Societat Civil Catalana ha presentado este miércoles en el Consejo General de Economistas de España el Índice SCC de Riesgo Catalán, desde febrero hasta abril, que permite analizar la evolución del riesgo político, económico y social generado por el reto independentista.
De la dinámica analizada por este índice se desprende que si se formase un gobierno de España capaz de restablecer la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en Cataluña, amainaría la "confrontación separatista", de modo que el índice SCC de Riesgo Catalán descendería sensiblemente. Según el responsable de Economía y Empresa de Societat Civil Catalana y vocal de la Junta Directiva de la entidad, Ferran Brunet, y el economista y profesor, Javier Santacruz , esto se lograría con un Gobierno de gran coalición (PP, PSOE y Ciudadanos) y se aumentaría con un Ejecutivo en el que estuviera Podemos.
Brunet ha aprovechado este acto para denunciar un incidente sufrido este lunes en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde un grupo de separatistas irrumpieron en un acto organizado por la SCC para boicotearlo. Así, ha mostrado su temor a que “el procés” derive en acciones violentas y ha querido recalcar el papel de la SCC, que “está para dar voz a los catalanes 'normales' hastiados de que les fastidien el país” en el marco de una Cataluña que ha sufrido la degradación política, social y económica por culpa de los independentistas.
Tanto Brunet como Santacruz han explicado que este índice es el fruto de un amplio estudio estadístico que sirve para medir los efectos y la evolución económica de una posible independencia catalana. Para elaborarlo se toman dos tipos de indicadores. Por un lado, se utiliza un indicador “próximo”, mediante el cual se analizan los impactos que la vía soberanista tiene para la opinión pública a través del análisis de más de 40 medios de comunicación. Por otro, se toman 10 indicadores sobre la coyuntura económica, como la creación de empresas en Cataluña, índices sintéticos de actividad elaborados por el INE, consumidores y empresarios, etc.
Así, desde mayo de 2004 hasta abril del presente año, se puede observar cómo en los momentos de máxima expresión del desafío separatista, como la reforma del Estatuto de Cataluña, las elecciones catalanas de 2012 y de 2015 o el “referéndum” celebrado el 9 de noviembre de 2014, se alcanzan los niveles más altos de riesgo y de inestabilidad económica, política y social.
El profesor Javier Santacruz ha apuntado que el nivel máximo de riesgo se produjo en 2012, en plena crisis económica, con el rescate de Caixa Catalunya y con el separatismo catalán en auge. Posteriormente, con la absorción por parte de la Hacienda Pública del 90% de la deuda catalana se llegó a un mínimo de riesgo relativo. Sin embargo, a partir del Referéndum de 2014, el riesgo muestra una tendencia al alza, que es la que se mantiene hasta este momento.
Las principales causas de esta tendencia alcista han sido la rebaja de calificación de la deuda catalana, degradada como “bono basura” y su exclusión por parte del Banco Central Europeo del programa de compras de deuda pública y privada, lo que supone un importante crecimiento de la desconfianza hacia la deuda catalana y hacia las empresas con sede social en Cataluña. Todo ello, unido a inestabilidad de política española, hace que las previsiones de riesgo no sean nada optimistas, llegando el índice SCC a su segundo máximo histórico.
Actualmente lo que genera estos niveles tan altos del índice es principalmente la inestabilidad por la no formación de Gobierno en España y la bancarrota de la Generalidad de Cataluña. En este último año, el Índice SCC de Riesgo Catalán creció un 49% reflejando el aumento de las tensiones políticas, el riesgo de ingobernabilidad de España y la inestabilidad que generan los separatistas.
Por último, Brunet, se ha referido a la reunión que van a mantener en la tarde de este miércoles el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy, afirmando que ve esta reunión como algo positivo pero incidiendo en que Rajoy no debe entrar a negociar sobre un nuevo sistema de financiación autonómica porque “no corresponde a un Presidente en funciones plantear esto, sino que debe ceñirse al cumplimiento de la ley”.
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