El Gobierno lleva meses impartiendo y advirtiendo sobre el artículo 155 de la Constitución, pero no tiene intención de aplicarlo ni cree que vaya a ser necesario. La Ley de Seguridad Nacional, que apoyan PP y PSOE, da al presidente del Gobierno plenos poderes ante una declaración unilateral de independencia. Antes que eso, están las posibles fisuras legales del 'proceso' y principalmente, las urnas.
Artículo 155 de la Constitución española:
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
El
artículo 155 es aplicable y, de hecho, empieza a casar con la crisis abierta en Cataluña, que será coronada con unas elecciones que el Gobierno de
Artur Mas plantea plebiscitarias, aunque no vaya a reconocerlo así en el texto de una convocatoria oficial que se persigue que sea inexpugnable legalmente.
El Ejecutivo central no contempla recurrir al 155; le sirve de advertencia hacia los promotores de la independencia, pero es consciente de gozar de mecanismos alternativos, unos presentes a la llegada de
Mariano Rajoy a la Moncloa y otros, generados durante el mandato a propósito de la coyuntura.
La
Ley de Seguridad Nacional, anunciada como solución ante atentados o catástrofes naturales, es considerada por reputados juristas también como un 155 por decreto. De hecho, habilita al presidente a asumir competencias autonómicas sin necesitar siquiera de control parlamentario, como obliga la Carta Magna.
Las urnas pueden hacer el trabajo Moncloa no echaría mano de este recurso salvo declaración unilateral de independencia. Antes, Abogacía del Estado o Tribunal Constitucional están pendientes de que el proceso hacia el
27-S pueda tener grietas. Aunque no fuera así, las urnas podrían hacer el trabajo de quienes no desean una secesión.
Hasta la fecha, los sondeos más optimistas dan la victoria pero no la mayoría al bloque soberanista, con la duda de hacia qué lado se decantará
Cataluña en Común, que valora dar libertad a sus diputados para que se sumen o no a la aventura capitaneada por Mas.
En todo caso, el 155, en vigor, es un artículo dormido que difícilmente despertará; en primer lugar, por las variantes que el Estado tiene a su disposición y en segundo, porque el camino es largo y el 'proceso' puede caerse varias etapas antes de lo previsto sin tener que acudir a medidas extraordinarias.
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