Los ministros europeos de Interior evaluarán este viernes si pedir a la Comisión Europea (CE) que dé los pasos necesarios para extender hasta los dos años la reintroducción temporal de controles internos en la zona Schengen, de libre circulación dentro de la UE.
Varios Estados miembros como
Alemania, Austria y Suecia ya han reintroducido controles temporales internos en sus fronteras por la
crisis de refugiados, una opción prevista en el código de fronteras Schengen para
casos excepcionales en los que exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior. En principio, estos controles
no deberían alargarse más de seis meses, es decir, hasta la próxima primavera. Sin embargo, las normas de Schengen también contemplan la posibilidad, como último recurso, de ampliar esos controles
hasta un máximo de dos años cuando se detecten "deficiencias graves persistentes" en la gestión de las fronteras exteriores de un país miembro que pongan en riesgo el funcionamiento del área de libre circulación.
La presidencia luxemburguesa de turno de la UE propondrá este viernes a los Veintiocho que inviten a la CE a explorar esta opción, aunque por ahora no se sabe si este movimiento es una mera
estrategia de presión a Grecia, de la que la UE espera que refuerce los controles en sus fronteras exteriores, o si realmente podría llegar a aplicarse. Esta posibilidad de último recurso fue incluida en el código de fronteras de Schengen en su revisión de 2013, pero
hasta ahora nunca se ha utilizado, y en la práctica supone impedir la libre circulación en el área Schengen, aunque solo sea en una parte y con carácter temporal.
El minsitro Jorge Fernández Díaz ha expresado
la postura de España: reforzar las fronteras exteriores para garantizar Schengen.
Grecia
La Comisión presentará el próximo 15 de diciembre un conjunto de medidas sobre la gestión de los flujos migratorios y la llegada de solicitantes de asilo, en el que podría incluir la cuestión griega, pero por el momento rehúsa confirmar que vaya a ser así, y se limita a decir que aún falta mucho para llegar a ese escenario.
En efecto, antes de dar ese último paso la CE tendría que evaluar el caso griego para determinar si el problema en sus fronteras se debe al incumplimiento de sus obligaciones por parte de las autoridades helenas. Si así fuera, la CE debería sugerir formalmente al país
medidas específicas para resolver la situación, como el despliegue de equipos europeos de guardia fronteriza, una idea a la que ya se ha mostrado favorable Bruselas, pero que Atenas rechaza porque no quiere que personal de otros Estados miembros se inmiscuya en una labor que considera de competencia nacional exclusiva.
Pasados tres meses, si el país ha desoído las recomendaciones comunitarias y las deficiencias persisten, la Comisión podría recomendar al Consejo activar ese último procedimiento para circunstancias excepcionales, recogido en el
artículo 26 de Schengen, que posteriormente tendrían que aprobar los Veintiocho. Las complicaciones para llegar a ese último recurso y la falta de antecedentes alimentan la duda
sobre si todo será un "farol", como apuntan algunas fuentes comunitarias, o si estamos a las puertas de un retroceso histórico en el espacio de libre circulación.
Por el momento, Grecia parece haber entendido que el descontento con su gestión es notable, puesto que este jueves activó e
l mecanismo de protección civil y anunció que una operación de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex) en su frontera terrestre con Macedonia para mejorar el registro de inmigrantes y refugiados, dos medidas que había aconsejado insistentemente Bruselas.
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