La Ley de Defensa Nacional aprobada ayer por el Congreso prohíbe transferir presos de Guantánamo a territorio norteamericano. Así, Obama seguirá sin poder cumplir una de sus promesas electorales más importantes, el cierre de la base. Fue en enero de 2002 cuando 158 supuestos terroristas fueron trasladados allí esposados de pies y manos, con la cabeza tapada con una bolsa negra y ataviados con el ya tristemente célebre mono naranja, que ahora el IS usa para vestir a sus víctimas antes de ejecutarlas. Desde entonces, Guantánamo no sólo se ha convertido en un limbo jurídico en materia penal, sino en un paradigma de la violación de los derechos humanos.
No es falta de voluntad por parte de Obama, son las dificultades que hay en dos frentes: por un lado, qué hacer con las personas que están allí retenidas; por otro, la oposición republicana a una medida adoptada por el entonces presidente George W. Bush y que se ha acabado revelando como una aberración desde todos los puntos de vista.
No se puede luchar contra el terrorismo islámico utilizando sus mismos métodos. Retener a alguien contra su voluntad, privarle de sus derechos más básicos, impedirle tener contacto con sus seres queridos y someterle a torturas y tratos vejatorios son conductas absolutamente impresentables. Lo hacen Al Qaeda y el IS. Y lo hacen también en Guantánamo, sin que Obama parezca tener margen de maniobra alguno para paliarlo.
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