Corrupción y financiación política

La situación de impasse político que ha seguido a las elecciones generales ha coincidido con la emergencia de numerosos casos de corrupción asociados a la financiación del partido político que ocupaba el poder. Lo cierto es que muchos de esos casos hunden su historia mucho más atrás que el último período de gobierno. Y lo es también que hay otros partidos afectados por la corrupción, así como el hecho de que los casos más graves en cuantía no están asociados al Partido Popular. Se lleva la palma el caso Malaya (2.800 millones de euros), seguido por otros dos grandes casos asociados al PSOE de Andalucía: EDU y EREs.

Pero lo característico de los casos que ahora entretienen los medios de comunicación es que están asociados no sólo con el puro enriquecimiento personal, sino con la financiación del partido. A este respecto, resulta oportuna la publicación de un reciente informe de la OCDE. Resulta obvio que la urgencia de las empresas por pagar grandes cantidades de dinero a las formaciones políticas no es desinteresada. No tiene porqué estar encaminada a la consecución de beneficios concretos; puede estar motivada por el deseo de no tener una mala relación con la Administración, más el interés general de mantener el funcionamiento del sistema democrático. Pero también es incontestable, como señala la OCDE, que “cuando la política está influida por los donantes ricos, se retuercen las normas en favor de los pocos contra los intereses de la mayoría”. La institución señala que, en consecuencia, la lucha por alcanzar un sistema suficiente y transparente de financiación de los partidos políticos es parte de la lucha contra la desigualdad económica y en defensa de la democracia.

Este juicio, que es acertado, tiene ciertos corolarios que son del máximo interés, no todos los cuales han sido recogidos por el informe de la institución. El primero de ellos se refiere al cuando se “retuercen las normas”. Aunque se le ha prestado mucha atención al problema de cómo deben diseñarse para evitar los casos de corrupción, lo cierto es que todas las formas de intervención económica consisten, en última instancia, en impedir la creación de riqueza o en la transmisión de renta o riqueza de una parte de la sociedad a otra parte, y al Estado. Y en ese proceso siempre hay espacio para el arbitrio de los responsables políticos y, en consecuencia, para la corrupción. Por otro lado, es verdad que el proceso redistribuye la renta y la riqueza de los muchos y poco organizados a los pocos, y muy organizados. Lo cual quiere decir que el intervencionismo conduce a la corrupción y ahonda la desigualdad económica.

No está claro que quienes más preocupados están por ella saquen todas las consecuencias que se extraen de ese proceso. Lo que sí está claro es que los partidos políticos forman un eje central del mismo, y que como tales son el centro de numerosos casos de corrupción. Y que aunque se deben buscar fórmulas más transparentes para su financiación, también es necesario tener en cuenta cuál es la causa última de la corrupción, que no es otra que el margen de arbitrio del sistema político sobre el económico.