Ucrania, una "hostilidad estable" sin atisbos de solución

El pasado 15 de febrero, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés François Hollande, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de Ucrania Petro Poroshenko daban su visto bueno, tras 17 horas de tensas negociaciones, a lo que se ha denominado como los Acuerdos de Minsk, un pacto entre Kiev y las milicias prorrusas para llevar la paz a la región oriental de Donbás, el territorio secesionista que ocupan las repúblicas 'rebeldes' de Lugansk y Donestk.

Con esta firma, todos los actores implicados pretendían normalizar la situación en sendas provincias, que meses antes habían autoproclamado su independencia, y alcanzar un alto el fuego que propiciara un clima de diálogo favorable para todas las partes. Sin embargo, medio año después del pacto alcanzado en la capital bielorrusa, la situación en Donbás está lejos de ser idílica.

Con casi 7.000 muertos reconocidos a las espaldas, de los que 2.500 son militares ucranianos, el panorama es ciertamente desalentador. Tanto Kiev como las autoridades rebeldes prorrusas incumplen sistemáticamente los trece puntos de los que constan los Acuerdos de Minsk. Es más, los periódicos informes que publica la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) hablan, entre otras violaciones de lo pactado, de ataques incluso contra los propios observadores, un reducido cuerpo de apenas 250 personas para un territorio equivalente al de la Comunidad Valenciana.

A día de hoy, la situación es de una "hostilidad estable". Es decir, ambas partes han afianzado sus posiciones en el este de Ucrania y se produce un constante intercambio de fuego, aunque no se llegue a la confrontación abierta existente hace unos meses.

Sin ir más lejos, esta semana Kiev denunciaba la mayor ofensiva rebelde en meses. El Gobierno ucraniano alertaba que alrededor de 400 milicianos apoyados por carros blindados se movilizaban a apenas 50 kilómetros de la ciudad costera de Mariupol, al sur de Donbás.

Ucrania tiene desplegados sobre el terreno a unos 76.000 efectivos, aunque su verdadero problema son los batallones de voluntarios. Estos pequeños contingentes, que algunos cifran en medio centenar y que sumados alcanzan los 24.000 individuos, son financiados por empresarios locales o millonarios y actúan según su propio criterio, lo que dificulta que Kiev lleve a cabo una estrategia unificada, pues no tiene control real sobre estos grupos.

A su vez, las repúblicas de Lugansk y Donestk cuentan con la inestimable ayuda militar y financiera de Rusia, que a pesar de negarlo sistemáticamente, tiene repartidos por la zona desde abril del año pasado varios destacamentos militares que han llegado incluso a entrar en combate con tropas ucranianas. Además, miles de soldados rusos llevan meses desplegados a lo largo de la frontera con Ucrania en periódicas "maniobras" organizadas por Moscú.

Para contrarrestar la ayuda rusa a los rebeldes, Estados Unidos respondió a la petición de socorro del Gobierno de Poroshenko y envió al país a unos 300 oficiales que instruyen y preparan a la recientemente creada Guardia Nacional. Además, se le ha provisto de radares o de vehículos blindados.

Este plan, que sólo atiende a la estrategia defensiva, pues de lo contrario podría ser visto por Moscú como un signo de hostilidad, tiene previsto concluir en noviembre, cuando Washington ya ha confirmado que pasará a entrenar tanto a la Infantería como a las fuerzas especiales.

Un país al borde de la bancarrota

Sin embargo, más allá de la soberanía nacional, uno de los puntos que más preocupan a Kiev es la crítica situación económica nacional. La cuenca minera de Donbás representa el 53 por ciento de los recursos carboníferos del país, por lo que la pérdida del control sobre la misma le ha supuesto un duro golpe a las arcas ucranianas.

A eso hay que sumarle la tradicional dependencia de los hidrocarburos rusos, que en más de una ocasión ha creado rencillas entre ambos países por los elevados precios fijados por Moscú y los recurrentes impagos por falta de liquidez de Kiev.

A día de hoy, Ucrania es dependiente en gran medida de la ayuda exterior. El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó hace unos días el segundo paquete de ayudas al país, cifrado en 1.700 millones de dólares, enmarcado en un plan de rescate global que el propio organismo ha reconocido que está rodeado de "incertidumbre" y que alcanzará durante cuatro años los 17.500 millones de dólares. A ese montante hay que sumar otros 22.500 millones más provenientes de la comunidad internacional.

Mientras, Donbás subsiste a mitad de camino entre Kiev y Moscú. El primero está obligado, según los Acuerdos de Minsk, a hacerse cargo de las prestaciones sociales y de otros servicios básicos, aunque en realidad no controla a dónde va a parar el dinero que envía a la región, en parte por la falta de poder sobre el terreno y en parte por la endémica corrupción local.

A su vez, el Kremlin inyecta alrededor de 75 millones de euros mensuales mediante entidades financieras afincadas en la república de Osetia del Sur para evitar cualquier acusación de ayuda directa a los rebeldes, además de proveer de ayuda humanitaria, comercial y toda clase de mercancías a la población civil a través de una frontera que casi se ha difuminado del todo. Es más, en ambas repúblicas secesionistas la moneda de uso común ya es el rublo por encima de la grivnia, la divisa ucraniana.

Nadie cumple nada

Para intentar limitar la influencia de Rusia en la región, tanto la Unión Europea, que no acaba de tener una postura común, como Estados Unidos y el G7, del que Rusia formó parte hasta estallar la crisis en Ucrania, han impuesto fuertes sanciones al Kremlin, que ha respondido con la misma moneda.

Estas restricciones financieras y comerciales estarán en vigor "hasta que los Acuerdos de Minsk no se apliquen por completo", según señalaba recientemente un alto funcionario estadounidense, por lo que podrían seguir vigentes más allá de que expire lo acordado en la capital bielorrusa.

Es aquí precisamente donde reside otro de los problemas del conflicto. Los Acuerdos firmados el pasado mes de febrero son un listado de trece puntos a cumplir por ambas partes que o son ignorados o son claramente violados por Kiev y los rebeldes prorrusos. Entre estos se cuentan, por ejemplo, un alto el fuego total (que no se cumple, según han constatado los observadores de la OSCE), la retirada de armas de un calibre superior a los 100 milímetros (tampoco), la creación de una zona de seguridad de 50 kilómetros de ancho (las líneas que limitan esta área se mueven al antojo de los implicados), la entrega de todos los prisioneros y la amnistía de los implicados en los conflictos (se calcula que unos 200 soldados ucranianos han sido trasladados a prisiones rusas) o el desarme total de los grupos ilegales (más de lo mismo).

De cumplirse todos y cada uno de estos trece puntos, Kiev retomará el control de sus fronteras a finales de este año aplicando ciertas reformas constitucionales que beneficien a Donbás, que pasará a tener un régimen especial, la celebración de unas elecciones locales supervisadas y la formación de una policía popular que sustituya a las actuales milicias.

En resumen, con el panorama actual (más de mil personas han fallecido tras el supuesto alto el fuego acordado en Minsk en febrero) es difícil pensar en positivo a cuatro meses de que venza el plazo fijado en febrero.

Los últimos movimientos del Kremlin invitan a pensar en que no tiene intención de anexionarse Lugansk y Donetsk como sí hizo con Crimea en marzo de 2014, donde incluso llegó a organizar una consulta en favor de la autodeterminación no reconocida por la comunidad internacional. En cambio, todo apunta a que Putin busca limitar la influencia de Kiev en Donbás, otorgando a la región un régimen especial que favorezca a los intereses de Moscú.

Por su parte, Poroshenko, amenazado por la inestabilidad del país, la enorme corrupción, la desconfianza popular y lo endeble de su Ejecutivo, ha prometido devolver Crimea a los ucranianos bajo una "autonomía nacional" y retomar el control sobre las regiones rebeldes.

Sin embargo, la realidad sobre el terreno es otra: dos contendientes que no logran imponerse y una situación que parece no tener visos de desatascarse a corto plazo a pesar de lo pactado no hace ni un año.