A bordo del avión de regreso a Roma y casi fuera del espacio aéreo mexicano, el papa Francisco conversó con la prensa y soltó una frase que se registró pero que no se profundizó ni se le dio la dimensión de importancia que se requería: en Ciudad Juárez, la cuna de la violencia criminal y puerta de entrada de la droga a los EE.UU. hubo un “pacto de doce horas” entre los grupos criminales para que la presencia del prelado no viviera la violencia.
Tres preguntas quedaron en el aire: ¿quién le informó al papa, qué papel jugó la jerarquía católica en ese acuerdo y cuál fue el contenido de ese pacto? En todo caso, los grupos criminales, en efecto, no tuvieron actividad en las zonas calientes de la violencia criminal: la Ciudad de México, la ciudad de Morelia en Michoacán y Ciudad Juárez en Chihuahua. Y la gran interrogante quedó planteada: ¿podría lograrse un pacto mayor para la paz no sólo durante visitas de personalidades sino como puerta de salida de la crisis de violencia?; es decir, ¿se debe/puede pactar con criminales?
La violencia criminal en México se ha internacionalizado desde que el periodista italiano Roberto Saviano publicó su crónica CeroCeroCero y los reportes de algunos medios de influencia internacional, pero hasta ahora no se ha podido entender la lógica del poder criminal. Aunque el argumento podría aparecer en algunos textos, no se ha planteado con toda su crudeza: al auge del crimen organizado --no sólo del narco-- en México ha sido producto de la crisis del sistema político, del régimen de gobierno y del Estado social y comenzó a ser un problema cuando el sistema/régimen/Estado pasó del modelo autoritario al de derechos humanos; hasta 1982, el sistema/régimen/Estado controlaba a los grupos criminales y administraba su funcionamiento; el Estado neoliberal soltó algunos hilos de poder, entre ellos el del crimen organizado.
El narcotráfico existió en México a todo lo largo del siglo XX y en los años setenta fue impulsado por algunos sectores de los EE.UU. que necesitaban droga para los combatientes en Vietnam. Pero a partir de entonces tomó su propio impulso. Como problema de sistema político se inició en 1976 --hace cuarenta años-- cuando el presidente José López Portillo (1976-1982) nombró a su amigo de la infancia Arturo el Negro Durazo como jefe de la policía capitalina, pese a los datos enviados desde Washington de que ese jefe policiaco estaba involucrado en el tráfico de drogas como comandante de la policía política mexicana --la Federal de Seguridad-- en el aeropuerto internacional. La policía de la capital de la república pasó de proteger delincuentes a asumir funciones criminales por sí misma.
En 1982 se dio el recambio en el liderazgo político mexicano: los políticos profesionales terminaron su ciclo y comenzó el de los administradores y financieros sin conocimiento de los secretos del poder, entre ellos el de la seguridad y la criminalidad y con poca experiencia en esos menesteres. El lado oscuro del poder quedó suelto y a cargo de algunos veteranos políticos surgidos de los sectores de la seguridad política del Estado; pero aún estos personajes trataron de no meterse en el manejo criminal; ahí fue donde mandos medios se encontraron con todo el poder criminal en sus manos, toda vez que el Estado había derrotado a los sectores disidentes radicales: guerrilla, grupos políticos comunistas clandestinos y disidencia empresarial.
En 1984 y 1985 el país conoció la profundidad de la penetración de instituciones del Estado por parte de grupos criminales: a finales de mayo de 1984 fue asesinado el periodista Manuel Buendía, el entonces principal columnista político, cuando se disponía a publicar informaciones de la penetración del narco en niveles políticos y de gobierno. Y en febrero de 1985 fue secuestrado, torturado y asesinado el agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. En ambos casos apareció la entonces policía política del régimen, la Federal de Seguridad. En 1985 el embajador estadounidense en México John Gavin emprendió una denuncia contra la policía que protegía a narcos y el gobierno de Miguel de la Madrid (1983-1988) tuvo que cesar al entonces director de la Federal de Seguridad señalado como responsable de proteger criminales, José Antonio Zorrilla Pérez, lo hizo candidato a diputado local del PRI para mostrar las complicidades del sistema, luego le quitó la nominación y en 1989 fue encarcelado como responsable del asesinato de Buendía.
Desde 1984-1985 el crimen organizado se presentó como enfermedad del sistema/régimen/Estado pero durante más de treinta años el problema fue creciendo como cáncer del cuerpo social y político nacional sin que los gobernantes hicieran algo; peor aún, los grupos criminales comenzaron sobornando a autoridades, luego haciéndolas cómplices estructurales de sus actividades criminales y llegaron al punto de que algunos cárteles del crimen organizado sustituyeron al Estado en zonas de la república. Es decir, pasaron de criminales a estructuras de Estado. Así, el problema menor es el de autoridades compradas; el problema mayor es la forma en que los cárteles operan como Estado en zonas donde el Estado ha sido expulsado: los cárteles ponen candidatos, controlan gasto público, manejan a las policías, cobran impuestos y corrompen a todo el cuero social.
En este contexto hay que insertar la información del papa Francisco de un pacto de paz momentáneo en México para no ensuciar su visita, aunque los feligreses esperaban una condena papal contra los cárteles del crimen organizado que han asesinado a decenas de miles de personas y que han subyugado a comunidades enteras. En este punto la visita del papa Francisco fue un fracaso.
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