Felipe González y Alfonso Guerra opinan todo lo contrario que Pedro Sánchez

En los últimos días, Felipe González y Alfonso Guerra han escrito acerca de la pugna de los soberanistas catalanes. Su postura, expresada con claridad, dista del discurso oficial del partido del que son históricos dirigentes y voces autorizadas.

A las puertas de unos comicios autonómicos trascendentales, Pedro Sánchez, aún recordado por aquella puesta de largo con una gran bandera de España de fondo, habita en la ambigüedad con la esperanza de recoger votos del mayor número de frentes posible.

Otro veterano, José Bono, critica frecuentemente la mano blanda de José Luis Rodríguez Zapatero con el nacionalismo durante su mandato, época que cree la chispa que encendió lo que hoy se vive. Su opinión es similar a la de González y Guerra.

A continuación, por su interés, reproducimos íntegros los artículos de González y Guerra que han abierto brecha en el PSOE y dejado en mal lugar al secretario general:

A LOS CATALANES, por Felipe González en el diario El País:

Hace casi dos décadas que salí de la presidencia del Gobierno de España. No tengo responsabilidades institucionales ni de partido. He recuperado la sencilla condición de ciudadano, aunque en todo momento comprometido con nuestro destino común. Por ese compromiso con España, espacio público que compartimos durante siglos, me dirijo a los ciudadanos de Cataluña para que no se dejen arrastrar a una aventura ilegal e irresponsable que pone en peligro la convivencia entre los catalanes y entre estos y los demás españoles.

Siempre he sentido gratitud por vuestro apoyo permanente y mayoritario para la tarea de gobierno. Siempre, incluso cuando este apoyo era declinante en el resto de España. Y gracias a esta sintonía he podido representaros con orgullo, como a todos los españoles, en Europa, en América Latina y en el mundo. Con vuestra confianza hemos progresado juntos, durante muchos años, superando la pesada herencia de la dictadura, consolidando las libertades, sentando las bases de la sociedad del bienestar y reconociendo, como nunca antes en la historia, la identidad de Cataluña y su derecho al autogobierno.

He creído y creo que estamos mucho mejor juntos que enfrentados: reconociendo la diversidad como una riqueza compartida y no como un motivo de fractura entre nosotros. Para mí, España dejaría de serlo sin Cataluña, y Cataluña tampoco sería lo que es separada y aislada.

La idea de “desconectar” de España, como propone Artur Mas, en un extraño y disparatado frente de rechazo y ruptura de la legalidad, tendría unas consecuencias que deben conocer todos:

-Desconectarían de una parte sustancial de la sociedad catalana, fracturándola dramáticamente. Ya se siente esa fractura en la convivencia, y se empiezan a oír voces de rechazo a los que no tienen “pedigrí” catalán. Esos ciudadanos catalanes se sienten hoy agobiados porque se está limitando su libertad para expresar su repudio a esta aventura, porque le niegan o coartan su identidad —catalana y española— que viven como una riqueza propia y no como una contradicción.

-Desconectarían del resto de España, rompiendo la Constitución, y por ello el Estatuto que garantiza el autogobierno, y la convivencia secular en este espacio público que compartimos. En el límite de la locura, empiezan a ofrecer ciudadanía catalana a los aragoneses, valencianos, baleares y franceses del sur. Hemos pasado épocas de represión de las diferencias, de los sentimientos de pertenencia, de la lengua, pero desde hace casi cuatro décadas, con la vuelta de Tarradellas, entramos en una nueva etapa de reconocimiento de la diversidad y de construcción del autogobierno más completo jamás habido en Cataluña.

-Desconectarían de Europa, aislando a Cataluña en una aventura sin propósito ni ventaja para nadie. ¿Imaginan un Consejo Europeo de 150 o 200 miembros en la ya difícil gobernanza de la Unión? Porque ese sería el resultado de la descomposición de la estructura de los 28 Estados nación que conforman la UE. ¿Imaginan al Estado francés cediendo parte de su territorio para satisfacer este nuevo irredentismo? Nadie serio se prestará a ello en Europa y, menos que nadie, España, que tanto luchó por incorporarse y participar en la construcción europea, tal como es, con su diversidad y, por cierto, con el máximo apoyo de Cataluña.

-Desconectarían de la dimensión iberoamericana (que tanto valor y trascendencia tiene para todos) y especialmente de Cataluña porque este vínculo se hace a través de España como Estado nación y de la lengua que compartimos con 500 millones de personas —el castellano—, como saben muy bien los mayores editores en esta lengua, que están en Barcelona.

Naturalmente afirman lo contrario: “Solo queremos desconectar de España”. ¿De qué España? ¿La que excluye también Aragón, Valencia y Baleares? Los responsables de la propuesta saben que lo que les estoy diciendo es la verdad, si se cumpliera ese “des-propósito”. En realidad tratan de llevaros, ciudadanos de Cataluña, a la verdadera “vía muerta” de la que habla Mas, en un extraño “acto fallido”.

Vivimos en la sociedad más conectada de la historia. La revolución tecnológica significa “conexión”, “interconexión”, todo lo contrario a “desconexión”. Cada día es mayor la interdependencia entre todos nosotros: españoles de todas las identidades, europeos de la Unión entre 28 Estados nación, latinoamericanos de más de 20 países, por no hablar de nuestros vecinos del sur o del resto del mundo. Pregunten a sus empresas, las que crean riqueza y empleo por esta desconexión.

La propuesta que hace esa extraña coalición unida solo por el rechazo a España, sea cual sea el resultado de la falseada contienda electoral, puede ser el comienzo de la verdadera “vía muerta”. ¿Cómo es posible que se quiera llevar al pueblo catalán al aislamiento, a una especie de Albania del siglo XXI? El señor Mas engaña a los independentistas y a los que han creído que el derecho a decidir sobre el espacio público que compartimos como Estado nación se puede fraccionar arbitraria e ilegalmente, o que ese es el camino para negociar con más fuerza. Comete el mismo error que Tsipras en Grecia, pero fuera de la ley y con resultados más graves.

¿Qué pasó cuando se propuso a los griegos una consulta para rechazar la oferta de la Unión Europea y “negociar con más fuerza”? Después de que más del 60% de los griegos lo creyeran, Tsipras aceptó condiciones mucho peores que las que habían rechazado en referéndum, con el argumento, que sabían de antemano, de que no tenían otra salida. ¿Sabían que no había otra salida y engañaron a los ciudadanos?

Pueden creerme. No conseguirán, rompiendo la legalidad, sentar a una mesa de negociación a nadie que tenga el deber de respetarla y hacerla cumplir. Ningún responsable puede permitir una política de hechos consumados, y menos rompiendo la legalidad, porque invitaría a otros a aventuras en sentido contrario. Todos arriesgaríamos lo ya conseguido y la posibilidad de avanzar con diálogo y reformas.

Eso es lo que necesitamos: reformas pactadas que garanticen los hechos diferenciales sin romper ni la igualdad básica de la ciudadanía ni la soberanía de todos para decidir nuestro futuro común. No necesitamos más liquidacionistas en nuestra historia que propongan romper la convivencia y las reglas de juego con planteamientos falsamente democráticos.

Si la reforma de la ley electoral catalana no ha podido aprobarse porque no se da la mayoría cualificada prevista en el Estatuto, ¿cómo se puede plantear en serio la liquidación del mismo Estatuto y de la Constitución en que se legitima, si se obtiene un diputado más en esa lista única de rechazo? ¿Cómo el presidente de la Generalitat va en el cuarto puesto, como si necesitara una guardia pretoriana para violentar la ley?

Es lo más parecido a la aventura alemana o italiana de los años treinta del siglo pasado. Pero nos cuesta expresarlo así por respeto a la tradición de convivencia de Cataluña. El señor Mas sabe que, desde el momento mismo que incumple su obligación como presidente de la Generalitat y como primer representante del Estado en Cataluña, está violando su promesa de cumplir y hacer cumplir LA LEY. Se coloca fuera de la legalidad, renuncia a representar a todos los catalanes y pierde la legitimidad democrática en el ejercicio de sus funciones.

No estoy de acuerdo con el inmovilismo del Gobierno de la nación, cerrado al diálogo y a la reforma, ni con los recursos innecesarios ante el Tribunal Constitucional. Pero esta convicción, que estrecha el margen de maniobra de los que desearíamos avanzar por la vía del entendimiento, no me puede llevar a una posición de equidistancia entre los que se atienen a la ley y los que tratan de romperla.

No creo que España se vaya a romper, porque sé que eso no va a ocurrir, sea cual sea el resultado electoral. Creo que el desgarro en la convivencia que provoca esta aventura afectará a nuestro futuro y al de nuestros hijos y trato de contribuir a evitarlo. Sé que en el enfrentamiento perderemos todos. En el entendimiento podemos seguir avanzando y resolviendo nuestros problemas.

ELECCIONES TRUCADAS, por Alfonso Guerra en la revista Tiempo:

Estamos a las puertas de unas elecciones parlamentarias en Cataluña. Hasta aquí todo responde a la normalidad, pero los dirigentes del Gobierno autonómico han insistido en el carácter plebiscitario de la consulta, y han anunciado que si la lista confeccionada por ellos obtiene un número suficiente de diputados (68), proclamarán la independencia de Cataluña.

Lo más preocupante de la situación creada es la ausencia de la correspondiente respuesta de la sociedad. ¿Podemos imaginar que el presidente de un länd alemán anunciara que proclamará la independencia, o el presidente de una región francesa? Sabemos que ese presidente no podría mantenerse en el puesto mas allá de 24 o 48 horas. ¿Cuál es la respuesta que se da en España a una violación extrema de los preceptos constitucionales por quien ha jurado cumplirlos y hacerlos cumplir?

Es preciso distinguir en las posiciones que mantienen los representantes políticos, los medios de comunicación y la sociedad en general. Y entre las actitudes de dos ámbitos geográficos: Cataluña y el resto de España.

Los partidos políticos en Cataluña participan del desafío soberanista haciendo caso omiso a la carga antidemocrática de tal violación de las leyes. Los partidarios de la ruptura de las reglas democráticas se ven más o menos acompañados por los demás que, sin participar de su programa, les reconocen de alguna manera que les asiste la razón porque el derecho a decidir no debería ser negado por los demás.

Los medios de comunicación de Cataluña se posicionan militantemente a favor de la secesión o, cuando menos, la contemplan con benevolencia o complicidad.

La responsabilidad del proceso de desnaturalización de la democracia recae, claro está, en los nacionalistas y sus adláteres, pero la izquierda tiene también su responsabilidad, pues no se ha atrevido a parar un programa que representa el viejo proyecto de la burguesía catalana, lo que hubiera hecho aún más evidente la ilegitimidad del proyecto. Sobrecoge observar cómo los sindicatos bailan el agua a Artur Mas y sus monjas coadyuvantes. ¡Cuántos siglos marcha atrás!

En el conjunto de España, la respuesta más repetida es la de advertir de la posible reacción de las autoridades nacionales. ¡Cuidado con la reacción que pueda tener el Gobierno de España! ¡No vaya a deslizarse por un frentismo indeseado! Es decir, que estamos ante el anuncio de un verdadero golpe de Estado que desgajaría a una parte de la nación, y nuestros políticos e intelectuales están preocupados porque el Gobierno pueda reaccionar a un acto de secesión.

Mi inquietud es la contraria, la que se deriva de la falta de respuesta del Gobierno.

La sin razón de los asustados por la reacción, no por la violación constitucional, alcanza límites de tal despropósito como el de llegar a negar, como un acto impropio, que se pueda aplicar los preceptos de la Constitución a quien pretende romperla.

Ya sabe usted, los pusilánimes advierten de que no se vaya a aplicar el artículo 155 de la Constitución, pues eso les parece poco democrático. Asustados porque se puede aplicar un artículo de la Constitución que fue aprobado por unanimidad cuando se debatió en la Comisión Constitucional. Pues ahora, para algunos parece ser una norma represiva de un régimen no democrático. He llegado a leer, con firma de catedrático, que ese artículo fue incluido para que no se aplicara. Incluso el máximo representante del tribunal que garantiza la constitucionalidad de todos los actos declaró que “no le gustaría que se aplicara el artículo 155”. Como si la cosa fuera cuestión de gustos. Si una autoridad, máximo representante del Estado en la Comunidad Autónoma, viola la Constitución, la respuesta ¿es cuestión de gustos?

El artículo 155 se incorporó al proyecto de Constitución como una traducción casi literal de un precepto de la Constitución de la República Federal alemana; se trata de una cautela típica del modelo de Estado federal, para cuya aplicación se exige, tras la decisión del Gobierno, la aprobación por mayoría absoluta del Senado, la Cámara de representación territorial.

Según el denostado artículo 155, no se puede suspender la autonomía de una comunidad (en Reino Unido), no se puede disolver un Parlamento autonómico (en Austria), ni destituir al Gobierno de la comunidad autónoma (en Italia). Lo que permite la aplicación del artículo 155 es una cautela legal que no justifica ninguno de los miedos que algunos declaran. ¿Qué dice el texto?

“Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas”.

Una disposición sensata, garantizadora del cumplimiento de las leyes.

Frente a esta normativa constitucional, las autoridades de la comunidad vienen practicando una suerte de golpe de estado a cámara lenta, con la complacencia de los partidos políticos, los medios de comunicación, los sindicatos y la patronal y hasta de alguna entidad deportiva. Un verdadero monumento a la cobardía.

Su protagonista, el presidente de la Generalitat, evita así rendir cuenta de su pésima gestión como gobernante. En una época marcada por la crisis económica que ha agravado la pobreza de muchos y ha dificultado la vida de muchos más, el dirigente nacionalista, rota la leyenda con el caso Pujol, embargadas todas las sedes de su partido por la corrupción, da un salto en el vacío con la imperdonable consecuencia de lanzar por el precipicio a todo el pueblo catalán. Huir hacia adelante es la más execrable forma de cobardía.