Podemos y los grupos del Congreso

Todavía no se han constituido las Cámaras y Podemos ya manifiesta su intención de vulnerar la legalidad vigente en varios aspectos. Uno de ellos, el referido a la formación de grupos parlamentarios -Podemos quiere tener 4-. Pablo Iglesias quiere con ello pagar el peaje de los votos prestados por otras formaciones en Cataluña, Valencia y Galicia, con coaliciones que les han asegurado 27 de los 69 diputados obtenidos. Es evidente que Pablo Iglesias, en particular, y Podemos, sensu estricto, en general (con la posible excepción del Sr. Monedero) han hecho un esfuerzo titánico y meritorio para disfrazar a un grupo de origen populista, modelo chavista, y raíz leninista en un partido social-demócrata europeo normal. Por ello hay que felicitarles y felicitarse porque, a la larga, el hábito hace al monje. Ahora bien, desgraciadamente, ese viraje político hacia la sensatez sólo se aplica a 42 diputados. Los otros 27, “en mareas”, de diversa condición y territorio, siguen files a postulados extremadamente radicales, son partidarios del principio de autodeterminación –como si alguna de las Comunidades fuera territorio colonizado- y, por ende, partidarios también de romper el principio de soberanía nacional, organizando, pues, España según territorios, con preferencia a una nación de ciudadanos libres e iguales. Son, por tanto, organizaciones revolucionarias y, en consecuencia, no es sorprendente que empiecen por exigir una ruptura de la legalidad. El tema puede parecer una mera cuestión trivial de orden, pero tiene mucha importancia.

Así, el reglamento del Congreso dispone en su artículo 23 que “en ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado Diputados que pertenezcan a un mismo partido”, ni tampoco los que “al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado”. Podemos y sus marcas blancas han concurrido con la misma lista de partido y no se han enfrentado ante el electorado, lo que imposibilitaría por completo su pretensión.

Hay que insistir en la trascendencia de este asunto. Además de tener cuatro turnos de palabra el vez de uno solo, Podemos multiplicaría casi por cuatro la subvención que da el Congreso por grupo constituido. Igualmente, esto dificultaría notablemente la operativa de trabajo del Parlamento, que pasaría a convertirse en una Cámara de representación territorial, en lugar de la representación de los ciudadanos, como ha sido desde 1812 en todas las Constituciones progresistas españolas. No puede haber una deriva más reaccionaria que se nos propone. Ya en los años 80 se introdujo una cláusula en el Reglamento del Congreso prohibiendo que hubiera miembros de un mismo partido político en diferentes grupos, precisamente para evitar la flagrante ilegalidad que ahora Podemos quiere cometer; quién sabe si con la aquiescencia del PSOE.