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SOMBRAS SOBRE LAS CONVERSACIONES DE LA HABANA

Crónica de América. Guerrilla colombiana y tratados de impunidad

jueves 29 de octubre de 2015, 10:47h
A pesar del celebrado acuerdo alcanzado por los líderes de las FARC y el Gobierno colombiano, siguen apareciendo sombras sobre las conversaciones en La Habana.
Dos acontecimientos en la política interna colombiana permiten detectar el reverso oscuro de los acuerdos con la guerrilla en Cuba: uno de ellos es la renuncia del expresidente Andrés Pastrana a pertenecer a la Comisión Asesora por la Paz. El segundo es la apertura de una investigación judicial contra el también expresidente Álvaro Uribe por una presunta colaboración con grupos paramilitares antes de acceder a la Casa Nariño. Cuando la acción política del presidente Juan Manuel Santos y las circunstancias tanto nacionales como internacionales, avalan una ya irreversible firma del Tratado de Paz entre el Gobierno colombiano y la narcoguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, ambos sucesos alumbran un trasfondo de malversaciones y atropellos que pueden envenenar la vida colombiana a medio plazo.

Las cesiones a unos terroristas escasamente arrepentidos ante la brutalidad ejercida durante más de medio siglo, así como las razones de Estado y las consecuencias económicas -tanto interiores como de inversiones de capital extranjero-, se imponen sobre el principio de legalidad y los más elementales requisitos de justicia, indispensables para que la paz sea veraz y no se sustente en ilícitos y abusivos agravios.

Ya en nuestra anterior Crónica sobre el curso de las negociaciones, señalábamos cómo los líderes de la guerrilla se negaban de forma rotunda a que la justicia, como poder independiente, investigase los horribles crímenes perpetrados en todos los rincones del país. Fueron salvajemente contundentes respecto a este asunto, llegando a declarar: “La Justicia es una mula muerta interpuesta en el camino de la paz.” Para salvar la negociación, el equipo de Juan Manuel Santos vino a aceptar las tesis de la narcoguerrilla y trató de avalar esa cesión creando el pasado marzo una Comisión Asesora para la Paz, integrada por diversas autorizadas voces, en principio favorables al acuerdo. A participar en esa Comisión Asesora para la Paz ha renunciado el expresidente Andrés Pastrana al conocer los términos del acuerdo sobre “Justicia transicional” firmado con las FARC.

Sus declaraciones para explicar esta renuncia son sumamente elocuentes, al afirmar: “No puedo, ni como ciudadano ni como expresidente de la República, girar un cheque en blanco por un apresurado acuerdo clandestino cuyos esbozos conocidos tienden una sombra de duda sobre la supervivencia de la fundamental separación de poderes y el orden constitucional.” Palabras rotundas, a las que no les falta fundamento si se analiza el contenido propuesto en torno a esa “Justicia transicional”, una vez que se hurga tras la nube de retórica embellecida que la adorna.

En el acuerdo alcanzado entre ambas partes -del que se ha dado a la luz pública solo nueve puntos-, “Justicia transicional” significa aplicar unas normas que no se corresponden ni con la legislación colombiana ni con las leyes internacionales, sino con postulados fabricados en La Habana por los culpables de gravísimos delitos con el fin de eludir sus propios responsabilidades. Se crearía así una Jurisdicción Especial para la Paz, en la que las penas por un secuestro o un homicidio cometidos por las FARC tendrán una sanción sustancialmente distinta a un secuestro o un homicidio causado por cualquier otro ciudadano del país. Algo que quiebra de forma patente todos los principios de igualdad ante la ley, hasta llegar a extremos inconcebibles. Esa Jurisdicción Especial no será aplicada por ningún tribunal ordinario, sino por un tribunal distinto, con atribuciones singulares, denominado de modo altisonante como Tribunal para la Paz.

Su funcionamiento constituiría una auténtica burla a cualquier principio jurídico. Nadie discute que haya una amplia amnistía para los combatientes de base que dejen voluntariamente las armas y se integren en la vida civil. De hecho, ya existen desde hace años mecanismos de reinserción muy generosos para cualquier desertor de las milicias guerrilleras. La gran dificultad se centra, por el contrario, en los altos dirigentes que han planificado y ordenado extorsiones generalizadas, secuestros, torturas, asesinatos, crímenes de lesa humanidad que pueden ser enjuiciados por tribunales internacionales. Para estos es para quienes está pensada la Jurisdicción Especial y el Tribunal Especial para la Paz (TEP). Su articulación es muy sencilla. Si un criminal no confiesa ni admite los delitos de los que se le acusa, será remitido a los tribunales ordinarios con las leyes y los castigos de cárcel habituales. Pero si ese mismo criminal confiesa y reconoce tales delitos, entonces la nueva jurisdicción y el novedoso Tribunal no le enviará a prisión, sino a una pena alternativa de libertad vigilada. Es decir, tendrá plena libertad de movimientos acompañado por funcionarios que, en la práctica, se convertirán en sus defensores frente a la posible agresión de víctimas que quieran tomarse la justicia por su mano.

Admitir delitos monstruosos tendrá, pues, el “castigo” de moverse libremente protegidos por funcionarios públicos, y optando electoralmente a ocupar puestos políticos en la administración. Visto sin la cortina retórica que lo envuelve, la Justicia transicional no deja de ser un cruel escarnio al espíritu de la propia justicia y no le falta razón al expresidente Andrés Pastrana al considerar el acuerdo como “la mayor concesión lograda por las FARC” y una amenaza a “la supervivencia de la separación de poderes y el orden constitucional.” Los negociadores han delineado unas normas de autoexculpación con el fin de quedar impunes ante la justicia con una parodia de legalidad.

Este simulacro de justicia, que de llevarse a cabo creará monumentales agravios comparativos entre delincuentes civiles y delincuentes uniformados, tiene el propósito asimismo de servir como cortafuegos frente a la más que probable intervención de tribunales de justicia internacionales. El objetivo es que las sentencias del Tribunal Especial para la Paz sean irrevocables y no puedan ser revisables en ninguna otra instancia superior. Su carácter inapelable se propone impedir la intervención de la Corte Penal Internacional en las violaciones de los Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la actual guerra civil colombiana. Una aspiración muy difícil de conseguir y además peligrosa si logra salir adelante, pues en tal caso la propia Corte Penal Internacional incumpliría el Estatuto de Roma que le da sentido y quedaría desvirtuada y sin crédito alguno para afrontar cualquier otro caso análogo. El subterfugio para eludir a la justicia internacional cuando se han producido violaciones de los Derechos Humanos resultaría aquí consagrado.

Los bellos eufemismos y las trampas verbales con los que se ha elaborado esa fantasmagoría útil que es el proyecto de Justicia transicional son una proyección de la mentalidad autoritaria de las FARC a la que se han plegado los negociadores del legítimo Gobierno colombiano en su afán desesperado de parar la guerra. Ya hace tiempo que Alexandre Koyré en su ensayo La función política de la mentira moderna, señaló cómo la mentalidad totalitaria jamás busca la verdad, sino que se funda en la primacía de las entelequias y los mitos que les resulten útiles a su intención de imponerse. En la misma línea otra pensadora, Hannah Arendt, hacía extensible esta propensión a buena parte de la actividad política cuando aseveró que “la veracidad nunca se ha contado entre las virtudes políticas, y las mentiras se han visto siempre como instrumentos justificados en las transacciones políticas.” Algo que se aprecia de forma ostensible en las construcciones metafóricas que sustentan la Justicia transicional, detrás de la cual hay, en realidad, una “Justicia autoexculpacional”. La Jurisdicción especial posee todas las trazas de una “Jurisdicción política”, del mismo modo que el Tribunal Especial para la Paz debería denominarse más apropiadamente “Tribunal Especial para la Impunidad”.

La retórica falsificadora -transicional, especial, para la paz-, encierra un efecto edulcorante para encubrir la cruda razón de Estado ante los ojos de la opinión pública. La rentabilidad económica de parar la guerra se impone por encima de las exigencias de impartir justicia y hacer que prevalezcan los principios democráticos. El gasto bélico se desviaría a apuntalar una mayor seguridad en la sociedad civil: ya está firmado el acuerdo para que la gendarmería francesa asesore a un cuerpo policial análogo en territorio colombiano. En ese nuevo escenario tanto China como Estados Unidos y la Unión Europea están dispuestos a realizar inversiones de calado en un país seguro. El desbloqueo de las relaciones diplomáticas estadounidenses con Cuba crea un ámbito favorable para estos restos hispanoamericanos de la extinta Guerra Fría. La política internacional del nuevo Papado y la caída libre de la economía de Venezuela -hasta ahora aval indispensable para la guerrilla en el siglo XXI- constituyen intereses internacionales dispuestos a obviar las exigencias de justicia hacia las víctimas, a favor de una rentabilidad material codiciada por todos. En el ámbito interno, el resultado de las últimas elecciones municipales ha laminado el poder territorial de aquellos que se oponían férreamente a estas concesiones a los narcoguerrilleros.

Bajo este escenario las amenazas para la democracia de esta parodia de justicia que se está urdiendo en La Habana, se empiezan a percibir en la petición de procesamiento del expresidente Álvaro Uribe, auténtico artífice del mortal debilitamiento de la guerrilla que hizo a las FARC perder cualquier esperanza de victoria en el campo de batalla. No pocas autoridades han indicado que este procesamiento ha sido una condición de los narcoguerrilleros para firmar en los próximos meses el tratado de paz. Uribe sería procesado por inducción de una delincuencia terrorista, sometido a los tribunales reales y efectivos de justicia, mientras que esos mismos delincuentes negocian unos falsos tribunales que les exoneren de cualquier responsabilidad.

Esto anticipa el poder fáctico antidemocrático que podrán llegar a tener las FARC una vez acabada la guerra. De mentalidad cerradamente antidemocrática, los dirigentes narcoguerrilleros ya han decidido que no “entregarán” las armas, sino que solo las “abandonarán”, con todas las posibilidades que esta acción ofrece para dejar disponible cierto arsenal bélico camuflado en caso de cambiar de opinión. La ascendencia y el terror que las FARC han impuesto en amplios territorios del país no se va a evaporar súbitamente en estas circunstancias, sino que el miedo que infunden en extensos sectores de la población será un arma política ventajosísima incluso actuando como formación política. Un poder fáctico profundamente autoritario asentado en el temor posee la fuerza suficiente para desestabilizar a medio plazo las instituciones colombianas y hacer que el sueño legítimo de una democracia en paz se desmorone como un castillo de naipes. Esta es una responsabilidad que contraen quienes ahora hacen dejación de depurar los crímenes, único modo de conjurar ese previsible peligro. El cercano día en el que se firme el Tratado, es predecible que la propaganda martillee con la idea de que: “Ha llegado la paz”. Cuando detrás de esta afirmación late otro hecho: “Ha llegado la impunidad”. Una impunidad que amenazará la estructura democrática colombiana.