El papel de la oposición es tan claro como legítimo, y absolutamente imprescindible en una democracia. Sin embargo, sería deseable y le daría mayor consistencia si se llevara a cabo con una mínima coherencia con los presupuestos que esa misma oposición defiende. No parece que este sea el caso del PSOE en el asunto, sin duda de enorme importancia, de una posible reforma constitucional. La formación que lidera Pedro Sánchez aprovecha cualquier ocasión para abogar por esa reforma, acusando al Gobierno del PP de cerrarse en banda a ella. Pero ahora, cuando el Ejecutivo ha cambiado de postura al respecto, no ha obtenido otra cosa que críticas.
Hace poco el ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló claramente que el Gobierno está dispuesto a introducir modificaciones en la Carta Magna, pues, transcurridos treinta y siete años desde que entró en vigor la Constitución que en 1978 se dieron a sí mismos los españoles, resulta conveniente abordar algunas cuestiones, entre las que el ministro citó una mejor definición del Estado de las Autonomías y de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, en el sentido de reforzar los mecanismos de coordinación y cooperación, el tema del aforamiento, o revisar en la sucesión de la Corona la preferencia del hombre sobre la mujer. Asimismo dejó claro que esa posible reforma se haría -como naturalmente debe ser- con el criterio del consenso.
Los socialistas se han lanzado contra el Ejecutivo, tachando a Rajoy de irresponsable por mostrarse ahora abierto a esa reforma. “Llega tarde y mal y a rastras” ha declarado Isabel Rodríguez, secretaria general adjunta del grupo socialista en el Congreso, acusando también al PP de electoralismo. A las críticas del PSOE, se ha sumado Ciudadanos, cuyo secretario de Organización y Relaciones con Partidos Políticos, José María Espejo-Saavedra, ha llegado a decir que la disposición de Mariano Rajoy es “una ocurrencia de verano” que “carece de toda credibilidad”. Más bien parece que el PSOE y Ciudadanos son los que actúan en clave electoralista. La apertura del Ejecutivo a la reforma es un compromiso, que priva a los partidos adversarios de recurrir a la cantinela referida al inmovilismo del PP, que tanto juego podría darles en la cada vez más cercana campaña electoral. En un asunto de esta transcendencia, todos los partidos deberían dejar de tirarse los trastos a la cabeza y sentar las bases de un acuerdo.
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