Debilidad institucional

Durante los últimos treinta años decenas de equipos de consultores españoles han aterrizado, con sus carteras articuladas con ruedas por el mundo hispanoamericano a predicar y a elaborar informes sobre el denominado “fortalecimiento institucional”, en definitiva, sobre el reforzamiento de la institucionalidad en esa parte del mundo en la que abundan arbitrismos y personalismos, amiguismos y excesos de presidencialismo.

No deja de resultar curioso comprobar que, si nos miramos al ombligo, no tenemos muchas lecciones que ofrecer, al menos desde la práctica de nuestras instituciones. Sin punto de exageración podemos adelantar que ninguna de las previsiones orgánicas del constituyente se han respetado casi cuarenta años después, de forma que se ha producido un vuelco copernicano en la funcionalidad de las instituciones constitucionales, al menos de una parte de ellas.

El Gobierno se ha transformado de director de la política interior y exterior en el amo y señor. Sus brazos se extienden sobre todo lo que mínimamente roza lo público. Su poder es omnímodo y omnicomprensivo y ensombrecedor. Ha pasado de ejecutor a legislador no solamente controlando la iniciativa legislativa sino dominando el procedimiento legislativo parlamentario, pues no se aprueba la introducción de una coma en un proyecto sin su beneplácito. Ahí no se queda pues también es un sobreabundante legislador, usando a su antojo el decreto-ley, convertido en instrumento ordinario en lugar de excepcional, tal y como lo diseñó la Constitución.

El Parlamento, por el contrario, ha perdido cualquier brillo que pudo tener en otra época gloriosa. Es mera caja de resonancia, teatro de enfrentamientos y arrumacos entre grupos políticos, escena deliberativa de segundo grado que ratifica –eso sí tras una más o menos brillante sucesión de oradores- lo que el Gobierno pone en sus manos. La disciplina férrea que se impone en sede parlamentaria hace perfectamente previsible el resultado, salvo errores humanos al apretar el botón correspondiente.

En fin, la disciplina es quizás la expresión más inteligible de la partitocracia. Las listas electorales están reservadas a los obedientes (se desconfía de los que son únicamente leales) de manera que han de poner la mano en el fuego por el líder correspondiente y aseverar su amén a todo lo que dice o piensa (y reírse, por supuesto, con sus gracias). A partir de ahí se entiende perfectamente que los partidos defiendan la parlamentarización del Consejo General del Poder Judicial (sus veinte vocales son elegidos por las Cámaras en contra de la dicción del artículo 122 de la Constitución) o del Tribunal de Cuentas, o el reparto por cuotas del Tribunal Constitucional y de todos aquellos órganos institucionales o Comisiones reguladoras que se han ido creando.

P.S.: Lo aquí escrito puede resultar absolutamente anticuado a la vista del agobiante problema que nos aprisiona: la formación de un Gobierno estable que respete la voluntad popular que está representada en un Parlamento hiperfragmentado. Ardua tarea en la que solamente cabe implorar altura de miras y prevalencia del interés general.