La Argentina dividida

Este 25 de mayo -fiesta patria argentina- transcurrió de una manera poco común. El gobierno nacional celebró la fecha en la ciudad de Salta, eludiendo la Catedral de Buenos Aires, donde arriesgaba un recibimiento y una homilía hostil. Pero al mismo tiempo, en Rosario -la capital de la Argentina agropecuaria- las entidades que representan al aproximadamente medio millón de productores del agro argentino convocaron a una celebración en el célebre Monumento a la Bandera, dándole a ese acto un carácter político. Y bien que fue político. El llamado convocó a unas 300.000 personas -algo realmente fuera de lo común, nunca visto en la historia de Rosario y pocas veces en la Argentina-. Ese acto tuvo un signo opositor y constituyó la mayor expresión de protesta contra el gobierno nacional desde que Kirchner asumió la presidencia hace cinco años.

Rosario ha producido una señal del respaldo que la sociedad está dando al agro en su conflicto con el gobierno. Las encuestas de opinión pública ya reflejan ese respaldo. Que un número tan grande de personas se movilicen para hacerlo manifiesto es un anticipo de lo que puede venir: un clima menos favorable al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner del que ella, y su marido antes que ella, enfrentaron. Tal vez aun más, un clima que marca un cambio en el ánimo de la opinión pública.

Después del final desdichado de las políticas pro mercado de la década de los 90 y de la crisis de la deuda de 2001-2002, que transformó a millones de personas en pobres y a muchísimos pobres en indigentes, en la sociedad argentina creció una ola de demandas distributivas y de mayor intervención del Estado. El cambio actual no retorna las preferencias por el mercado, pero sí connota una mayor valoración de la actividad productiva. El sector agropecuario encarna, como ningún otro, a la Argentina productiva. Es eficiente, es económicamente vital para todo el país. Y despierta simpatías en la sociedad.

Al desafiar al agro con una política impositiva inconsulta, el gobierno nacional ha tomado un riesgo político, y posiblemente a cambio de pocos beneficios económicos. Porque si no retrocede en sus pretensiones tributarias lo probable es que recaude menos, y no más, por el efecto negativo sobre la inversión, la producción y las exportaciones originadas en el campo.

El gobierno argentino parece haber cometido un error político al enfrentar al agro, subestimando su fuerza y el respaldo que recoge en la sociedad. Tal vez un error político de no menor magnitud es el de los dirigentes opositores que, sin haber ofrecido hasta ahora propuestas muy claras sobre qué hacer con el agro, con la producción, con los impuestos y con la distribución de la riqueza, buscan capitalizar esta demostración espontánea de gran parte de la sociedad en apoyo a los productores del campo.

Quedan todavía abiertas tres incertidumbres. La primera, qué hará el gobierno frente a esta situación a partir del lunes 26 de mayo. La segunda, si las entidades del agro y el gobierno se muestran suficientemente flexibles para llegar a un acuerdo, después de estas fintas políticas. La tercera, cómo se traducirá todo esto en el balance de las fuerzas políticas de la sociedad, que se encaminan a una crítica elección legislativa intermedia en 2009.

Y la mayor de todas las incertidumbres: ¿será capaz la Argentina de capitalizar el actual ciclo económico mundial, o seguirá desaprovechándolo enredada en sus propias minucias circunstanciales?