El Congreso aprueba la reforma del TC con llamadas al diálogo en Cataluña

Tras el rechazo de las enmiendas de la oposición, la reforma se remite al Senado después de un debate en el que ha vuelto a cobrar protagonismo el diputado de Amaiur Sabino Cuadra al ser expulsado de la tribuna de oradores por el presidente del Congreso, Jesús Posada, por no retirar la "ofensa" a la Constitución que cometió al romper hace dos semanas varias páginas de la Carta Magna.

Los grupos nacionalistas han aprovechado el debate para reprochar al Ejecutivo que no escuche las demandas expresadas por la sociedad catalana el 27S y reclamar que respete su derecho a decidir a través de un referéndum, en lugar de recurrir a "amenazas" con esta reforma del TC o la imputación de Artur Mas por convocar la consulta del 9N en 2014.

A estos argumentos el PSOE ha añadido que con esta ley el PP "echa gasolina" y "alimenta" el "victimismo de los independentistas catalanes" a quienes en teoría "se quería debilitar".

"Es una ley punitiva con un sólo destinatario", ha denunciado el diputado socialista Ignacio Sánchez Amor.

Frente a las críticas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reiterado a los periodistas que lo que se persigue es fortalecer el Estado de Derecho, porque "nadie puede estar al margen del cumplimiento la legalidad".

Durante el debate, el PP ha defendido la reforma para "armar jurídicamente" a las instituciones frente al "golpe de Estado a cámara lenta" que pretende perpetrar Mas.

El portavoz popular en la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, ha recurrido a esta definición del exvicepresidente socialista Alfonso Guerra sobre las intenciones de los soberanistas, a quienes ha acusado de convertir Cataluña en "una anomalía" y "una extravagancia".

Así ha respondido a los argumentos de, entre otros, Carles Campuzano, de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), quien ha tachado la reforma de "despropósito" que "hiere de muerte a un tribunal gastado y tocado", ha acusado a la "derecha española" de estar instalada en la deriva "autoritaria" y ha lamentado que ningún ministro haya asistido al debate en el pleno.

Una inasistencia que ha justificado Catalá, recordando que él y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estaban en el Congreso en un día en que se reúne la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y que los miembros del Gobierno siempre tratan de hacer compatible su cartera con otras funciones.

"La cuestión no es el presidente Mas, la cuestión son cerca de dos millones de personas que se han autodeterminado, que sentimentalmente hace tiempo que han desconectado", ha subrayado Campuzano, mientras Montserrat Surroca, de Unió Democrática, ha denunciado que Mas está sometido a un "auténtico juicio político" y ha abogado por la "política en mayúsculas" y el "diálogo".

La advertencia del portavoz de ERC, Joan Tardá, ha sido clara: la mayoría soberanista en Cataluña logrará sus objetivos "a la catalana, pacífica y cívicamente", pese a las "amenazas" del PP.

"No les tenemos miedo, ya pueden ir construyendo cárceles", ha recalcado tras preguntarse si se va a imputar junto a Mas a dos millones y medio de ciudadanos.

Para el portavoz del PNV, Aitor Esteban, la reforma es una ley "ad hoc" para Cataluña, que demuestra un "uso espúreo" del TC por parte del Gobierno, al que ha acusado de utilizar partidaria y electoralmente al Constitucional.

Y Joan Coscubiela (ICV) cree que las modificaciones previstas para garantizar el cumplimiento de las sentencias del TC son una "inmensa barbaridad" y una "falacia" con la que el Gobierno, "sin consenso", pretende "justificar su cobardía política" trasladando la responsabilidad a los tribunales.

En el Grupo Mixto, Compromis, CC, el BNG, Geroa Bai y Amaiur, han coincidido en que el problema catalán "no se resuelve con sentencias" ni con una "reforma exprés" del TC, sino con diálogo, mientras que Foro Asturias y UPN han votado con el PP en contra de las enmiendas que pedían su supresión.


Aprobada la norma que sustituye "imputado" por "investigado"

El Pleno del Congreso ha aprobado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija límites en la instrucción judicial, sustituye el término "imputado" por "investigado" y pone fin a las "penas del telediario", medidas calificadas por la oposición de "propagandísticas".

Con 183 votos a favor -todos del PP-, 127 en contra y una abstención, la Cámara ha dado luz verde a los dos proyectos de ley que modifican una norma que data de 1882, de las más antiguas del ordenamiento jurídico, y que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre.

Rafael Catalá ha cerrado el debate destacando que la reforma "fortalece el Estado de Derecho" con una serie de medidas que "agilizan la Justicia" y que han sido realizadas "con las aportaciones de muchos".

Y ha aprovechado su intervención para destacar la "independencia judicial en España", como así ha defendido la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en alusión a la imputación del presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, por el 9-N. "No debería sembrar ninguna sombra de dudas", ha aseverado.

Antes, la oposición ha lanzado duras críticas a las reforma por su contenido "propagandístico y chapucero" así como por la tramitación "atropellada e improvisada", que hubiera necesitado de "más tiempo", si bien Jose Ordóñez (PP) ha defendido la modernidad del texto y el trámite de la reforma en ambas cámaras.

Todo lo contrario que Manuel de la Rocha (PSOE), que ha tachado de "ineficaz" la fijación de plazos de instrucción, como si "la Justicia fuera lenta por culpa de los jueces y no por falta de medios". "Es una lectura ridícula y ofensiva para los jueces", ha añadido.

Pero también ha cargado contra la regulación de las comunicaciones, porque "no se pueden aplicar a todos los delitos", ya que suponen una "injerencia en la vida privada de las personas".

Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural, ha denunciado la regulación de la difusión de imágenes de los detenidos. "Cuando la policía judicial pone la mano en la cabeza a delincuentes comunes, no pasa nada; ahora, cuando se pone en la cabeza de Rodrigo Rato, todo el mundo a temblar", ha afirmado.

Por su parte, Emilio Olabarría (PNV) ha dicho que da la impresión "de que este proyecto no ha sido redactado por el Ministerio sino por la Sala Segunda del Tribunal Supremo", en referencia al establecimiento de la doble instancia penal; mientras que Montserrat Surroca (CiU) ha calificado el texto como "una oportunidad perdida".

"Un desastre de contenido y un atraco en la tramitación", ha señalado Rosa Díez (UPyD), que ha reprochado a Catalá su forma de gobernar "distraída, incoherente e improvisada". "Ha presumido de la herencia del exministro Alberto Ruiz-Gallardón y le ha hecho bueno", ha agregado.

El texto establece límites en los plazos de instrucción de 6 meses para las causas ordinarias y 18 para las complejas, que podrán ser prorrogables por igual período por el fiscal, la acusación popular, acusación particular, defensa y Abogacía del Estado, pero no por el juez de instrucción.

Al respecto, la limitación comenzará a aplicarse a los sumarios ya abiertos, pero para el cómputo de los plazos no se tendrá en cuenta el tiempo ya transcurrido de instrucción, es decir, el contador empezará de cero para el caso Púnica, los ERE de Andalucía, Bankia, etc.

Además, se sustituye el término "imputado" por "investigado" en la fase de instrucción, que pasará a denominarse "encausado" tras el auto formal de acusación y se introduce un artículo que regula la protección de la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos.

Con ello, se pretende adoptar las "medidas necesarias" para respetar la imagen e intimidad durante una detención y acabar así con las denominadas "penas de telediario", que sufren muchas personas antes de ser juzgadas.

La reforma afecta a la separación de las piezas en los llamados macroprocesos, de manera que se instruirá una causa por cada delito, introduce la figura del policía encubierto en internet y obliga a los jueces a justificar en un auto la detención incomunicada de los detenidos, quienes, además, serán sometidos a dos revisiones médicas cada 24 horas para comprobar su estado psíquico y físico.

También se regula por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS, el correo electrónico y los mensajes de Whatsapp, siempre con autorización judicial.



Aprobado Código Militar, con el rechazo de la oposición por incluir a la Guardia Civil

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves, de forma definitiva, la Ley Orgánica del Código Penal Militar, con el rechazo de todos los grupos de la oposición, que han pedido excluir a la Guardia Civil de la aplicación de la norma.

Por 184 votos a favor, 123 en contra y 4 abstenciones, el pleno de la Cámara Baja ha dado el visto bueno al nuevo Código Penal Militar, tras admitir dos enmiendas planteadas por el PP que fueron incorporadas en su trámite en el Senado.

Una de esas enmiendas subraya que "el Código Penal Militar se aplicará a los miembros de la Guardia Civil y a los alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación de dicho cuerpo cuando se trate de acciones u omisiones constitutivas de delito militar".

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha tomado brevemente la palabra para agradecer a los grupos parlamentarios el trabajo llevado a cabo en el Congreso y en el Senado, aunque el consenso no haya sido posible, así como a los equipos del Ministerio, ya que tanto la Ley de la Carrera Militar como la del Código Penal Militar, aprobadas este jueves, son aspectos "clave" para las Fuerzas Armadas.

El portavoz del PSOE, Diego López Garrido, ha criticado al PP por haber "roto" el consenso que se alcanzó en la pasada legislatura para que la "regla general" fuera que el Código Penal Militar no se aplicara a la Guardia Civil, salvo en caso de guerra o cuando actúe integrada en misiones militares.

López Garrido ha recalcado la naturaleza de cuerpo policial de la Guardia Civil -"sus funciones son en un 95 % de carácter policial", ha aseverado- y ha hecho hincapié en que la enmienda introducida en el Senado "desnaturaliza aún más" a la Guardia Civil y es "la expresión de una deriva autoritaria del Ministerio del Interior".

Se trata, ha añadido el portavoz del PSOE, de "una maniobra muy torpe, carente de sentido y de finura política" que, además, "tiene los días contados", porque "este artículo 1.5 cambiará en el momento que cambie el Gobierno",

Irene Lozano, de UPyD, ha defendido que la justicia militar debería ser abolida y ha añadido que la reforma que se aprueba hoy supone una "involución" y convierte a las Fuerzas Armadas en un "territorio de excepción".

Frente a estas críticas, el diputado del PP, Vicente Ferrer, ha dicho que el ministro de Defensa ha impulsado una reforma que convierte al Código Penal Militar en el "más avanzado de los países de nuestro entorno".

En el nuevo código se regulan delitos, como el acoso sexual, y entre sus principales novedades se fija que los jueces de los tribunales militares serán nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no como sucede ahora por el ministro de Defensa.

Asimismo, deja fuera de los delitos el hurto, robo, estafa, daños contra el patrimonio o prevaricación, que se juzgarán por la justicia civil, e incluye atentados contra la dignidad sexual como el acoso u otros atentados a la dignidad personal en el trabajo.


Convalidado el decreto que permite abonar la extra a los funcionarios

El Congreso ha aprobado este jueves, con 284 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, la convalidación del real decreto por el que se autoriza un crédito extraordinario de 252 millones de euros para pagar a los empleados públicos el 26 % de la paga extra suspendida en 2012.

De hecho, los funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) ya han comenzado a cobrar hoy ese 26,2 % de la paga extraordinaria y los primeros en recibir el reintegro han sido los trabajadores de la Agencia Tributaria.

El resultado de la votación ha sido positivo por el voto favorable del PP pero también del PSOE, UPyD y PNV que han explicado que su respaldo se debía a que querían que se restituyera la paga a los funcionarios pero han dejado claro que no compartían otros muchos puntos del decreto.

En el debate en el Congreso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido la medida que "corrige" lo que se hizo en 2012, "que es lo que había que hacer en ese momento", y ha justificado la devolución en que "se alcanza sobradamente" el objetivo de déficit público programado.

Además del abono de parte de la extra, el decreto restituye los días de libre disposición que se anularon, por lo que los funcionarios recuperarán el último "moscoso", que podrán disfrutar hasta el próximo 31 de enero, así como los permisos por asuntos propios en función de los trienios y las vacaciones por antigüedad.

Aunque el real decreto afecta sólo a la Administración General del Estado, habilita a las administraciones territoriales para que puedan llevar a cabo la devolución en función de su disponibilidad presupuestaria.

En el debate para su convalidación, el ministro de Hacienda ha mantenido un rifirrafe con el diputado de Izquierda Plural Joan Coscubiela, que ha explicado que su formación sí quiere que se devuelva la extra a los funcionarios "pero no a cuentagotas, como quien está a la puerta de una iglesia, pidiendo limosna" y ha exigido que la devolución sea "digna y de una sola vez".

Además de la paga extra y de este aumento de gasto para Defensa, el decreto, que recoge una ampliación de la deuda del Estado equivalente a 630,5 millones de euros, introduce medidas para mejorar la liquidez de los ayuntamientos con problemas financieros y para reducir la morosidad del sector público.

También incluye el acceso al cuerpo de catedráticos de universidad mediante promoción interna y establece con carácter permanente la posibilidad de provisión de puestos docentes vacantes en una universidad con profesores titulares y catedráticos de otras universidades.

En su turno de intervención, la diputada socialista Susana Sumelzo ha asegurado que el decreto es un ejemplo de "rectificación a medias" y, en definitiva, un ejemplo de "autoenmienda" por parte del Gobierno.

Este 26,2 % que recuperan ahora los funcionarios se suma al 25 % que se devolvió a principios de año, en tanto que el 50 % restante se abonará en enero de 2016 y en un pago único, tal y como se comprometió la Dirección General de Función Pública.

El porcentaje de paga extra (una media de 350 euros) que se devuelve a partir de hoy afecta, en principio, a un millón de empleados públicos, dado que el Gobierno no ha dado carácter básico a la devolución.