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Patología constitucional: una crisis de manual

Alfonso Cuenca Miranda
martes 07 de julio de 2015, 18:27h
Es ya un tópico afirmar que la realidad supera siempre a la ficción, aunque no por ello deja de ser menos cierto en relación con los más diversos ámbitos de la vida social e individual. La patología constitucional o, más ampliamente, política es una prueba de ello, ya que, de cuando en cuando se producen supuestos de hecho no previstos, no ya por los propios textos constitucionales, sino incluso por los más acrisolados tratadistas y estudiosos de la materia. Tal es lo que ocurrió hace ahora cuarenta años en Australia, donde se produjo la mayor crisis constitucional de dicho país-continente en su corta historia, con actores y escenas dignas del mejor guión de “House of Cards”. Si bien algunos todavía podrán evocar lo que allí sucediera, conviene recordar los hechos acaecidos pues son más los que por edad, por el tiempo transcurrido o por alejamiento geográfico-vital de nuestras antípodas no los conocen.

La exposición del argumento del drama dista de ser sencilla, toda vez que los factores, actores, y actuaciones de los mismos son complejos y se entremezclan haciendo difícil en ocasiones seguir la trama. Una serie de peculiaridades del sistema constitucional australiano deben ser tenidas especialmente en cuenta, por cuanto que explican buena parte de lo ocurrido. En primer término, y ante todo, Australia es nominalmente una monarquía en la que la jefatura del Estado es ejercida por delegación de la Reina de Inglaterra por un gobernador general. Éste es nombrado y cesado formalmente por la Reina a propuesta (irrechazable) del primer ministro australiano. Por su parte, este último puede ser cesado por el gobernador general. Es decir, ambas figuras (lo cual es muy infrecuente en el derecho constitucional comparado) pueden “destruirse mutuamente”: la clave estará en quién “dispare primero”, tal y como sucedería en el episodio relatado. De otro lado, cabe recordar que Australia tiene un Parlamento bicameral, con una Cámara Baja de representación popular y un Senado con igual representación de los Estados de la Federación (12 escaños por cada uno). A semejanza de lo que ocurre en Estados Unidos, el Senado se renueva parcialmente, en el caso australiano por mitades cada tres años (el mandato de cada senador es de seis). Con todo, se contempla la posibilidad de una disolución total en caso de desacuerdo con la Cámara Baja en relación con los proyectos financieros-presupuestarios (appropiations), siempre que así lo proponga el primer ministro al gobernador general. Respecto a los referidos proyectos ha de indicarse que (a diferencia del sistema español) el Senado no puede enmendar pero sí denegar su acuerdo, lo que únicamente sería salvable si tras la celebración de la elección total, de persistir el desacuerdo entre Cámaras, aprobara el proyecto la correspondiente sesión conjunta bicameral (en la que la Cámara Baja tiene una posición preponderante al ser más los diputados que los senadores).

En el caso que nos ocupa la “acción” comenzó con el ascenso al poder (1972) de los laboristas australianos tras 23 años de ausencia, liderados por el nuevo premier Whitlam, cuyo gobierno emprendería un ambicioso programa de reformas, algunas de ellas bloqueadas en el Senado, controlado aún por la oposición de la coalición liberal-conservadora. Esto provocó que el primer ministro propusiera la doble disolución, arrojando el resultado de las elecciones (mayo de 1974) un panorama en el que se conservaba la mayoría laborista en la Cámara de Representantes, aunque fuertemente disminuida, en tanto que en el Senado la Coalición y los Laboristas quedaban empatados (29-29), teniendo el voto decisivo dos independientes. En julio de ese año jura su cargo el nuevo gobernador general, Sir John Kerr, a propuesta de Whitlam. El primero, antiguo presidente del Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur, y renuente inicialmente a dejar tal cargo (de diez años), había aceptado con la condición- compromiso de Whitlam de ser renombrado una vez concluido su primer mandato (cinco años), a lo que se añadió el establecimiento de una pensión en su favor o de su viuda una vez concluido el mismo. Por otra parte, tal y como establece la Sección 57 de la Constitución, tras celebrarse las elecciones a las dos Cámaras la correspondiente sesión conjunta (6-7 de agosto de 1974) aprobó los proyectos otrora bloqueados.

Los siguientes meses vinieron marcados por la controversia sobre diversas vacantes senatoriales y el modo en que afectaba al equilibrio en la Cámara Alta y, por ende, de todo el sistema. De hecho, fueron errores del propio Whitlam los que desencadenaron buena parte de sus problemas posteriores al designar a un senador laborista para un cargo judicial. El gobernador de Nueva Gales del Sur entendió que la convención que hasta entonces obligaba a cubrir la vacante con un candidato del mismo partido sólo se aplicaba a los casos de muerte o incapacidad, designando a un independiente. De otra parte, el candidato propuesto por los laboristas para cubrir la baja producida por el fallecimiento de un senador de Queensland encontró el rechazo de la Cámara estatal (se denunció que en el pasado aquél había llegado a provocar un incendio en una escuela durante un conflicto laboral), que procedió a elegir a un candidato laborista contrario a Whitlam, lo que en último término desembocó en una impugnación judicial del nombramiento de este último. Por lo tanto, la mayoría en el Senado era ahora conservadora (30-29), con un escaño “sub iudice”. La cuestión, lejos de simplificarse, se complicó aún más cuando una resolución del Tribunal Supremo avaló la posible celebración inmediata de elecciones para cubrir las dos vacantes polémicas y cuatro escaños otorgados mediante ley a los dos territorios de la Federación australiana, hecho que podía hacer cambiar la mayoría en el Senado en favor de los laboristas.

A partir de ahí nos encaminamos hacia la “tragedia”. La oposición comenzará a bloquear los proyectos financieros en el Senado, entre ellos los que posibilitaban la ejecución del Presupuesto, exigiendo a cambio del desbloqueo la convocatoria de elecciones a la Cámara de Representantes junto con las de la mitad del Senado. Whitlam se mantendría firme en su negativa, a pesar de las soluciones de compromiso (mantenimiento de la correlación de fuerzas en el Senado a cambio del desbloqueo legislativo) que le propuso, entre otros, el gobernador general. Todo ello aderezado con la publicación de diversos escándalos de corrupción protagonizados por miembros del gobierno federal. A ello debe añadirse las duras críticas que el gobernador de Queensland, rompiendo una convención constitucional, dirigió al gobierno federal, lo que provocaría que Whitlam iniciara un proceso de revocación de la “comisión durmiente” por la que se había designado a aquél como sustituto del gobernador general en caso de vacante, proceso culminado exitosamente con Buckingham en un lapso de diez días. Llegados a este punto, el gobernador Kerr realiza consultas informales y secretas (entre ellas al presidente del Tribunal Supremo) sobre la posibilidad constitucional de destituir a Whitlam ante su negativa a proponer la disolución de la Cámara Baja y la imposibilidad de sacar adelante el Presupuesto. En este sentido, cabe subrayar que, si bien el tenor literal de la sección 64 de la Constitución australiana permite el cese del primer ministro por decisión del gobernador, su realización efectiva se contradice con la praxis de los modernos sistemas parlamentarios, en los que el Jefe del Estado queda acantonado en funciones simbólico-representativas. La actitud de Kerr en esos días finales ha sido objeto de controversia: se ha valorado positivamente la resolución dada por el mismo a la crisis; sin embargo se le acusaría de no haber “ido de frente” con respecto al premier, si bien tampoco cabe olvidar que, por las peculiaridades del sistema constitucional australiano, éste podría haber disparado primero proponiendo su remoción.

El acto final del drama se desarrolla en un día significativo, el 11 de noviembre, conmemoración del fin de la I Guerra Mundial. Tras las celebraciones protocolarias, el Gobernador cita en su residencia oficial a los dos principales líderes políticos (Whitlam y Fraser). Por azar del destino, llega primero el líder conservador, cuyo coche es “apartado” de la zona de entrada, no siendo advertida su presencia por Whitlam, quien llega pocos minutos después. En una tensa reunión entre Whitlam y Kerr, éste le comunica que le cesa como primer ministro y que va a encargar la formación de un nuevo gobierno al líder de la oposición (que espera en una sala contigua) con el fin de que proceda a convocar elecciones. Pocos minutos más tarde, y antes de que los parlamentarios conozcan la noticia, el Senado aprueba los proyectos financieros (de haberla conocido los laboristas no hubieran dado su placet). Una vez difundido el cese de Whitlam, en las horas siguientes se suceden intentos desesperados en la Cámara Baja para revertir la situación. Así, se aprueban distintas mociones de censura o no confianza en relación con el nuevo gobierno. El Presidente de la Cámara visita el gobernador para comunicarle la retirada de la confianza a Fraser y la necesidad de renombrar a Whitlam, pero Kerr, que ya ha firmado el correspondiente documento, le informa de que la disolución ya es un hecho (“prior in tempore potior in iure”). La escena adquiere tintes cinematográficos cuando el comisionado del gobernador, que ha de cumplir con la formalidad de comunicar a los diputados el decreto de disolución, debe acceder al Parlamento por una puerta lateral al encontrarse la principal bloqueada por los manifestantes pro laboristas que se agolpan ya en sus puertas. Un postrer intento del Speaker, realizado al día siguiente, de que la Reina revocara lo actuado recibirá como respuesta de su secretario Privado “lo inadecuado para aquélla de intervenir en persona en materias situadas tan claramente dentro de las competencias del gobernador general por la Constitución”. El epílogo se redactaría en las elecciones celebradas en diciembre de 1975, que supusieron la obtención por la coalición conservadora de la mayoría en ambas Cámaras y el fin político de Whitlam.

Hasta aquí los hechos. Las enseñanzas del caso son múltiples. Una de ellas es que la razón de ser del Derecho es solucionar controversias y para ello debe prever con anticipación todos los posibles escenarios, por muy descabellados que puedan parecer a priori. La crisis de 1975 provocó reformas en Australia, especialmente en el modo de cubrir las vacantes senatoriales, aunque (respondiendo por otra parte al modelo británico) se dejaron cuestiones por resolver. La resolución de tal tipo de problemas en todo tiempo y lugar dependerá, en última instancia, del sentido de Estado de los actores políticos y, sobre todo, de la madurez democrática de una sociedad. Como señalara Voltaire, la Historia jamás se repite, los hombres siempre.
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