Algunos movimientos políticos, en plena conciencia de los partidos tradicionales que pasan por las horas más bajas desde que se hicieran con el control de la cosa pública en sustitución del Monarca absoluto, han ideado un plan Renove para asentar su dominio. Se llama “democracia participativa”.
El mensaje publicitario en horas de máxima audiencia es el siguiente: “Tránsito de la democracia representativa a la democracia participativa”. En un diario colombiano, la periodista María Isabel Rueda lo describió así: “que el pueblo tuviera variadas instancias de participación que garantizaran que, en adelante, los ciudadanos no veríamos pasar la democracia como un cortejo, sino que formaríamos parte de él”.
Ahora bien, la interpretación de este concepto participativo es selectivo para la autoridad preguntante. Somete a consulta aquello que quiere y le viene en gana y deja de hacerlo con aquello que no desea compartir.
La democracia inmediata por la que el populismo aboga parte, pues, de una teoría que bien puede tildarse de elitista. Quienes controlan el aparato, quienes se han hecho con el Palacio de Invierno (o de la Cibeles), determinan, amparadas en su superioridad ética, el llamamiento al pueblo cuando infieren el aplauso y el aquietamiento. Pero les asusta someter a deliberación y votación las cuestiones en las que pueden ser arrasados por una opinión pública contraria.
¿Por qué no se pregunta si debe cesar, y renunciar al cargo tal o cual Concejal?
¿Por qué no se hace un referéndum sobre el cambio del callejero?
¿Por qué no se somete a consulta el estilismo de los Reyes Magos?
En fin, en su momento la Constitución (tan insultada y degradada en los tiempos que nos toca vivir) optó por la democracia representativa con “toques puntuales” de expresión directa de la voluntad popular. A quienes abogan por cambios radicales se les debe exigir coherencia, que en los términos aquí planteados, significaría, por ejemplo, admitir que cuando el uno por ciento de los habitantes de un municipio pidan que se celebre una consulta, se haga, y que se acepte sea vinculante. En caso de que esta tesis no prospere propongo que la demagogia sea considerada, al menos, infracción administrativa.