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CRÓNICA DE AMÉRICA

Las FARC piden la Luna en La Habana

martes 02 de junio de 2015, 11:58h
La narcoguerrilla trata de doblegar a la democracia. Por Rafael Fuentes
Las FARC piden la Luna en La Habana
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, acaba de redoblar su campaña contra la negociación en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incidiendo en el retorno pleno a las hostilidades bélicas en esta última semana y el fracaso -muy previsible- de la teoría del “desescalamiento” del conflicto” propugnado por el presidente Juan Manuel Santos. Las palabras de Uribe en la emisora de máxima audiencia Caracol Radio han sido muy duras: “Los colombianos viven en una guerra civil entre dos Estados, uno liderado por Juan Manuel Santos y otro por la guerrilla de las FARC”.

Una declaración que resume muy bien el momento en el que se haya la mesa de negociación en La Habana. Pero que no se corresponde con la situación real en el campo de batalla. Aunque la espiral de violencia haya retornado con toda su furia en bosques y selvas del país, todo está dispuesto en la capital cubana para una pronta firma de los acuerdos, solo retrasados por las nuevas exigencias de las FARC surgidas durante el “desescalamiento” -bajada de intensidad- de la guerra sobre el terreno. Ahí los narcoguerrilleros han pasado a comportarse, en efecto, como un Estado que negocia un acuerdo de paz con otro Estado en pie de igualdad. Los hechos constatan que los altos el fuego favorecen las posiciones políticas de la guerrilla comunista y que el combate la lamina. Por este motivo, la vuelta a la guerra abierta es el único factor que puede acelerar la firma de un compromiso en el tramo final de las conversaciones.

Las autoridades colombianas no pueden perder de vista en ningún instante que fueron las sucesivas derrotas militares sobre el terreno, durante el mandato de Uribe, las que en realidad llevaron a las FARC a la negociación que ahora agota sus últimas etapas. La guerra abierta hace sentir a las FARC la supremacía del ejército nacional colombiano, en torno a medio millón de soldados bajo el poder democrático que se han ganado la simpatía de la mayoría de la población y que cuenta con unidades especializadas entrenadas y pertrechadas por Estados Unidos. Las FARC, cada vez más repudiadas por la ciudadanía colombiana y mermadas a solo unos 7.000 efectivos, no tienen ninguna opción de una victoria militar que en otros tiempos soñaron.



Esa brutal inferioridad bélica encuentra un alivio en las treguas -las que se acordaron en anteriores procesos de paz o la que implícitamente se estaba instaurando en este tramo final de las negociones-, que le proporciona a la narcoguerrilla un poder político que de otro modo no tendría. Con las operaciones militares paralizadas o ralentizadas, las FARC disponen de un cómodo margen de maniobra para incrementar el lucrativo tráfico de cocaína, que, con distintas ayudas, sin excluir la del chavismo de Venezuela, les suministra suculentos ingresos. Del mismo modo, cuando la actividad bélica decae, la infiltración de las FARC en los movimientos sociales se incrementa exponencialmente: movilizaciones de poblaciones indígenas, ahora una incipiente articulación política de los afrodescendientes, levantamientos contra explotaciones de materias primas, hostilidad hacia la industria turística, reivindicaciones del campesinado y de grupos que se mueven en los límites de la exclusión, o que han conocido en la emigración prestaciones sociales europeas y que al regresar no encuentran una redistribución de la riqueza similar, constituyen corrientes que las infiltraciones de las FARC radicalizan, coordinan y le dan un sesgo revolucionario antisistema, tanto más eficaz si la acción en el campo de batalla es más suave o nula.

Son estas circunstancias las que han llevado a las FARC a sucesivos altos el fuego, coronados por el último e insidioso alto el fuego definitivo de las últimas navidades que acaban de romper. Su objetivo era arrastrar al presidente Santos a un alto el fuego bilateral, propósito en parte conseguido con el proceso de “desescalamiento” iniciado por el Gobierno colombiano. Con esa meta casi lograda, las FARC volvieron a poner sobre la mesa su programa máximo, en la práctica inasumible, como si de un Estado soberano se tratase. Actitud que ha malogrado una firma ya inminente. Nada de asunción de culpas, nada de rendir cuentas a la justicia y nada de tribunales internacionales. Sí una transformación estructural del sistema productivo obtenida en los tratados de La Habana, en vez de alcanzarlo mediante las urnas en unas elecciones libres. Y, para terminar, el punto final a la actual democracia colombiana, para abrir un periodo constituyente donde el alto el fuego no supondría el desarme y la entrega de las armas, sino una fase política vigilada por los guerrilleros en tregua pero armados para garantizar que el proceso se cumple en los términos que ellos defienden. No es de extrañar que la mayoría de la ciudadanía colombiana rechace una paz en estas condiciones, convertida en cesiones inaceptables del orden democrático por la puerta de atrás. Tampoco es insólito que la postura de Álvaro Uribe coseche en las encuestas una nutrida aceptación, ni que le resulte tan difícil a Juan Manuel Santos convencer a sus conciudadanos de las bondades del acuerdo que está dispuesto a firmar de modo inminente.

Ni siquiera el argumento de que la firma de un tratado de paz traería un gran crecimiento económico se sostiene tras un sosegado análisis. Cierto que las onerosas partidas dedicadas a la guerra se podrían orientar a gastos más productivos. Pero la floreciente economía colombiana de los últimos años ha basado su envidiable desarrollo en una política liberal donde la Alianza del Pacífico y los Tratados de Libre Comercio, por ejemplo con Estados Unidos, han dinamizado la riqueza del país de manera radical. Un acuerdo de paz que implique cortapisas a las empresas multinacionales para comercializar las materias primas, un estrangulamiento de los Tratados de Libre Comercio y una reforma agraria asfixiante, no van a traer prosperidad a Colombia. Lo que se ahorre en el esfuerzo de la guerra, se perderá mucho más en la economía nacionalista que se proponen imponer las FARC sin pasar por elecciones. Esa paz que propugnan implantar actuando como un Estado soberano posee un horizonte económico catastrófico en los términos ahora planteados.

La situación de semialto el fuego bilateral ha saltado por los aires, como era de esperar, dado su carácter ficticio y estratégico. Desde que declararon el cese de acción bélica en Navidades, las FARC, en realidad, llevaron a cabo al menos 21 incursiones violentas, según contabilizó el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), realizadas en departamentos tan diversos como Caquetá, Cauca, Putumayo, Chocó, Arauca, La Guajira, Tolima, Nariño…, lugares donde la extorsión y las actividades ilícitas siguieron su curso habitual. El atentado más brutal se produjo el día 15 del pasado abril -como informamos en esta misma sección-, en plena tregua, cuando una unidad del ejército colombiano fue emboscada y masacrada mientras dormía. Los militares habían relajado sus medidas de alerta al encontrarse en una etapa de alto el fuego. Las FARC actuaron con particular saña. Se duda que la orden proviniese de La Habana y lo más probable es que el ataque se produjera por decisión autónoma de la columna guerrillera que lo ejecutó, ya que los militares colombianos se habían instalado en la vía de salida de los alijos de droga hacia los puertos del Pacífico. Algo que da idea de la falta de compromiso de muchos narcoguerrilleros con lo que sucede en la capital cubana y su actitud ante posibles tratados de paz: para muchos, seguir controlando el narcotráfico, fuertemente armados y disciplinados en las guaridas de la selva puede ser más atractivo que ejercer un empleo como un ciudadano más.

Un ejército como el colombiano que, después de haber comenzado a vencer en esta durísima contienda, estaba desplomándose en un trance de desmotivación, no podía pasar por alto un agravio de este calibre. El presidente Santos autorizó que el 22 de este pasado mayo, se bombardease a una columna de las FARC en Guapí, zona no muy lejana a la emboscada guerrillera, con el resultado de 26 insurgentes muertos. Las FARC decidieron que el cese del fuego definitivo había llegado a su fin, llevando a cabo hasta el momento doce acciones ofensivas y sufriendo nuevos bombardeos y acometidas del ejército que ha hecho sentir su superioridad. Solo en esta línea, Santos tiene la oportunidad de poner en su sitio a los negociadores de La Habana y hacerles ver que no son jefes de Estado con capacidad de imponer su programa político mediante las artimañas de la negociación. El alto el fuego ha mostrado su carácter de ardid estratégico. El “desescalamiento” del conflicto aparece como una hábil trampa en la que el mandatario colombiano estaba dejándose enredar motivado por su buena fe sin darse cuenta a dónde le conducía. Se vuelve ahora a las premisas con que se iniciaron los diálogos: los combates siguen y la negociación continúa su curso en Cuba. Una circunstancia dura pero que se corresponde con la verdadera naturaleza de la situación.

Juan Manuel Santos había ultimado los detalles para una inmediata firma con las FARC. Había logrado apoyo diplomático del Vaticano, de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) a favor del acuerdo. Igualmente había conseguido comprometer partidas presupuestarias norteamericanas y europeas para sufragar las reparaciones a las víctimas, así como un convenio con Francia para que la Gendarmería asesorase en la formación de un cuerpo policial que controlase las inmensas áreas rurales abandonadas hoy a la ley de la guerra. Había también puesto en marcha un acercamiento a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que se sumase a las resoluciones de La Habana. Del mismo modo ha incorporado a la mesa al líder empresarial Gonzalo Restrepo, encargado de buscar empleos para los guerrilleros desmovilizados y a la ministra de Asuntos Exteriores, María Ángela Holguín, para acomodar los acuerdos de paz a los convenios internacionales.

Aquí saltó de nuevo la arrogancia de las FARC que han venido comportándose como un Estado soberano que no acepta tratado internacional alguno. Un punto clave es la Corte Penal Internacional obligada a juzgar los crímenes de lesa humanidad, por encima de lo que dictaminen los tribunales nacionales. La reacción de los cabecillas de las FARC ha sido bestial. Sin ir más lejos, Iván Márquez ha declarado al diario El Espectador: “El tema de la justicia es una mula muerta en el camino de la paz”. Al mismo tiempo, Pastor Alape asevera con más suavidad al rotativo El Tiempo: “Aquí tenemos que cerrar las heridas de todos. De lo contrario aquí no va a haber paz. No llevando a la cárcel”.

Con circunloquios altisonantes, lo que proponen ambos líderes revolucionarios es que en vez de tribunales de justicia haya, como solución alternativa, una Comisión de la Verdad –como si las FARC fueran análogas a la población negra segregada en Sudáfrica-, ofreciendo nada menos que al Estado un salvoconducto de impunidad a cambio de obtener ellos mismos su propia impunidad. Sin lugar a dudas, la larga estadía en las selvas produce cuadros delirantes. No está en las manos de Santos perdonar los crímenes de guerra, como tampoco está en las de las FARC ofrecer o quitar absoluciones a un Estado democrático.

El presidente debería tener claras líneas rojas en estos asuntos. Si firma en La Habana algún acuerdo de impunidad, si transige en que se abra un periodo constituyente, si acepta que este lo vigilen los guerrilleros armados en un alto el fuego bilateral, si se alteran los tratados y el sistema productivo, habrá firmado un Tratado de Paz en La Habana que será simple papel mojado en Colombia. La población no asumiría un desenlace de esta índole, la democracia colombiana no se arrodillaría ante condiciones inasumibles para los ciudadanos, para el sistema productivo, para el propio ejército. Y la guerra no se habría sofocado, sino que se emprendería de un modo incontrolado. Mantener la supremacía en el campo de batalla y estar dispuesto a levantarse de la mesa de negociación si la obcecación a veces alucinada de la narcoguerrilla no cede en lo razonable, son actitudes que favorecerían la paz. Bien sea en La Habana, bien sea en los últimos refugios de una guerrilla de otros tiempos que la historia del siglo XXI condena a desaparecer.