Hallados los restos de 60 campesinos ejecutados por el Ejército peruano

Lamilla, director regional de la ONG Paz y Esperanza en Ayacucho, partió hoy junto a los fiscales y forenses que llevan el caso de Putis, desde Huamanga, la capital de Ayacucho, hacia la remota Putis, acompañados por un grupo de corresponsales de prensa extranjera que conocerán detalles de una de las peores matanzas perpetradas durante la guerra interna peruana (1980-2000), que dejó casi 70.000 muertos.

Las autoridades, que comenzaron a excavar la primera de las cinco fosas de Putis el pasado 17 de mayo, no han confirmado aún el número exacto de víctimas y también tomarán muestras de saliva a los familiares para someterlas a pruebas de ADN y así poder identificar a los desaparecidos.

Según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), emitido tras el largo conflicto interno peruano, al menos 123 personas, entre hombres, mujeres y niños de las localidades de Cayramayo, Vizcatampata, Orccohuasi y Putis, fueron ejecutadas extrajudicialmente en diciembre de 1984 por militares en el marco de la lucha antiterrorista.

Ese año, cuando gobernaba el presidente Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), el Ejército había establecido una base en Putis para luchar contra la banda Sendero Luminoso, que había incrementado sus acciones en la zona y obligado a los campesinos a huir de sus viviendas.

Los pobladores retornaron a Putis al amparo de la protección que les habían ofrecido los militares.

Sin embargo, una vez en Putis fueron reunidos en una escuela local y a los hombres se les ordenó construir, entre otras obras, una piscifactoría, que resultó ser una tumba masiva para todos ellos, según testimonios recogidos por la CVR.

La masacre de Putis es una de las más significativas del conflicto peruano por el elevado número de muertos a manos de los militares "en un sólo evento" y enterrados en un solo lugar, acotó a Efe el director de Paz y Esperanza en Lima, Germán Vargas. También porque se perpetró "a base del engaño de ofrecer protección a la población", añadió Vargas.