3.000 millones de euros es lo que va a costar que Turquía asegure sus fronteras para detener el éxodo de refugiados a Europa. El anuncio se hizo ayer en París, en el marco de la conferencia sobre el cambio climático, y supone un tanto para la diplomacia turca, que además logra una importantísima concesión: reactivar las negociaciones para el acceso a la UE.
Esta vieja aspiración de Turquía, sin embargo, tiene a día de hoy pocos visos de prosperar. Muy pocos estados miembros, en especial Grecia y Chipre, verían con buenos ojos su ingreso. Además, sus carencias en materia de derechos humanos y los intentos de Erdogan por islamizar el país -así como su discurso marcadamente antioccidental- tampoco ayudan demasiado.
Si el gobierno turco mantuviera una postura más responsable en materia migratoria Europa no tendría el actual problema con la avalancha de refugiados -no, al menos, en estas proporciones-. Y si combatiera al IS en lugar de convertir su frontera con Siria en un coladero para yihadistas la amenaza terrorista quizá fuera menor; como menor sería si no comprara el petróleo clandestino del IS ni le vendiera armas para que combatieran a los kurdos. En todo caso, que Turquía chantajee ahora a Bruselas con dinero y cupos de inmigrantes es de todo punto inadmisible.
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