El Rey ha convocado por tercera y última vez a los partidos en una ronda de contactos que deberá resultar en una nueva presentación de candidatos a la presidencia del gobierno, o en la celebración de nuevas elecciones. El juego de vetos mutuos de los partidos, en el que unos son más culpables que otros pero ninguno es del todo inocente, aboca a la celebración de unos nuevos comicios. Según el cómputo de los plazos, esto llevaría a la convocatoria a las urnas a finales de julio y a la formación de un nuevo gobierno en septiembre. Pero este sería sólo el mejor de los casos porque, pulsada la opinión pública española, no es en absoluto ni descartable ni improbable que se produzca un impasse político como el actual. Y si descartamos frontalmente unas nuevas elecciones a final de año es sólo porque no podemos asumir la, por otra parte, probada capacidad de los partidos políticos de actuar contra el sentido común y contra los intereses generales de los españoles.
Esta situación conlleva la ralentización de la actuación del gobierno, pues actúa no tiene el respaldo del nuevo Parlamento, por lo que carece tanto de la legitimidad como de la capacidad institucional de sacar adelante lo que, de otro modo, serían sus propuestas políticas. Los analistas apuntan a esta inacción gubernamental como un hecho muy desafortunado, y señalan que tiene un coste para el conjunto de la economía nacional. Las valoraciones de ese coste sólo pueden ser una descripción de una sombra de lo que se considere que hubiera ganado el país con un nuevo gobierno; su validez depende de la apreciación subjetiva de cada cual. El motivo es que tal apreciación depende de varias circunstancias, algunas de las cuales son posibilidades que no se han dado.
Pues, como es patente para quien haya seguido las conversaciones entre los distintos partidos, había coaliciones posibles de cariz muy distinto; incluso contrapuesto. Y, si bien es cierto que, al menos sobre el papel, cabía la posibilidad de que se pusiera en marcha un gobierno reformista con la participación de los dos grandes partidos más Ciudadanos, también lo es que cabía la opción de una alianza entre los socialistas y la izquierda más radical, con la interesada anuencia de los secesionistas catalanes y vascos. Y cada coalición conduciría a una política económica contrapuesta. Y lo que por un lado perdemos por la falta de un gobierno reformista, por otro ganamos haber evitado la formación de un gobierno que se movería en la frontera del europeísmo, del mantenimiento de las instituciones, y de la misma continuidad histórica de España.
Por otro lado, de este debate se ha sustraído un elemento fundamental. Si bien es cierto que la falta de reformas y de ajustes supone un coste para nuestra economía, también lo es que el gobierno del Partido Popular llevaba a la convocatoria de elecciones dos años sin acometer nuevas acciones decisivas. Y que, por tanto, la paralización de las reforma y ajustes es muy anterior, y que el gobierno de Mariano Rajoy tiene una responsabilidad muy clara en ese acomodo a la situación y en esa confianza en la mera maduración del ciclo económico. Este cálculo le ha acabado estallando en la frente en forma de un déficit desaforado, del cinco por ciento del Producto Interior Bruro. Habrá nuevas elecciones, supondrán un sobre coste directo de al menos 150 millones de euros, pero el mayor de todos ellos es el abandono de las reformas. Aunque ese se produjo hace ya mucho tiempo.
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