Puigdemont exige un referéndum y Rajoy le contesta que hará cumplir la ley

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado este miércoles ante el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, su defensa de la unidad de España y le ha advertido de que "sin ley, no hay democracia".

"Valoro positivamente que Puigdemont haya solicitado este encuentro, al que yo siempre he estado dispuesto. Estoy dispuesto al diálogo. Juntos ganamos todos", avanzó el presidente en funciones, que, de inmediato, resaltó que"Cataluña es España. Defendermos esta posición que es la unidad de España". "Hemos hecho grandes cosas juntos y estamos en condiciones de seguir haciendo las cosas bien si tenemos gobiernos seguros y estables", argumentó el mandatario antes de recalcar que no está dispuesto a aceptar un referéndum que no cuente con todos los españoles para decidir el futuro. "Es mi obligación", precisó

Rajoy, en su comparecencia en el Palacio de la Moncloa tras la reunión de dos horas y cuarto con Puigdemont, ha subrayado que ha trasladado a Puigdemont que va a seguir defendiendo la soberanía nacional frente a las aspiraciones independentistas.

Puigdemont, por su parte, ha admitido este miércoles que el jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, le ha dicho que no hay ningún tipo de margen para el acuerdo sobre una consulta soberanista.

Puigdemont ha comparecido en rueda de prensa en la sede del centro cultural Blanquerna en Madrid, sede oficiosa de la Generalidad catalana. Según ha asegurado, el encuentro se ha desarrollado en un ambiente "cordial y amable", pero que ha evidenciado unas "profundas discrepancias", sobre todo ante las reivindicaciones soberanistas de la Generalidad catalana, donde "no hay ninguna posibilidad de atisbo de acuerdo".

Ha confesado el presidente catalán que no se ha sorprendido de la posición de Rajoy ante lo que Puigdemont ha considerado como "el elemento fundacional" del proyecto político que lidera para convertir a Cataluña en un estado independiente.

No obstante, según su versión, durante la reunión ha dejado la puerta abierta a que "si en ese camino hacia la independencia" el Gobierno español considera "posible" hablar y negociar la celebración de una consulta, ambas partes se sienten.

Sin embargo, ante semejante opción, y tras "escuchar amablemente", Rajoy ha confirmado que está en las "antípodas" de cualquier formulación hacia la independencia, ha precisado el president.

En este escenario, ha subrayado que no ha obtenido ninguna oferta de Rajoy a sus planteamientos, si bien se ha mostrado satisfecho sólo por el mero hecho de que le haya escuchado personalmente, teniendo en cuenta que es el único presidente catalán que ha sido investido en el Parlament con una mayoría absoluta independentista.

"Y que sepa de mi compromiso de cumplir el mandato de las urnas y del Parlamento catalán" de avanzar en la construcción de unas estructuras de estado y de un marco legal que les permita tener un estado independiente.

Rajoy le ha respondido que no es posible esa hoja de ruta y que tampoco es factible un referéndum, una vía que, según Puigdemont, el Govern catalán estaría dispuesto a negociar para que los catalanes puedan expresar libremente su opinión.

No es optimista ni siquiera aunque haya nuevas elecciones y otro presidente del Gobierno, porque otros líderes políticos, como Pedro Sánchez (PSOE) o Albert Rivera (Ciudadanos), con quienes se ha reunido semanas atrás, tampoco son partidarios de la consulta. "Hay que ser un poco iluso" para pensar que unos nuevos comicios van a cambiar las cosas, ha dicho.

"Nosotros tenemos interés en que haya un contacto estable", ha dicho, antes de insistir en que espera que de ese encuentro entre Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras salga un calendario de trabajo que a corto plazo lleve a acuerdos y decisiones para resolver "los incumplimientos, las deudas pendientes y la asfixia financiera de la Generalidad".

Puigdemont pide a Rajoy celebrar el referéndum sobre la independencia

El presidente de la Generalidad catalana Carles Puigdemont, ha entregado al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, un documento con una serie de reclamaciones, entre ellas que se deje a Cataluña celebrar una consulta sobre la independencia y que el objetivo de déficit para este año sea del 1,07 por ciento.

Según fuentes de la Generalidad, Puigdemont ha hecho entrega de este documento a Rajoy en la reunión que ambos han mantenido esta tarde en el Palacio de la Moncloa por espacio de unas dos horas.

El documento contiene 46 puntos, entre ellos 28 que la Generalidad catalana considera "incumplimientos del Estado con Cataluña, invasión de competencias e interferencias en la acción del gobierno".

Se queja, por ejemplo, del recurso del Gobierno a la conselleria de Asuntos Exteriores de Raül Romeva y de la "judicialización" de la política, al considerar que la delegación del Gobierno en Cataluña "ha practicado la persecución de múltiples actuaciones contra los consistorios y municipios catalanes".

En materia económica, además del déficit, se pide un mayor margen para la consolidación fiscal y más recursos financieros, así como la revisión del sistema de financiación autonómico y el establecimiento de un interés al 0 por ciento para el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Se cifra en 842 millones de euros el dinero que, según este documento, ha dejado de recaudar anualmente la Generalidad catalana debido a los recursos presentados por el Gobierno a normas autonómicas, como el impuesto a los depósitos bancarios o el impuesto nuclear.

Respecto a los incumplimientos, se cita por ejemplo el caso del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales, como se pide desde hace años por parte de las fuerzas nacionalistas catalanas, y el respeto al modelo de enseñanza en catalán y de normalización lingüística previsto en el Estatut.

También señala que el porcentaje de inversión territorializada en los Presupuestos Generales del Estado está "muy lejos" del peso que tiene Cataluña en el PIB estatal, lo que tiene un impacto directo sobre los servicios esenciales que se prestan a los catalanes.



Así, menciona la disposición adicional tercera del Estatut para equiparar la inversión en Cataluña en infraestructuras al peso del PIB y calcula que el cómputo global que debería haberse recibido en estos años alcanza los 3.811 millones.

El Corredor Mediterráneo, la red de Cercanías, el modelo de gestión de puertos y aeropuertos, el plan hidrológico del Ebro, la ley de garantía de unidad de mercado o los papeles de Salamanca son otros de los "agravios" a los que se refiere la Generalidad.

Uno de los epígrafes en los que la Generalidad enumera más reclamaciones es el referido a los "derechos sociales de Cataluña", que integran 11 peticiones. Entre ellas, la pobreza energética, ámbito sobre el que el Parlament aprobó una Ley para "la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo". Además, como consta en el texto, creaba el Fondo de atención solidaria de suministros básicos. La norma ha sido cautelarmente suspendida por el Tribunal Constitucional, denuncia la Generalidad.

El documento del Gobierno catalán hace alusión a la llegada de refugiados. Recuerda el texto que Cataluña podría recibir a 4.500 personas, pero denuncia acto seguido que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha transmitido ninguna información al respecto, a pesar de que la comunidad tiene competencias exclusivas en esta materia.

Asimismo, protesta también porque el Gobierno español haya anulado el Fondo estatal de acogida, que hubiera reportado a Cataluña 43,5 millones de euros. También reprueba la reducción de la financiación en políticas sociales, que cifra en un 91,7 por ciento desde 2010, así como la financiación "insuficiente" que concede la administración central para el sistema de dependencia, hasta dejar su aportación en algo más de un 18 por ciento.

Otra queja se centra en el "déficit estructural de financiación del sistema público de salud", cuyo gasto ha debido reducir la Generalidad, señala en el texto, para acoplarse a los techos de déficit. Esa reducción la precisa en un 14 por ciento.

El Gobierno catalán defiende, además, la cobertura de su modelo sanitario por cuanto alcanza a colectivos que el Ejecutivo en funciones de Rajoy ha excluidos como los inmigrantes irregulares. En Cataluña, más de 137.000 personas son atendidas gracias a dichas medidas, concreta el documento.

El recorte en políticas activas de empleo del 56 por ciento en 2012 o la disminución de las ayudas a asociaciones de personas con discapacidad conforman otras denuncias de la Generalidad.