y también avala las declaraciones de regidor en la vista celebrada el pasado 27 de abril de que "surgieron dificultades técnicas que retrasaron ese momento".

Insiste el tribunal en que, "pese a ser conocedor del contenido de la sentencia", León de la Riva "desatendió de forma conveniente e interesada el cumplimiento de las resoluciones judiciales", con "actuaciones meramente formales, sin asumir directamente la ejecución".

La sentencia incide en que el alcalde actuó por delegación en la mayor parte de los casos, "sin la especial diligencia que exigía el cumplimiento de los requerimientos judiciales".

La jueza del caso, Evelia Marcos, también refleja "un evidente interés profesional como Alcalde, por el innegable cuantioso coste económico que la ejecución de la sentencia "en sus justos términos" supondría para el Ayuntamiento".

No aprecia la jueza un delito de desobediencia continuada como planteó la acusación popular, que llevó la federación de vecinos de Valladolid.

En el juicio, el alcalde de Valladolid alegó que desde el primer momento pidió que se cumpliera a la mayor brevedad la sentencia y concluyó su intervención final preguntándose qué ganaba él no cumpliendo.

En sus conclusiones finales, la fiscalía pidió quince meses de inhabilitación y una multa de 3.600 euros, mientras que la acusación popular elevó a dos años la petición de inhabilitación, con una multa de 63.875 euros; y la defensa reclamó su absolución, alegando que la sentencia estaba cumplida desde 2013 "a plena satisfacción de la sala" y que no hubo voluntad de incumplir.

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