ANÁLISIS: La "tarifa mínima", escollo de la negociación

Los agricultores se quejan permanentemente de que el precio de sus productos se multiplica cuando llega al consumidor y acusan a los “intermediarios” de obtener unos beneficios fabulosos a su costa. Esos “intermediarios” son los que hacen posible que sus productos lleguen a su fin, que es el consumidor último, por lo que hacen posible el negocio de los productores.

Por lo que se refiere a estos “intermediarios”, sus beneficios no tienen nada de extraordinario, e incluso pueden mermar o desaparecer en función de las circunstancias. Es lo que ocurre actualmente, cuando los precios de los carburantes están presionando sobre los beneficios de los transportistas hasta casi hacerlos desaparecer. A muchos no les compensa el trabajo y han convertido ese paro forzoso en un instrumento de reivindicación, forzando, a su vez, el paro de otros compañeros y de miles de ciudadanos que quieren desplazarse por las carreteras.

Las exigencias de las asociaciones de transportistas pasan, entre otras medidas, por la imposición desde el Gobierno de unas tarifas mínimas, que cubrirían los “costes fijos”. El Ejecutivo nominalmente no cede en ese punto, y cuenta con un argumento de peso: La Unión Europea lo prohíbe. Esta negativa lleva a dos asociaciones minoritarias a mantener la huelga, pero sí ha admitido, entre sus 51 propuestas aceptadas por las patronales mayoritarias, que se produzca un “blindaje” frente al precio del combustible. El Gobierno incluirá la cláusula de actualización del precio del contrato en función del precio del gasóleo. De este modo, violenta la libertad de contrato e introduce un elemento de incertidumbre en quienes contratan a los transportistas, porque la presión de éstos puede hacer subir la tarifa sin que el que adquiere sus servicios no pueda hacer más que pagar.

Esa tarifa mínima evitaría a los transportistas el riesgo de que su actividad resultara en pérdidas; un “blindaje” que es todo un privilegio que no está al alcance de los demás sectores. Sus efectos pueden ser muy perjudiciales para los consumidores. Por un lado pueden considerar “costes fijos” cualquiera de ellos, siempre que el Gobierno los acepte como tales. Por otro, si la tarifa asegura que éstos están cubiertos, ya no hay competencia entre las empresas para sacarle ventaja a las demás gracias, precisamente, a la reducción de esos costes. Los productos se encarecerán más de camino al mercado, los precios subirán y los consumidores saldrán perjudicados.

Los transportistas están aprovechando la situación creada por los precios del carburante para “colar” otras reivindicaciones que van precisamente en este sentido de eliminar la competencia. Por ejemplo, el Ejecutivo se compromete a elaborar un plan específico de investigación de las posibles prácticas de competencia desleal en la contratación de servicios de transporte por parte de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), “con atención especial” a las prácticas de “dumping” (trabajar por debajo coste).

Pero “competencia desleal” es el nombre que se pone a la competencia que ofrece o mejores servicios o tarifas más baratas. Y la incidencia del “dumping” es polémica, pues ninguna empresa puede vender permanentemente a pérdidas, que esto quiere decir “por debajo del coste”. Además, esas pérdidas podrían ser puntuales o pueden deberse a una mala organización, más que a un intento deliberado de ganar cuota. Pero, en cualquier caso, tanto la “competencia desleal” como el “dumping” le ponen en manos del Gobierno los instrumentos necesarios para paralizar la actuación de cualquier competidor que sea más efectivo que los transportistas que están en el mercado.