Mas -ahora sí- teme al Constitucional

La proposición de ley presentada ayer por el PP en el Congreso para poder sancionar a todos aquellos que incumplan las resoluciones del Tribunal Constitucional es todo un acierto. No es previsible que cuente con muchos apoyos -de momento, ningún grupo parlamentario se ha mostrado dispuesto a apoyarla-, aunque bastará con la mayoría absoluta que el partido tiene.

En este sentido, cuesta creer la postura de la oposición, reacia a apoyar una iniciativa tan necesaria como atinada con la única razón de haber sido propuesta por el PP. En la defensa del estado de derecho no caben siglas, sino posicionamientos claros, y eso es justo lo que persigue la proposición de ley referida. En cualquier otro país serio no haría falta una ley que sancionara explícitamente la conducta de aquellos servidores públicos que ignorasen resoluciones judiciales al más alto nivel. Por desgracia, en España –y particularmente, en Cataluña- las leyes, con demasiada frecuencia, se ignoran y se incumplen.

No es, como dice Albert Rivera, “una ley anti Mas”, ni tampoco es legislar en caliente, como denuncian PSOE y Podemos. A partir de su aprobación, todo aquel servidor público que vulnere resoluciones del Constitucional sabe a lo que se expone, se llame como se llame. En cuanto a la acusación de legislar en caliente, el PP ha reaccionado ante una potencial amenaza a la legalidad vigente. Bien es verdad que podría haberlo hecho antes, e intentando contar con algún apoyo parlamentario, pero éste último aspecto tampoco es especialmente relevante: si la oposición no quiere sancionar a quienes vayan contra el Constitucional, tendrá que intentar explicarlo. En todo caso, ahora Mas ya sabe qué le puede pasar si sigue adelante con su plan.